Procuraduría pide que las IPS no reciban el dinero destinado al personal médico

El procurador general de la nación, Fernando Carrillo, envió una carta al Ministerio de Salud este lunes en la que alerta sobre los riesgos en los que estarían los recursos destinados al personal de salud que atiende la pandemia del covid-19 por cuenta del método elegido por el Gobierno nacional para girar dicho dinero. El jefe del Ministerio Público recalcó que, al tener entidades intermediarias, el reconocimiento a médicos y demás empleados de este sector podría terminar en manos de corruptos.

“El análisis (del decreto) ha permitido concluir que el procedimiento establecido conlleva importantes potenciales riesgos de politización del proceso; desviación y pérdida de recursos y dilaciones en el pago, lo cual resulta altamente probable en vista del incremento en el número de denuncias relacionadas con las deudas acumuladas de salarios y prestaciones económicas, y aportes de la seguridad social en salud por parte de las instituciones prestadoras de servicios de salud públicas y privadas a través de las cuales se canalizarían estos recursos”, señala la misiva.

A lo que se refiere Carrillo es al artículo 11 del decreto 538 de 2020 que habla del giro de un reconocimiento económico específico al personal médico, el cual estará basado en su nivel de exposición al virus. Pero en dicho decreto se establece, además, que estos recursos serán girados por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) a las instituciones prestadoras de servicios de salud o entidades territoriales de salud, que serán las encargadas de realizar el giro al personal beneficiario. 

“Los beneficiarios de este reconocimiento económico no deben ser sometidos a estas contingencias que podrían frustrar su vocación compensatoria. Estos riesgos podrían ser fácilmente contrarrestados mediante el establecimiento de un mecanismo que posibilite su pago directo a los beneficiarios profesionales de la salud, médicos, enfermeras, auxiliares, terapistas, laboratoristas, paramédicos y demás personal de apoyo, sin someterlos a trámites adicionales”, agrega la carta firmada del procurador general.

En tal sentido, la recomendación que hace Carrillo al ministro Fernando Ruiz es lograr una modificación, en diálogo con el primer mandatario, en ese decreto y eliminar la intermediación de las IPS así como de las entidades territoriales para prevenir el mencionado riesgo. La propuesta incluye que sea únicamente la Adres la que adelante el proceso de registro y validación de los beneficiarios, y el giro directo de esta retribución a sus cuentas bancarias personales.