Denuncian que militares sabían de menores en campamento bombardeado

Se ha comenzado a saber la verdad de uno de los operativos del Ejército más cuestionado en tiempos recientes. Un informe secreto de inteligencia revela que los militares sabían que había niños en el campamento de un GAO residual que fue bombardeado en Caquetá el 29 de agosto de 2019, donde fue abatido alias Gildardo Cucho. En esa operación, también murieron ocho niños.

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Así lo revela una investigación hecha por Dejusticia y Cuestión Publica, según la cual existía un conocimiento —previo al bombardeo por parte de las Fuerzas Militares— de la presencia de menores de edad en la operación contra alias Cucho, ordenada por el presidente Iván Duque.

La muerte de los menores de edad fue denunciada en su momento por el senador Roy Barreras durante el debate de moción de censura contra el entonces ministro de Defensa, Guillermo Botero, en noviembre del año pasado. Para el congresista, la operación podría considerarse un crimen de guerra.

En ese momento, el senador Barreras dijo que, si bien el ministro informó sobre la muerte de “14 delincuentes”, le “ocultó” al país que varios eran menores de entre 12 y 17 años, esto basado en un documento oficial de Medicina Legal que permitió esclarecer la edad de las víctimas.

La revelación generó un debate sobre la responsabilidad de Botero en ese hecho y si sabía de antemano, o no, que en el sitio del bombardeo había niños, como él mismo aseguró.

En su momento, Duque calificó de "impecable" y "meticulosa" la operación en la que murieron siete niños

Meses después, Cuestión Pública y DeJusticia ponen de nuevo la lupa sobre un tema que ha sido motivo de críticas contra el gobierno del presidente Iván Duque, pues fue el jefe de Estado quien finalmente autorizó el operativo.

En SEMANA en Vivo, los investigadores Juan Carlos Upegui y Diana Salinas explicaron que al buscar la información querían obtener “el radiograma de la operación, el documento del primer respondiente, que hace quien llega a la zona a hacer el levantamiento. Queríamos informes de inteligencia y todo con el fin de establecer si el Ejército y el Ministerio de Defensa sabían de la presencia de menores de edad”.

"Bombardeo contra campamento de Gildardo Cucho fue legítimo": general Navarro

“Empezamos a trabajar para hacer esa petición, pedimos los documentos a través de una solicitud de acceso a información pública, que tiene un régimen especial que reconocer en favor de todos los ciudadanos el derecho de acceder a la información (…) Es un derecho muy poderoso porque, entre otras cosas, establece una regla muy importante que firma el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que es el que finalmente ordena la entrega de la información”, explicó Upegui.

Así fue la polémica operación que cobró la vida de ocho niños

La ley dice que, en caso de violaciones a derechos humanos o de delitos de lesa humanidad, no se pueden esgrimir razones de reserva a la información e incluso no se puede alegar la reserva por razones de seguridad nacional.

Al final, el proceso para acceder a la información duró ocho meses, pero al tener los documentos en sus manos, los investigadores de Dejusticia y Cuestión Pública corroboraron sus sospechas.

El informe de inteligencia al cual tuvieron acceso es el número 937, redactado en Florencia, Caquetá, el 24 de agosto de 2019, cinco días antes del bombardeo.

El documento da cuenta de la “Localización Amenaza” y en el apartado “b. Composición de la Estructura” se habla sobre la presencia de menores de edad.

“Así mismo, han venido reclutando algunos menores de edad de la región, en especial de resguardos indígenas, quienes por necesidad de escasos guerrilleros en sus filas guerrilleras con experiencia, los obliga a incluirlos en el esquema de seguridad (de alias Cucho)”, dice el documento oficial.

Esta es la denuncia de Cuestión Pública y Dejusticia.

