Política
‘Tarimazo’ de Gustavo Petro en Medellín le pasa factura: abren investigación al presidente en la Comisión de Acusación
El episodio conocido como “tarimazo” se remonta al 21 de junio.
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Danna Valeria Figueroa Rueda
Comunicadora social y periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana, seccional Bucaramanga. Con experiencia en temas de país, particularmente política, judicial, orden público y justicia.
La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes abrió una investigación contra el presidente Gustavo Petro por su participación en el acto público de Paz Urbana, celebrado el 21 de junio en la plazoleta de La Alpujarra, en Medellín. La decisión responde a la denuncia presentada por el concejal Alejandro De Bedout, radicada el 24 de junio de este año, y fue formalizada en un auto del trámite incluido en el expediente No. 6992.
El documento que impulsa la investigación enumera presuntas irregularidades vinculadas al evento: participación indebida en política, uso de recursos públicos con fines proselitistas, convocatoria irregular a una asamblea constituyente por fuera del marco constitucional, hostigamiento a autoridades territoriales y la participación en la tarima de personas privadas de la libertad, algunas de ellas con procesos por delitos graves. Esos son los hechos que llevaron a la Comisión a decretar la práctica de diligencias y pruebas.
El episodio conocido como ‘tarimazo’ se remonta al 21 de junio, cuando en la tarima del evento —en el que participaron el presidente y altos funcionarios— estuvieron nueve voceros señalados como cabecillas de bandas criminales del Valle de Aburrá. La presencia de esas personas generó rechazo público, cuestionamientos de organismos de control y una cascada de demandas en distintas instancias judiciales y disciplinarias.
El traslado de los privados de la libertad desde la cárcel La Paz, en Itagüi, hasta La Alpujarra habría sido autorizado por el Inpec mediante una resolución que vinculó solicitudes de la coordinadora del proceso de paz urbana y de la Presidencia.
La entidad explicó que el movimiento se realizó bajo un esquema de seguridad reforzado y que, por instrucción de la Presidencia, se autorizó el acceso de esas personas a la tarima durante el evento. La denuncia presentada por De Bedout también mencionaba la posibilidad de que existieran negociaciones con promesas de beneficios judiciales.
La Comisión de Acusación designó representantes investigadores y estableció el listado inicial de diligencias. En el proceso se ordenó compulsar copias a otras autoridades cuando correspondiera, en particular para indagar la posible responsabilidad de la senadora que coordinó los diálogos y de oficiales del Inpec que autorizaron traslados.
La apertura de la investigación previa implica que la Comisión valora de forma inicial si los hechos denunciados configuran una conducta susceptible de responsabilidad penal o disciplinaria y si hay mérito para avanzar a una etapa formal de investigación. En esta fase se recaban pruebas, se toman declaraciones y, eventualmente, se puede compulsar evidencia a la Fiscalía o a la Corte Suprema.
