Comunidad médica alerta que el Gobierno no respeta las decisiones de la Corte Constitucional, afectando el sistema de salud

El Ministerio de Salud volvió a sacar una carta en todo el lío que se armó por el reajuste que ordenó la Corte Constitucional al pago de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), el valor que se reconoce por cada afiliado al sistema de salud. En esa misiva, el MinSalud radicó una solicitud para que se anule un auto del alto tribunal en ese tema.

Dicha solicitud la presentó el director jurídico (e) del Ministerio de Salud, Rodolfo Enrique Salas Figueroa, quien argumentó las razones para que la alta corte anule la sentencia que declaró la insuficiencia de la UPC de 2024.

En el documento se detalla que la solicitud de nulidad se basa sobre las actuaciones que pueden presentar defectos fácticos o jurídicos, como la violación al debido proceso, a la defensa y a la contracción del Ministerio de Salud y Protección Social.

En el documento se detalla que la solicitud de nulidad se basa sobre las actuaciones que pueden presentar defectos fácticos o jurídicos, como la violación al debido proceso, a la defensa y a la contracción del Ministerio de Salud y Protección Social.

Tras hacerse oficial la solicitud por parte del Ministerio de Salud, pacientes, profesionales de la salud, usuarios, sociedades científicas, prestadores y actores del sistema de salud se pronunciaron y reiteraron su apoyo a la decisión que tomó la Corte Constitucional en el Auto 007 de 2025, que responde a un riguroso seguimiento de la Sentencia T-760 de 2008, la cual le ordenó al Estado garantizar la suficiencia de los recursos destinados a la salud de los colombianos.

“La nulidad solicitada por el Ministerio de Salud y Protección Social se interpreta como una dilación infundada en el cumplimiento de las órdenes judiciales y supone un grave retroceso en la protección del derecho fundamental a la salud, especialmente para los pacientes con enfermedades crónicas, de alto costo, huérfanas y población en general”, se puede leer en la misiva firmada por varios médicos, pacientes y sociedades científicas.

De acuerdo con esta comunidad, la alta corte fue clara al indicar que es competente para supervisar el cumplimiento de la Sentencia T-760 de 2008. “Su decisión se basa en pruebas y análisis técnicos que evidencian el desfinanciamiento del sistema”.

“Los efectos negativos de esta crisis afectan gravemente a la atención de miles de personas y a la garantía del reconocimiento del derecho fundamental a la salud en el país. En este sentido, es imprescindible que las órdenes impartidas se cumplan conforme a lo establecido en la Constitución y la ley, con el fin de asegurar la estabilidad y sostenibilidad del sistema de salud”, alertaron desde esta comunidad.

Esta comunidad médica le solicitó a la Corte Constitucional para que rechace la solicitud del Ministerio de Salud de pedir la nulidad. Además, les pide que tome una decisión que corresponda con base en la justicia, priorizando la protección inmediata y efectiva de derecho a la salud.

Por otra parte, esta comunidad le exige al Ministerio de Salud que, en vez de estar cuestionando las decisiones judiciales, tomen las medidas correctivas para garantizar la salud de los colombianos. “Es esencial que sus acciones respondan a la realidad del país y se orienten a implementar medidas concretas que permitan superar la crisis de financiación que afecta a millones de colombianos”.

Esta comunidad médica cerró la carta explicando que “la nulidad procesal que se está presentando busca eludir la responsabilidad del ministerio en la garantía del derecho a la salud y perpetuar una crisis de financiación que afecta a los millones de colombianos que hoy dependen del sistema de salud para disfrutar de una mejor calidad de vida”.