Según Cuestión Pública, el comandante del Comando Conjunto de Operaciones Especiales (CCOES), mayor general Jorge Isaacs Hoyos, respondió a la solicitud de acceso a la información explicando que “los menores de edad que se encontraban en el campamento de alias Gildardo Cucho fueron reclutados ilícitamente por parte del Grupo Armado Organizado residual (GAO-r), por cuanto ejercían una participación activa y directa en las hostilidades”.

Para el senador Barreras, “el hecho de que inteligencia del Ejército reconozca en su versión que los menores ejercían una participación directa y activa de las hostilidades comprueba que sabían que eran menores y que fueron bombardeados en estado de indefensión, violando el Derecho Internacional Humanitario con esa justificación”.

Incluso el director de Human Rights Watch en América Latina, José Miguel Vivanco, se pronunció al respecto. Afirmó que los documentos “confirman que el exministro de Defensa Guillermo Botero les mintió a los colombianos cuando afirmó que las Fuerzas Militares no sabían que había menores de edad en el campamento bombardeado”.

Por su parte, el comandante de las Fuerzas Militares, general Luis Fernando Navarro, envió un breve comunicado a la periodista María Jimena Duzán, a propósito del debate en SEMANA en Vivo.

Dice el oficial que “las Fuerzas Militares, en cumplimiento de la misión constitucional, planean y desarrollan operaciones militares; para el caso de la Operación que se denominó Atai, se desarrolló en el marco del Derecho Internacional Humanitario”.

“En este momento, las investigaciones están siendo adelantadas por las autoridades competentes, es decir, en materia penal por la Fiscalía General y en materia disciplinaria por la Procuraduría General de la Nación”, agrega Navarro.

El general también aclara que “siendo del caso reiterar que la instrucción impartida a las Fuerzas Militares es atender de manera prioritaria y oportuna los requerimientos de las autoridades judiciales y disciplinarias competentes”.

Una operación polémica 

En su momento, SEMANA reveló la historia secreta de la operación militar contra las disidencias que dejó ocho niños muertos y tumbó al ministro de Defensa. Esta es la portada de la revista con esa denuncia, publicada en noviembre pasado. 

Con apenas 12 años de edad, Ángela María Gaitán Pérez fue una heroína en medio de la guerra. “Yo no me quiero morir ni que les pase nada a ustedes. ¡Mamá, váyase ya!”, fue lo último que le dijo, que le ordenó, esta pequeña a su madre, Luz Pérez Bonilla, el 4 de agosto. Para entonces, Ángela llevaba dos semanas reclutada a la fuerza por alias Gildardo Cucho, jefe de una estructura disidente de las Farc. Él y sus hombres sacaron a la niña de su casa en la vereda Vista Hermosa Alta, a tres horas en motocicleta desde Puerto Rico, en Caquetá.

Ángela solo estudió hasta segundo de primaria y vivía con sus padres y hermanos: dos niños de 17 y 8 años, y dos niñas, una de 4 y la bebé de 6 meses. Luego de la tragedia, Luz y su esposo, Carlos Alberto Gaitán, como mejor pudieron repartieron entre familiares y amigos a todos sus hijos para que no corrieran la suerte de Ángela.

Escuche el pódcast de esta historia:

^{Según las autoridades civiles, la mayoría de los menores no tenían dos meses de reclutados. En la foto, Diana Medina, de 16 años, sepultada en su cumpleaños.}

Luz, una campesina de 30 años, llora sin consuelo cada vez que recuerda lo que le pasó a su niña. El día que se la llevaron, el 21 de julio de este año, ella vio a Cucho o el Viejo con sus hombres, armados y de uniforme. Pensó que se trataba de un patrullaje más. Pero Ángela desapareció a las siete de la noche. Al otro día, Luz fue por las veredas cercanas y los vecinos le dijeron que no había nada que hacer: la niña estaba en poder del grupo. En las siguientes semanas, Luz indagó aquí y allá, y se enteró de dónde podría estar su hija. Quiso ir a rescatarla. De ese modo llegó hasta una vieja casa. “Ahí la encontré, estaba con otras dos niñas, iguales que ella. Solo me dijo que me fuera para que no nos jodieran. La fui a abrazar, pero me dijo que rápido me fuera”, recuerda Luz. Eso fue todo. Y la familia recibió una última razón de otros campesinos: que a la niña la habían puesto a planificar para evitar que quedara embarazada. Ante esa noticia, los padres ya presumían lo peor.

