Política
Tribunal le dio la razón a la Gobernación de Caquetá en disputa por intervención al Hospital María Inmaculada
La puja jurídica entre la administración departamental y la Superintendencia Nacional de Salud quedó en manos del Consejo de Estado.
La Gobernación de Caquetá sigue enfrentada a la Superintendencia Nacional de Salud por la intervención al Hospital Departamental María Inmaculada, ubicado en Florencia, medida de control cuyo análisis está en manos de los jueces y que podría servir como un precedente jurídico para todas las intervenciones a IPS y EPS del país.
La Superintendencia había interpuesto un recurso de reposición sobre este caso que fue fallado a favor de la administración departamental, reconociendo que se habrían violado los derechos del ente territorial al momento de designar al agente interventor para ese centro médico.
El siguiente paso en ese litigio jurídico es un recurso de apelación que quedará en manos del Consejo de Estado, que tendrá que definir en segunda instancia el futuro de la administración de esa empresa social del Estado, que es uno de los principales hospitales de esa región del país.
Los jueces vienen analizando una demanda de nulidad electoral con la que la Gobernación pretende demostrar las presuntas irregularidades que habrían permeado el nombramiento del agente interventor, bajo el argumento de que la Superintendencia de Salud se habría saltado el registro de interventores al momento de designar al funcionario encargado de administrar esa empresa.
Lo más leído
Esa entidad también ha presentado acciones de tutela en medio de ese proceso, además, los tribunales reconocieron una medida cautelar a favor de la Gobernación del Caquetá, reconociendo que se habrían violado los derechos de la administración departamental sobre esa institución.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca determinó que “la vulneración del derecho al debido proceso al que se aludió en el auto objeto del recurso, se refiere al hecho de que antes del vencimiento del término de diez (10) días fijado por la Superintendencia Nacional de Salud para entregar el plan de mejoramiento, dicha entidad decidió, al día quinto, adoptar la medida de toma de posesión inmediata e intervención administrativa”. Es decir: el Gobierno nacional se habría saltado el debido proceso.
El magistrado que estudió el caso determinó que no hay lugar a reponer el auto que se había proferido el pasado 19 de diciembre de 2024 en el que se le había dado la razón a la administración departamental y determinó elevar ese caso ante el Consejo de Estado.
”En el efecto devolutivo ante el honorable Consejo de Estado, Sección Primera, el recurso de apelación interpuesto por la Superintendencia Nacional de Salud contra el auto del 19 de diciembre de 2024″, se lee en la providencia.
El litigio entre la Gobernación del Caquetá y la Superintendencia Nacional de Salud podría marcar un hito para las demandas que se han interpuesto contra las intervenciones a las entidades e instituciones prestadoras del servicio de salud del país.
