Turismo judicial en la JEP: SEMANA revela los viajes de los magistrados al exterior, mientras el país espera las primeras condenas

Hay una gran polémica en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por los viajes al exterior que han realizado magistrados del tribunal, mientras el país sigue esperando resultados en los macrocasos judiciales, que hasta ahora no producen ni una sola sanción en contra de los máximos responsables de los crímenes. SEMANA revela las minutas de los trayectos y las misiones que causan revuelo en la entidad.

El malestar comenzó cuando este medio reveló que los magistrados se fueron a un exclusivo hotel de Palomino, en La Guajira, a un taller para tomar “decisiones estratégicas” y a un “diálogo con expertos en justicia restaurativa para agilizar los procesos de toma de decisiones estratégicas en la JEP”. El viaje de los funcionarios generó controversia en la opinión pública, pues a casi ocho años de su funcionamiento no hay resultados claves.

Fuentes del alto tribunal relataron bajo reserva a SEMANA que “existe un patrón sistemático, reiterado y prolongado de comisiones de servicio otorgadas, principalmente, a los altos magistrados de esta Jurisdicción por su presidente”. Al parecer, “este esquema, sostenido durante los últimos cuatro años, pone en evidencia una práctica institucionalizada de desplazamientos que muchos ya califican como un turismo judicial”.

Para uno de los funcionarios de la Jurisdicción, el viaje a Palomino “es solo la punta del iceberg de un patrón estructural de turismo judicial sistemático y reiterado que se viene consolidando desde años atrás en la JEP sin control efectivo”. A partir de ese escandaloso trayecto y la presión mediática, comenzó una revisión interna de todos los registros de comisiones y SEMANA accedió a la documentación.

Viajes de magistrados

En respuesta a un derecho de petición, el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli Arteaga, reconoció que, entre 2022 y 2024, el alto tribunal les ha dado el visto bueno a 190 comisiones de servicio para que los funcionarios cumplan con tareas por fuera de Bogotá. De estas misiones, al menos el 34 por ciento se realizaron por fuera del país, y la mayoría de ellas fueron costeadas por terceros o particulares, no por el Estado.

Con base en la minuta internacional, los destinos visitados en los últimos cuatro años por parte de los magistrados han sido Canadá, Reino Unido, Guatemala, México, España, Suiza, Estados Unidos, Jordania, Países Bajos, Irlanda del Norte, Escocia, Nepal, Perú, Francia e Italia. Mientras que a nivel nacional hay reporte de recorridos por todos los rincones del país donde han adelantado audiencias y diligencias asociadas a sus funciones.

El magistrado que acumula más salidas al exterior es el expresidente de la JEP, Roberto Carlos Vidal López. Según los documentos oficiales del tribunal, él ha solicitado diez comisiones a Estados Unidos y a diferentes países de Europa para acudir a conferencias, talleres y discursos, también para hacer gestiones ante organizaciones internacionales y buscar cooperación para la entidad que lideraba.

En las peticiones que realizó se registran: “Asistir a la conferencia ‘Casos para la cultura’, organizada por la Universidad de Harvard; asistir al taller sobre superación de desafíos e identificación de estrategias en el proceso interno de violaciones y abusos del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, el cual se llevará a cabo en Amán, Jordania; participar en discurso de los diálogos globales escoceses a cargo de Martin Griffiths en la biblioteca Signet de Edimburgo (Escocia), asistir al festival internacional Beyond Borders 2024 y participar en una conversación con nuestras 1.325 mujeres en conflicto”. En estos casos, los viáticos fueron asumidos por terceros.

En la JEP, el malestar no ha pasado desapercibido: “Este no es un episodio aislado. Es un modelo institucional consolidado de desviación de recursos públicos, que convirtió parte de la JEP en un aparato burocrático paralelo de representación internacional, mientras las víctimas siguen esperando justicia y las Farc esperan ir a sembrar lechugas de impunidad”, mencionó una fuente del tribunal.

Tours de la JEP

La magistrada Belkis Florentina Izquierdo Torres suma siete viajes internacionales a Canadá, Estados Unidos, Perú y Suiza, y los costos fueron asumidos por los anfitriones: “Solicito me autoricen esta comisión para viajar a dos ciudades de Estados Unidos; participar en el encuentro entre pueblos y unas actividades académicas e institucionales organizados por el Instituto de Pueblos, Territorios y Paz (…) en Ontario, Canadá; participar en el evento ‘Mujeres en la justicia comunitaria’ en Lima, Perú”, se lee en un fragmento de la documentación conocida por SEMANA.

El tercer lugar lo ocupa la magistrada Catalina Díaz Gómez en recorridos entre 2023 y 2025 por diferentes regiones de Europa. En las solicitudes que extendió a la Presidencia, ella se justificó en lo siguiente: “Se solicita comisión para asistir a evento organizado por el ICTJ durante los días 7, 8 y 9 de noviembre en la ciudad de La Haya, Países Bajos, los organizadores del evento cubren gastos, hospedaje y alimentación; participar en el curso orientado al fortalecimiento de las capacidades en investigación, juzgamiento y la gestión judicial de graves violaciones contra los derechos humanos e infracciones del derecho internacional humanitario”, entre otros.

El cuarto lugar lo comparten los magistrados Alejandro Ramelli Arteaga, con viajes a Guatemala, México y Canadá; y Julieta Lemaitre Ripoll, en trayectos en Canadá, Brasil, Estados Unidos y Reino Unido, en el que uno de ellos fue una “invitación de la Universidad de Yale Law School, del programa de estudios jurídicos latinoamericanos de la Facultad de Derecho, a eventos académicos y conferencias”.

El escalafón de viajeros lo complementan los siguientes magistrados: Reinere de los Ángeles Jaramillo Chaverra (3), Lily Andrea Rueda Guzmán (3), Xiomara Cecilia Balanta Moreno (2), Óscar Javier Parra Vera (2), María del Pilar Valencia García (2), Marcela Giraldo Muñoz (2), Heidy Patricia Baldosea Perea (2), Gustavo Adolfo Salazar Arbeláez (2), Eduardo Cifuentes Muñoz (2), Camilo Andrés Suárez Aldana (2), Alexandra Doris Amelia Sandoval Mantilla (2), Ana Manuela Ochoa Arias (2), Zoraida Chalela (1), Sandra Rocío Gamboa Rubiano (1), Sandra Jeannete Castro (1), Juan Ramón Martínez Vargas (1), Juan José Cantillo Pushaina (1), Nadiezhda Henríquez Chacín (1) y Ana Caterina Heych Puyana (1).

Abogados consultados por SEMANA advierten que este patrón de comisiones podría constituir varias faltas en materia de responsabilidad disciplinaria y fiscal, más la eventual violación constitucional a los derechos de las víctimas por la presunta omisión prolongada de justicia efectiva.