^{Ángela María Gaitán Pérez, de 12 años de edad, murió en el bombardeo. Estudió hasta segundo de primaria y vivía con sus padres y hermanos.}

Por esas mismas semanas, a finales de julio y comienzos de agosto, otras familias campesinas de la zona pasaban por la misma tragedia: la banda disidente había reclutado a sus hijos a la fuerza. Entre los casos documentados por las autoridades civiles en Caquetá, solo por esos días, figuran unos diez jóvenes de entre 15 y 17 años.

El personero de Puerto Rico, Herner Carreño, hizo al menos tres denuncias oficiales sobre casos de reclutamiento de niños y adolescentes en las veredas de su municipio y de San Vicente del Caguán antes del bombardeo. La información que tenía sobre los menores atrapados era vaga por el temor de las familias. Pero está claro que Carreño puso sobre aviso a la Fiscalía y al Ejército en la zona. El funcionario envió reiterados oficios a esos entes para alertar sobre ese drama y sobre extorsiones a comerciantes.

También, el alcalde de San Vicente del Caguán, Humberto Sánchez, había advertido que las disidencias del frente 62, al mando de Cucho, estaban recorriendo escuelas y veredas en plan de reclutamiento. Sánchez encendió las alarmas en consejos comunitarios realizados en febrero y mayo, con presencia de delegados de Fiscalía, Personería, Ejército, Policía y del gobierno departamental. A esas alertas se sumó el gobernador Álvaro Pacheco, quien denunció el 8 de agosto que cinco menores en veredas de San Vicente del Caguán, Montañita y Puerto Rico habían sido reclutados. Las autoridades civiles y militares de la zona estaban al tanto de la situación y esta se tornaba crítica.

Operación Atai

Mientras Cucho y sus secuaces reclutaban niños para engrosar sus filas, el Ejército y los organismos estatales de inteligencia, desplegados en Caquetá, hacían todo lo posible por capturarlo. Se trataba de cazar a uno de los cabecillas más temibles de las disidencias. En esta región del país, donde se cruzan los llanos del Yarí, la Macarena y Chiribiquete, el gran jefe es Gentil Duarte, exintegrante del frente primero de las Farc que se apartó del Proceso de Paz en 2016. Su estructura tiene al menos 410 hombres, divididos en varios frentes al mando de lugartenientes como alias Calarcá, Jhon 40, Iván Mordisco y Gildardo Cucho.

^{El general Luis Fernando Navarro, comandante de las Fuerzas Militares, fue designado ministro de Defensa encargado tras la renuncia de Guillermo Botero.} 

Sobre este último poco se sabe. En algunos análisis de inteligencia aparece con el nombre de Mario López Córdoba y en otros como José Marín Ramírez. Ninguno de estos nombres corresponde al de Rogelio Bolívar Córdova, el que usó el Gobierno para anunciar al jefe de disidencia caído en el bombardeo.

Pero las Fuerzas Militares sí tienen muy claro que Gildardo Cucho era el jefe de la comisión de finanzas de la disidencia de Gentil Duarte y que lideraba el frente 62 (con unos 40 integrantes), moviéndose en la espesura del monte entre Caquetá y Guaviare. “Coordina actividades criminales como homicidios selectivos, acciones armadas contra la fuerza pública, tráfico de armas, narcotráfico, extorsiones”, dice el informe de inteligencia que analiza su valor estratégico.

