Piden a la Procuraduría vigilar millonario contrato de seguridad en Caldas

El pasado 22 de julio el presidente Iván Duque sancionó la ley de pliegos tipo con la que se buscará acabar con los carruseles de únicos proponentes y luchar de frente contra la corrupción en el país para acabar con los contratos ‘sastre’ que se elaboran para beneficiar a ciertos contratistas y evitar la competencia entre los proponentes.

Y aunque esta norma ya está en el ordenamiento jurídico, a la Procuraduría General de la Nación llegó una advertencia en la que se pide una vigilancia especial porque en Caldas se habría hecho un contrato de seguridad con un valor superior a los 32 mil millones de pesos, supuestamente, favoreciendo a un único contratista.

El contrato fue, supuestamente, celebrado entre la Gobernación de Caldas y una empresa de seguridad para la vigilancia privada de la Secretaría General de la gobernación de ese departamento y que se asignó a la unión temporal formada por las empresas Cooperativa de Vigilancia de Manizales Cooviser y la empresa de seguridad Nápoles, según el texto que llegó al Ministerio Público.

El tema fue denunciado en la asamblea del departamento y se evidenció la denuncia que hizo Óscar Santiago Silva Ariza, representante legal de la empresa Sepecol, quien participó en la esa licitación con la Unión Temporal Caldas 2016. En el documento enviado a la Procuraduría se asegura que hubo un presunto favorecimiento a la empresa ganadora por lo que se pidió una revisión y acompañamiento preventivo.

“Es evidente el manejo direccionado (…) para alguien en particular, dados los requisitos y exigencias que impiden la participación de muchas empresas del sector con la capacidad operativa, financiera y administrativa para ejecutar un contrato de esa magnitud (COMO ESTÁN LOS PLIEGOS, NO HABRÁ PLURALIDAD DE OFERENTES). En otros términos, se dice que esta licitación está preparada para que solo se presente un proponente a quien obviamente le será adjudicado tan jugoso contrato”, dice la denuncia.

El caso es que el contrato entrará en vigencia desde la próxima semana con vigencia hasta diciembre de 2023 con la finalidad de prestar servicios de seguridad para los colegios del departamento. No obstante, el diputado de Caldas, Camilo Gaviria aseguró que no es la primera vez que ocurre esto en el departamento y que no se está respetando la ley de pliegos tipo.

“En las últimas semanas efectivamente se adjudicó ese contrato de vigilancia con un sólo oferente, es lo típico que ha hecho esta administración, hacer contratos tipo sastre. Haremos control político, seguiremos apoyando las propuestas que consideremos importante para el departamento, pero vinimos a hacer este ejercicio con disciplina, con responsabilidad, con transparencia de cara a todos los ciudadanos”, dijo el diputado.

En todo caso esta denuncia ante la Procuraduría se suma a la que se hizo a la Contraloría por una presunta compra de ventiladores usados que fueron facturados como nuevos en medio de la pandemia.

Por ahora, el gobernador de Caldas, Luis Carlos Velásquez, no se ha pronunciado frente a este tema, pero se asegura que será citado a la asamblea para que de explicaciones y determinar si hubo irregularidades en ese contrato de seguridad.