Registrador Hernán Penagos no se esconde y pone en su lugar a Petro por polémica con consulta popular: “Precedentes penosos”

El presidente Gustavo Petro no tomó para nada bien la decisión del registrador nacional, Hernán Penagos, de no convocar a la consulta popular hasta que las cortes no se pronuncien sobre el decretazo.

El jefe de Estado acusó al funcionario de “sedición” y, por lo mismo, anunció que se adelantarán acciones jurídicas. “Eso no se hace”, dijo durante el más reciente consejo de ministros televisado.

Entre tanto, el registrador habló en El Debate, de SEMANA, y le respondió al presidente por la dura acusación que hizo en su contra. Penagos dejó en claro que está actuando conforme a la ley y como lo tiene que hacer un servidor público.

“No podemos perder de vista que se trata de una controversia jurídica de grandes magnitudes entre el poder Legislativo y el Ejecutivo. (...) Esta controversia está poniendo en riesgo el principio de supremacía constitucional y el principio de división de poderes en Colombia”, comentó.

En ese sentido, dejó en claro que la única tarea que tiene es “velar para mantener el orden” y, por lo mismo, recordó que él no es ningún juez y por ello no podía seguir adelante con la consulta popular, por lo menos hasta que el Consejo de Estado entregue un veredicto.

Penagos mencionó que tras el decretazo de Petro, varias demandas llegaron y por eso es necesario que haya una rapidez para resolver si la consulta se puede realizar o está en contra de lo que estipula la ley.

“Esperamos que tomen una decisión, profieran una sentencia y conjuren una crisis tan grande”, manifestó.

Asimismo, enfatizó en que un llamado a las urnas va a costar mucho dinero, por lo que antes de preparar toda la logística, es necesario estar seguro de que todo está tal y como lo contempla la ley.

“Aquí estamos actuando conforme lo estipula la ley. Donde hay juego y forja, habrá que aceptar esa posición, pero en lo particular yo estoy actuando conforme a lo que la Constitución me dice”, añadió.

Penagos remarcó que el Gobierno y Petro lo que buscan es que se aplique el decreto tal y como salió del ‘horno’, es decir, sin realizar ninguna verificación al respecto y pese a que la Corte Constitucional podría tomar una decisión a futuro, lo que podría derivar en un “detrimento patrimonial”.

Por lo mismo, recordó que así como el Gobierno precisa que el decreto goza de principio de legalidad, lo mismo sucede con el concepto del Senado. “Se trata de un choque entre dos autoridades administrativas, aquellas que han sido elegidas popularmente”, afirmó.

“No es solamente la convocatoria a una consulta, es poner en riesgo el orden institucional. Es un quiebre institucional que puede dar lugar a unos precedentes muy penosos para el futuro de Colombia”, sostuvo.

Sobre esa misma idea, enfatizó en que esta polémica está siendo vista también desde el exterior y esto, según él, podría traer consecuencias en diferentes sentidos, como por ejemplo a la hora de que alguien quiera invertir en el país.

“Se trata de entender cómo funciona la división de poderes en un Estado democrático como el nuestro”, concluyó.