^{Cotejando el ADN de dos hermanas, Medicina Legal confirmó que en el bombardeo murió Rogelio Bolívar, a quien las autoridades apodan Gildardo Cucho.}

El Ejército ubicó a Cucho con información aportada por “fuente humana”. Agentes del área de operaciones de inteligencia militar determinaron que la noche del 29 de agosto “el objetivo” estaría en su campamento móvil, en un punto exacto por coordenadas, entre las veredas Candilejas y Aguas Claras, del municipio de San Vicente de Caguán, en Caquetá.

Ejecutaron la operación aérea a las 11:03 de la noche. Cazabombarderos de la Fuerza Aérea lanzaron las bombas en las coordenadas de un punto selvático próximo a unos riachuelos. El lugar se convirtió en un infierno. Media hora después, a las 11:30, comenzó el desembarco de la compañía Antílope del Batallón Lancheros. Estos salieron en helicópteros Black Hawk de la base militar de La Macarena, volaron hasta un claro cercano al punto y descendieron por sogas en la oscuridad gracias a visores nocturnos. “No escuchábamos nada, solo la caída de los árboles luego del bombardeo”, narró uno de los militares.

La compañía aseguró la zona sin aproximarse al sector atacado. Debían esperar a que amaneciera para inspeccionar a la luz del día. Lo hicieron a las seis de la mañana, y el comandante de equipo advirtió un hallazgo: “Al borde de un caño se encuentra un cuerpo humano parcialmente sumergido, y la cabeza sobre una raíz”, reportó. Continuaron avanzando hacia el centro del bombardeo. Allá encontraron fusiles colgados en palos, material de intendencia, y bajo los árboles disecados en un instante “se observan más cuerpos y restos humanos”.

El área afectada abarcaba 200 metros de diámetro devastados por completo. A lo largo de la franja bombardeada había cráteres dejados por las cargas explosivas. El hueco más grande tenía 12 metros de profundidad y un radio de 25 metros. En un hoyo encontraron un cuerpo de sexo femenino, parcialmente sepultado: “Viste blusa y sudadera negra”. Debajo de dos árboles caídos había otro cadáver femenino “con uniforme pixelado del Ejército y botas de caucho”. Cerca de este había una ametralladora M60 sin número de serie y 351 cartuchos calibre 7.62. Un poco más allá apareció una bota de caucho con un pie calzándola. La mayoría de los cuerpos y demás miembros amputados se hallaron entre palizadas de los árboles. La escena, aun para el más curtido de los militares, era sobrecogedora.

Una vez asegurada el área, el Comando Central, en Bogotá, autorizó el ingreso de más militares de apoyo y del personal de Policía Judicial. Por lo denso del follaje este equipo solo llegó pasado el mediodía. Dos agentes forenses de la Dijín levantaron la escena. Hicieron un bosquejo general del sector y empezaron a numerar cada hallazgo como elemento material probatorio o evidencia física. Su inventario es escalofriante: “Cuerpo sin vida, de sexo femenino, sin identificar, envuelta en una cobija de colores, con botas negras enterrada entre árboles”. “Resto de cuerpo humano sin identificar”. “Dorso de cuerpo”. “Un resto de cuerpo femenino”. “Cuerpo sin vida de sexo masculino enterrado en la arena”. Al final, recopilaron nueve bolsas, cada una con un cadáver, y otras siete “con restos, un cuerpo humano sin identificar”.

Además, recogieron armamento de todo tipo: seis fusiles, dos pistolas, material de intendencia variado como camuflados, ponchos, hamacas, morrales, víveres, cantimploras. Y varios libros y cuadernos que contienen manuscritos y fotografías. Apareció también la tarjeta de identidad de Wílber Alfredo Castro Acuña, expedida en San Vicente del Caguán. Tenía 17 años.

Nombraron la operación como Atai. Y fue de tipo beta, es decir que por su magnitud requiere autorización del presidente de la República, luego de un estricto proceso de planeación operativo y revisión jurídica a la luz del derecho interno y el derecho internacional humanitario, en el que participan el Comando Conjunto de Operaciones Especiales de las Fuerzas Armadas. Hasta ahora nadie sabe cuántas bombas usaron ni de qué tipo exacto. Pero en las operaciones beta descargan artefactos de 250 libras de alta precisión, con un radio de letalidad de entre 50 y 75 metros.

