SuperSubsidio está sin cabeza: sindicato denuncia que exsuperintendente Luis Guillermo Pérez, destituido por la Procuraduría, sigue manejando los hilos

La Superintendencia del Subsidio Familiar, entidad que se encarga de la vigilancia, inspección y control de las cajas de compensación familiar, así como de entidades pagadoras de subsidios, es una de las instituciones más poderosas del Gobierno Petro.

Una carta enviada a la Procuraduría la pone nuevamente en el centro de la polémica, debido a la falta de un superintendente en firme y presuntas irregularidades que pondrían en riesgo el ejercicio de funciones.

Si bien puede parecer discreta, tal como las demás superintendencias, Supersubsidio tiene la capacidad de intervenir y administrar forzosamente a sus vigiladas. En el momento, esta administración tiene diez cajas de compensación familiar intervenidas. Estas medidas han sido cuestionadas por entes de control y autoridades debido a las prórrogas y falta de garantías para estas organizaciones.

Luis Guillermo Pérez Casas fue nombrado superintendente por el presidente Petro en septiembre de 2022. Un poco más de un año después, la Procuraduría General de la Nación lo suspendió provisionalmente por modificaciones a la lista de elegibles para los cargos de director y agente interventor de las cajas de compensación.

Esta suspensión fue prorrogada en mayo de 2024. Pérez Casas fue finalmente destituido e inhabilitado por 12 años, habiendo además exigido recursos a cajas de compensación para dirigirlos al municipio de Buenaventura.

SEMANA conoció una denuncia, radicada ante el Ministerio Público, en la que un grupo de trabajadores manifiesta la deficiente gestión en medio de la interinidad del cargo de superintendente y sospechas frente a un funcionario que, al parecer, habría aumentado su patrimonio siendo agente interventor.

El Sindicato de Trabajadores de la Superintendencia del Subsidio Familiar (Sintrasubfa), presidido por Gerardo Echeverry Neira, elaboró un documento en el que solicitan “investigación y toma de medidas” frente a lo que ocurre en las instalaciones.

En el documento, con fecha del 21 de agosto, piden revisar las veces que Angie Katherine Monroy Bobadilla, asesora y amiga personal de Pérez, ha sido nombrada superintendente encargada en medio de las suspensiones de la Procuraduría.

En el documento explica que Monroy fue nombrada superintendente encargada por primera vez el 14 de noviembre de 2023, por un periodo de tres meses. Luego fue prorrogado en febrero de 2024, para luego volver a ser nombrada el 16 de mayo.

Este terminó el pasado mes de julio, lo que provocó que el país no tuviera superintendente del Subsidio Familiar por un mes. SEMANA conoció que el pasado 26 de agosto se prorrogó por cuarta vez el encargo de Monroy.

De acuerdo con la Ley 775 de 2005, estos encargos solo son por tres meses, prorrogables por otros tres. De otra forma, el nombramiento es irregular.“Ante esta situación, los trabajadores de la superintendencia, representados por nuestro sindicato, hemos manifestado nuestra preocupación debido a la falta de un líder claro en una posición tan estratégica. Esta ausencia está afectando de manera significativa la operatividad y eficiencia de la entidad, lo que podría poner en riesgo el cumplimiento de la misión institucional que nos ha sido encomendada”, indica la carta a la Procuraduría.

Además, denuncian un “incremento significativo en el patrimonio” de Osvaldo Enrique Álvarez Martínez, superintendente delegado para la Gestión.“Esta situación ha generado una preocupación entre los trabajadores de la entidad, así como en la sociedad en general, debido a las implicaciones éticas y legales que podrían derivarse de un incremento patrimonial no justificado”, explica el documento.

SEMANA conversó con Echeverry, quien asegura que, bajo sus funcionarios de confianza, el exsuperintendente sigue controlando el funcionamiento de la entidad. Incluso, esto lo hace a través de una oficina en la que recibiría a los directivos de la superintendencia.

“El cambio de mando no se ha sentido. Esto ha sido evidente, no solo para el sindicato, sino para todos los trabajadores. La entidad sigue siendo la misma. Deja a su mano derecha como superintendente encargada. Se comenta que tiene una oficina en la que recibe a los directivos para darles órdenes”, denunció el sindicalista.

Y agregó: “Angie Katherine es Luis Guillermo Pérez en cuerpo ajeno. No se puede negar que, en ausencia del superintendente, ella hace lo que él dice”.

Además, fuentes enteradas le suministraron a SEMANA una denuncia en la que también se menciona a los funcionarios Monroy y Álvarez, firmado por “directores de cajas unidos”, en la que aseguran que existe “manipulación y extorsión” a las vigiladas por la Superintendencia.

También se mencionan chats, en poder de las autoridades, en los que Álvarez habla de montos de dinero y acciones en contra de las cajas de compensación.

Pérez Casas respondió en SEMANA a las denuncias sobre su supuesta injerencia en la Superintendencia luego de su retiro del cargo, y negó las afirmaciones del sindicato.

“En marzo de 2024, la Procuraduría me abrió otra investigación sobre la base de esos rumores de que seguía yendo y manejaba las redes sociales de la Superintendencia. Es absolutamente falso”, manifestó.

Por otro lado, Monroy asegura que sus nombramientos no son irregulares por la suspensión y posterior retiro del cargo del superintendente. Además, defendió su gestión como encargada.“Mi informe de rendición de cuentas da cuenta de la labor que se hizo desde la Superintendencia. Vamos acorde con el cronograma”, respondió.

Sin embargo, en conversación con este medio, aceptó su amistad con Pérez y confesó que no se han dejado de ver desde que este dejó el cargo.

“No ha venido ejerciendo el cargo. Soy perfectamente consciente de la responsabilidad sobre mis hombros. De ninguna forma dejaría que otra persona ejerza el cargo. (...) Lo conozco hace alrededor de ocho años. No solo fue mi jefe, es mi amigo. Me lo he encontrado en espacios en común, compartimos amigos. Nos hemos encontrado en eventos sociales”, admitió.

Osvaldo Álvarez, denunciado por un supuesto incremento en su patrimonio, anunció una denuncia penal por injuria y calumnia contra el sindicato. Además, negó haber solicitado recursos a cajas de compensación.“Mis declaraciones de bienes y rentas están publicadas en los portales de Transparencia de la Presidencia de la República. Hice una denuncia penal contra el presidente del sindicato. Solo he sido agente de Comfenalco Antioquia. He desempeñado un papel para que la caja tenga mejor gestión social que hace nueve meses”, dijo.

Van nueve meses de una Superintendencia del Subsidio Familiar acéfala, plagada de rumores de posibles irregularidades y prorrogando intervenciones a cajas de compensación sin expectativa de la mejora de las mismas. La entidad del Gobierno del presidente Gustavo Petro está a la deriva, mientras la Procuraduría General de la Nación le pone la lupa.