Una profunda preocupación manifestaron las víctimas de las Farc por cuenta de una sentencia de la Corte Constitucional en la que se falla a favor de Sandra Ramírez, senadora del Partido Comunes, colectividad que nació por el Acuerdo de Paz de La Habana, Cuba.
Dicha decisión, cuyo magistrado ponente fue Miguel Polo Rosero, ordena unas rectificaciones y disculpas públicas contra la congresista, pues, según la providencia, no se le pueden hacer señalamientos sobre su pasado, a pesar de que perteneció al grupo criminal de las Farc-EP.
Según el documento, Ramírez se reincorporó a la vida civil y política tras la firma de dicho Acuerdo de Paz y actualmente “no tiene investigaciones abiertas o vigentes por esos hechos“.
No obstante, los señalamientos en contra de Ramírez provienen de distintos frentes y varias víctimas han entregado sus versiones ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), tribunal que también se creó por ese pacto entre el Estado colombiano y el extinto grupo criminal.
Si bien es cierto que las investigaciones no se han abierto, la realidad es que la JEP no ha iniciado los procesos necesarios contra Ramírez, a pesar de toda la documentación que han entregado las víctimas que la acusan de abuso sexual, tortura y reclutamiento.
SEMANA habló con varias de esas mujeres que han hecho las denuncias contra Ramírez y se mostraron sorprendidas por la decisión de la Corte Constitucional, pues aseguran que, aunque han entregado toda la información a la JEP, nada ha ocurrido.
“La sentencia de la Corte donde se ordena limpiar el nombre de la sanguinaria y asesina de vientres, Sandra Ramírez, es una mordaza para las víctimas del país. La Corte Constitucional nos vuelve a pisotear y se pone del lado de los victimarios”, dijo una de las víctimas que ha señalado a Ramírez ante la JEP.
Otra de ellas cuestionó que la JEP, a pesar de tener toda la información en contra de Ramírez, no haya iniciado actuación alguna y que, por esa razón, la Corte esté “amparando los derechos” de la congresista.
“La sanguinaria Sandra Ramírez está celebrando, pero quiero decirle a ella que fui víctima de abuso sexual por órdenes suyas y le digo que mi voz y mi historia no las van a borrar con un fallo. Ni usted ni la Corte me van a silenciar”, dijo otra víctima.
Varias víctimas han declarado extensamente en la JEP contra Ramírez, pero se desconoce la razón por la cual no se han iniciado los procesos en su contra. Además, están preocupadas porque siempre que hacen señalamientos comienzan las amenazas en su contra.
Aseguran que, además de la mordaza que les quieren poner, el fallo de la Corte implica que nadie en el país podrá hacer señalamientos en contra de quienes pertenecieron a las Farc-EP, a pesar de todo lo que hicieron en esa organización criminal.
Todo este proceso en la Corte inició porque el activista Ariel Ricardo Armel lanzó acusaciones en contra de Ramírez y ella lo denunció de inmediato.
“Ordenar a Ariel Ricardo Armel que, en el término de cuarenta y ocho (48) horas, a partir de la notificación de esta providencia, rectifique el mensaje que emitió en su perfil de X “@arielarmelv” el 29 de diciembre de 2024, en el sentido de expresar excusas públicas a los excombatientes que se han reincorporado a la vida civil, por haber sugerido acciones de violencia en su mensaje, y condenar de manera clara también todo tipo de violencia contra los excombatientes de las Farc, que se reincorporaron a la vida civil y política, en virtud del Acuerdo Final de Paz. En este también deberá señalar que Sandra Ramírez Lobo se reincorporó a la vida civil y política, como consecuencia del Acuerdo, y que no tiene pruebas de que, en la actualidad, haya cometido asesinatos o actuaciones criminales. El mensaje deberá ser publicado hasta lograr un número aproximado de 20.000 vistas, momento en el cual se podrá eliminar de la red social, si así lo desea el señor Armel”, dice el resuelve del fallo.