De momento está confirmado que ocho menores murieron en el bombardeo, pero podrían ser más porque estiman que hubo 17 muertos y aún hay restos por identificar. Medicina Legal trabajó en el reconocimiento de Rogelio Bolívar, alias Gildardo Cucho, el criminal que justificó el operativo. Lo consiguió después de cotejar el ADN de dos de sus hermanas de apellido Bolívar, quienes reportaron su desaparición.

A las 6:30 de la tarde concluyó el trabajo en el terreno bombardeado. El personal, los cadáveres y demás evidencias salieron en helicópteros, hacia la base militar de La Macarena. Todos los restos de las víctimas fueron remitidos a Villavicencio. Pusieron los cuerpos menos desmembrados en cofres metálicos y los llevaron a Medicina Legal. Solo cuatro días después, el Ejército hizo una rueda de prensa en la capital del Meta para informar sobre la exitosa operación. Los altos mandos dijeron que habían dado de baja a 14 criminales de las disidencias, encabezadas por Gildardo Cucho, y relacionaron una cantidad importante de armamento encontrado. Nadie mencionó que al menos la mitad de los caídos no habían alcanzado la mayoría de edad.

Infantes de la guerra

A la señora Luz Pérez Bonilla la contactaron de Medicina Legal de Villavicencio el 9 de septiembre, diez días después de la operación militar. Le dijeron que su hija había muerto en un bombardeo y que tenía que ir a recoger los restos. Ella viajó con su esposo y les dieron un pequeño cofre. “Me entregaron un cuerpito, no sé si era ella”, dice llorando. Enterraron en el cementerio de Puerto Rico a Ángela María, la niña que se inmoló al decirle a su mamá que se fuera pronto antes de que su reclutador la viera. Su familia tuvo que reunir 230.000 pesos para pagar la misa y la sepultura. “Fue un funeral en completo silencio, total mutismo”, dice una persona del pueblo, quien sabe bien que hablar de lo que pasó implica riesgos. El miedo es una forma de supervivencia en las zonas rurales de Caquetá.

Con esa lógica actuaron otras familias que en las semanas sucesivas contactó Medicina Legal. Luego de la llamada, cada cual como pudo viajó para ir a recoger los restos de su hijo o hija desaparecidos.

Un reporte de la Defensoría del Pueblo registró el impacto psicológico que produjo el bombardeo en las poblaciones aledañas. Y reclamó acompañamiento psicosocial, pues la gente vio escenas macabras: por un caño que cruza el sector flotaron “los restos de cuerpos humanos, como manos, pies, piel e incluso pelo”, detalla el informe. De los 27 niños que estudian en la escuela de la vereda de Aguas Claras, solo seis regresaron a clases. Todo se habría quedado en otro episodio anónimo de la atroz guerra que viven algunas regiones de Colombia si no es porque el tema salió a la luz dos meses después en el Congreso de la República, en horario triple A y con transmisión en vivo.

“¿Usted por qué no le contó a Colombia, ministro, que había bombardeado niños en ese operativo? ¿Por qué le escondió eso al país o no se lo contaron sus hombres?”, le dijo el senador Roy Barreras al ministro de Defensa, Guillermo Botero, en el momento más álgido del debate de moción de censura en su contra. En particular, esa omisión le costó el cargo al alto funcionario.

Por qué el silencio

En la opinión pública ha quedado gravitando la pregunta de por qué nunca le comunicaron al país que habían muerto ocho menores en ese operativo. ¿Lo ocultaron deliberadamente? ¿Los procesos, incisos y protocolos no dejaron ver la gravedad de lo que estaba en juego? ¿Por qué nadie levantó la mano y tuvo que salir la denuncia semanas después en un debate en el Congreso?

