Tras la pista de la ‘primera línea’: unos fueron condenados, otros premiados por el Gobierno Petro, y hay delitos en la impunidad

Personas que participaron violentamente en las protestas contra el entonces presidente Iván Duque en 2021 pensaron que pasando por encima de los derechos de los demás podrían beneficiarse. Y no fue así. Aunque algunos obtuvieron altos cargos en el Gobierno, otros resultaron condenados tras ser hallados responsables de cometer delitos.

En diciembre de 2022, 171 personas fueron imputadas por esos hechos debido a delitos como concierto para delinquir, tortura, tenencia, fabricación y tráfico de sustancias u objetos peligrosos, violencia contra servidor público, lesiones personales y perturbación en transporte colectivo u oficial. Más de 50 personas ya han sido condenadas y la Fiscalía sigue adelantando investigaciones en más de 500 casos.

De los condenados, dos fueron sentenciados a 19 años de prisión por el Tribunal Superior de Bogotá. Se trata de Wilson Reinel Moreno y Justo Ernesto Villarraga, sancionados por terrorismo, violencia contra servidor público, daño en bien ajeno y perturbación del transporte público.

A ambos los relacionaron con las disidencias de las Farc, concretamente el bloque Segundo Manuel Marulanda Vélez, del Estado Mayor Central.

El mismo presidente Gustavo Petro reconoció la cercanía de Villarraga con el petrismo: “Justo Ernesto Villarraga es militante de Colombia Humana, tiene 73 años y cáncer, hace parte de la iniciativa consulta en defensa del metro subterráneo. Fue detenido por la Fiscalía en la escalada de allanamientos contra Colombia Humana”.

Sin embargo, la Justicia descubrió algo distinto. En el expediente rezan fotografías de escritos de Villarraga para construir bombas molotov, usadas para atacar a la policía. En esas protestas, un grupo de vándalos intentaron quemar vivos a por lo menos diez uniformados en un CAI, al tiempo que a Cristian Calderón, del Esmad, le lanzaron una bomba molotov en el rostro.

Sergio Andrés Pastor González, alias 19, también fue condenado a 14 años de prisión. Érika Lorena Flórez y Greissy Alexandra Perilla, a su vez, fueron halladas responsables. Otros han sido premiados por el Gobierno Petro. Uno de los casos más visibles es el de Gareth Sella, quien presuntamente había pertenecido a esos grupos y hoy es viceministro de Juventud del Ministerio de la Igualdad, de la vicepresidenta Francia Márquez.

Sella lidera el programa Jóvenes en Paz, bastante criticado en su momento, pues el presidente Petro dijo que era para que los beneficiarios recibieran un subsidio para “no matar”. Entre los elegidos hay varios que habrían integrado esas primeras líneas.

Hasta ahora, el Gobierno ha entregado subsidios por 3.015 millones de pesos a 1.723 jóvenes en ese programa, en 3.442 transferencias que se han realizado. Aunque la meta era designar recursos para 6.000 personas, el resultado ha sido mucho menor.

Carolina Arbeláez, representante a la Cámara de Cambio Radical, encontró 425 casos de personas que tendrían hasta 125 años. La fecha de nacimiento registrada es 1899, como sucede con uno de los beneficiados. El Gobierno dijo que sería para jóvenes entre los 14 y 28 años.

Petro ha defendido a los miembros de la primera línea. En una ocasión sugirió que si fueran personas del Liceo Francés o del Gimnasio Moderno hubieran tenido un trato diferente. En otro momento comparó a la selección Colombia de fútbol con ese grupo de jóvenes vinculados con el vandalismo.

Reconoció haber respaldado a esos grupos, a pesar de que en campaña lo negó. “Yo soy de la primera línea del cambio de Colombia e invito al pueblo de Colombia a ponerse en la primera línea porque toca moverse. La primera línea del cambio es la paz. La primera línea del cambio es la democracia. La primera línea del cambio es el negro y la negra, el indígena, la juventud. La primera línea del cambio sí es el pueblo, Colombia cambia”, aseguró. Y en la última semana volvió a lanzar otra frase: “Esos jóvenes son Bolívar, de nuevo resucitado en sus almas”.

Sin embargo, luego de tres años de haberse presentado las protestas, se devela que detrás hubo estructuras armadas y que existía un plan para desestabilizar al Gobierno de ese entonces. Aunque algunos ya han pagado por sus crímenes, otros siguen impunes.