EL DEBATE
¿Emergencia económica será la excusa para imponer impuestos?: “Es que es muy fácil criticar”
En El Debate, de SEMANA, la polémica por las maneras del Ejecutivo respecto a la crisis en el Catatumbo.
Gran polémica ha suscitado que el Gobierno, en cabeza del presidente Gustavo Petro, declare el estado de conmoción interior y la emergencia económica para hacerle frente a la severa crisis que se registra en el Catatumbo, en Norte de Santander.
El gran temor, por un lado, radica en que el mandatario se valga del estado de conmoción interior para imponer otras normas y decrete la emergencia económica para ordenar los impuestos que no logró avalar con su proyecto de reforma tributaria.
En El Debate, de SEMANA, Daniel Palacios, exministro del Interior; Carolina Arbeláez, representante a la Cámara por Cambio Radical, y Heraclito Landínez, representante a la Cámara por el Pacto Histórico, tuvieron opiniones encontradas.
En medio de dicho debate, la congresista aseguró que Petro debería incurrir en la inversión social para hacer frente a la crisis, en el gasto de los recursos, ejecución de prespuesto, llamados que ya les han hecho en otros frentes. Sin embargo, Landínez aseguró que decretar un estado de excepción lo contempla la Constitución y busca la manera de recurrir a normas, sin pasar por el legislativo, para intentar contrarrestar la situación humanitaria del Catatumbo.
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En cuanto a la emergencia económica, el congresista dijo que es normal que el presidente Petro busque recursos para atender la situación. Respecto a los miedos de imponer gravámenes a la brava, sin pasar por el Congreso y tras su fallida reforma tributaria, el congresista del Pacto Histórico dijo que sí se pueden ordenar impuestos, pero de manera transitoria.
“Podría crearlos transitoriamente en algunos temas, tasas, tributos o contribuciones y después el Congreso de la República podrá adoptarlos o no”, agregó Landínez, al señalar que una imposición de impuestos, sin aval del Legislativo, no pasará. “Es que es muy fácil criticar al Gobierno, la oposición siempre ha cuestionado al presidente, cuando es todo lo contrario. Todas las reformas las ha llevado al Congreso”.
Vea aquí sus declaraciones sobre el particular:
Vea el debate completo:
Colombia está a la expectativa de una posible declaración de estado de conmoción interior por parte del presidente, Gustavo Petro, en medio de una embestida de guerrilleros y narcotraficantes que ha dejado al rededor de 100 muertos y casi 20.000 desplazados en la región del Catatumbo.
Ante la escalada violenta sin precedentes recientes, el mandatario tomó esta decisión excepcional que faculta al Ejecutivo para tomar medidas extraordinarias, como por ejemplo, liberar recursos y restringir la movilidad de los habitantes.
Desde el jueves, diferentes focos de violencia estallaron en el país, el más grave en la región del Catatumbo, fronteriza con Venezuela. La guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN) atacó a la población civil y se enfrentó contra disidentes de las Farc que no se acogieron al acuerdo de paz de 2016.
La prolongada embestida incluyó asesinatos selectivos y combates que dejan un balance de al menos 80 muertos y casi 20.000 desplazados en esta región plagada de narcocultivos.
El lunes, el Ministerio de Defensa informó sobre la muerte de 20 guerrilleros en el departamento del Guaviare por choques entre dos facciones enemigas de los desertores del pacto que puso fin a las Farc. Y en el departamento de Bolívar, los enfrentamientos entre el ELN y la banda narcotraficante Clan del Golfo dejaron nueve muertos, según autoridades.
La Constitución indica que el presidente puede decretar el estado de conmoción interna en “caso de grave perturbación del orden público que atente de manera inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado, o la convivencia ciudadana”.
El artículo constitucional no dicta medidas específicas y da carta abierta al Ejecutivo para realizar las acciones “necesarias para conjurar las causas de la perturbación e impedir la extensión de sus efectos”.
Petro no ha especificado el alcance de la declaratoria, que puede durar un periodo máximo de 90 días, “prorrogable hasta por dos periodos iguales”, según la Carta Magna.
Aterrorizados por la violencia, miles en el Catatumbo huyen hacia poblados más seguros o hacia Venezuela, donde el Gobierno activó un “operativo especial” para atender a los desplazados en dos municipios fronterizos.
Hasta ahora la fuerza pública no ha entrado a enfrentar a los guerrilleros en las zonas críticas. Los más de 5.000 soldados desplegados se han concentrado en rescatar en helicópteros la población en riesgo. De los 9.8 millones de víctimas que dejan seis décadas de conflicto armado, 8.8 son desplazados.
Los combates en el municipio de Calamar se desataron entre hombres al mando de Calarcá, jefe de un grupo disidente que negocia la paz con el Gobierno, y de Iván Mordisco, un cabecilla guerrillero que no firmó el histórico acuerdo de 2016 con las extintas Farc.
Inicialmente, Iván Mordisco estaba al frente de los diálogos de paz con el Gobierno, pero su organización se partió en dos. Mordisco dejó la mesa con un portazo, pero Calarcá, uno de sus hombres de confianza, creó un grupo independiente que sigue en conversaciones con Petro. Tras esa fractura, se hicieron enemigos y se disputan varios territorios de Colombia.