^{En pleno debate de moción de censura contra el ministro Guillermo Botero, el senador Roy Barreras reveló un informe de Medicina Legal que le entregaron en un sobre sellado. El documento es del  19 de septiembre.}

Es claro que la Fuerza Aérea no iba a bombardear a sabiendas de que la mayoría de los que estaban en ese campamento eran menores de edad. Y en ese vacío de información falló la inteligencia, sobre todo teniendo en cuenta la serie de denuncias de las autoridades sobre reclutamiento forzado en esa zona. Pero una vez asegurada el área, y durante el proceso judicial de levantamiento de cadáveres que hizo la Dijín con apoyo de los soldados, ¿cómo no se dieron cuenta de que eran jóvenes entre los 12 y 17 años? Fuentes del Ejército consultadas por SEMANA explicaron que después de un bombardeo la topografía, el barro y las condiciones de los cuerpos muchas veces dificultan en extremo identificar la edad. Sin embargo, encontraron la tarjeta de identidad de un menor.

Pero sí resulta inexplicable que una vez salió el informe oficial de Medicina Legal el 19 de septiembre, que establece que murieron al menos 7 menores en el bombardeo, no le hubieran informado a la opinión, a pesar de que era evidente de que se trataba de un asunto de interés nacional. Por qué, teniendo esa información, la directora de Medicina Legal no le contó al fiscal general, su jefe inmediato. Y si lo hizo, por qué el fiscal no se lo dijo al país o, al menos, al ministro de Defensa y al alto mando, dada la magnitud de la noticia que contenía el análisis de las autopsias. Todos se escudan en la reserva judicial, los protocolos y el respeto al debido proceso. No obstante, una vez el escándalo salió a la luz pública, un comunicado de la Fiscalía reveló por razones de “interés general” la información y confirmó la muerte de los menores. ¿Un poco tarde? ¿Y por qué, si el ministro no conocía los detalles de la investigación, reconoció en el fragor del debate en el Congreso que habían muertos menores?

Este episodio deja bastante claro que ante un tema de tanta sensibilidad lo indicado es comunicarlo al país de la manera más clara y responsable. De lo contrario, como ocurrió, todo termina filtrado por alguna fuente con acceso al expediente para que la opinión pública lo conozca. Así, en un sobre de manila, le llegó al senador Roy Barreras el informe de Medicina Legal que destapó todo tras permanecer engavetado dos meses. Y por esta razón cayó el ministro de Defensa.

La niña sobreviviente

Tiene 16 años y su brazo derecho amputado por cuenta de las bombas que cayeron en el ataque al campamento de alias Gildardo Cucho. Hoy se cree que esta joven sobreviviente del operativo, que al parecer sostenía una relación sentimental con uno de los disidentes de las Farc, viajó a Pereira, donde viven sus familiares, o permanece en alguna vereda del Caquetá.

^{En un consejo de seguridad realizado el 21 de octubre, el Ejército reveló haber encontrado a una niña que sería sobreviviente del bombardeo, dos meses atrás.} 

Nadie da razón de esta menor, reclutada por las disidencias, pero lo cierto es que salió viva del bombardeo y así lo confirmaron los militares hacia el 21 de octubre, cuando realizaron un consejo extraordinario de seguridad con las autoridades locales de San Vicente del Cagúan. La joven apareció la víspera en una carretera de la vereda El Edén del Tigre, en La Macarena (Meta), cuando se movilizaba en una moto en compañía de tres hombres. Aunque dijo que perdió su brazo derecho en un accidente en una motocicleta, los registros médicos evidenciaron que fue amputado por cuenta de un hecho armado. Ella no lo admitió por temor a represalias, dijeron fuentes oficiales a SEMANA.

En su mano llevaba una manilla con los colores de la bandera de Colombia y una imagen del Che Guevara en el centro. También portaba un reloj militar. Las autoridades la trasladaron a una comisaría de familia, donde permaneció en un hogar de paso durante apenas 45 minutos. Luego huyó del lugar.