¿Cuál debe ser la hoja de ruta para la transición energética en Colombia?

La política energética del Gobierno 2022-2026 se ha conocido en forma fragmentada y aparentemente desordenada, pero tiene dos objetivos claros: construir una base política y lograr renombre internacional en cambio climático. Desde el punto de vista de la economía política esto no tiene nada de nuevo. El problema es que sus contenidos destruyen valor económico y capital institucional de un solo tajo.

Actualmente se impulsan cambios de gobernanza para eliminar al Estado regulador (delineado en las leyes 142 y 143 de 1994), sustituirlo por un modelo de propiedad pública, eliminar el carácter independiente de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), convertir a Ecopetrol en una empresa con amplias facultades para invertir a discreción del Ejecutivo y subremunerar la generación eléctrica con métodos inconsistentes con los costos de oportunidad y el riesgo asumido por los inversionistas. También se anuncia el freno a la exploración de hidrocarburos sin tener la solución de relevo definida, cuantificada ni estructurada, y el establecimiento de comunidades energéticas en los territorios que tendrían derechos accionarios sobre activos energéticos sin haber hecho aportes patrimoniales.

Esta colección de intenciones, si se materializara, retornaría al país a modelos fracasados acá y en otras geografías. Para añadir sal a la herida, aparecerían modelos comunitarios beligerantes sin sujeción a reglas de mercado. El resultado sería la parálisis de la inversión privada sectorial, el compromiso de la seguridad de abastecimiento, el desperdicio del capital natural no renovable y mayor desorden social en las regiones por las pugnas previsibles para capturar las prerrogativas comunitarias recién creadas.

Los analistas económicos deben emprender una campaña pedagógica para que los actores institucionales relevantes aprecien la importancia de contener las órdenes de demolición institucional mencionadas. En segundo lugar, deben hacer públicas soluciones probadas para atender asuntos urgentes, y contrastar la política de transición energética acelerada a pérdida, con propuestas que apoyen el crecimiento económico del país.

Los asuntos urgentes incluyen prepararse para un posible desabastecimiento por la llegada de un evento del fenómeno de El Niño en 2023 y 2024, y proponer un enfoque radicalmente distinto de solución a los clamores de las comunidades adyacentes a los proyectos. Hay que incentivar la participación de actores que no están registrados en el mercado mayorista (plantas por debajo de 20 MW). Se debe identificar la solución de mínimo costo fiscal para atender el riesgo de insolvencia de las distribuidoras expuestas a compras mayoritarias de energía en el mercado spot.

En el artículo, de 2022, Transición energética en Colombia: política, costo de la carbono – neutralidad acelerada y papel del gas natural, disponible en la página institucional de Fedesarrollo, se presentaron principios y propuestas que deben guiar la transición energética en un país que no es un gran contribuyente de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), en el que la mayoría de estas emisiones proviene de la agricultura, la ganadería, la deforestación y el cambio de uso del suelo, y no de la producción y el consumo de la energía, que requiere aumentar su consumo de energía por habitante y que debe aumentar la presencia de gas natural para reducir el impacto de la vulnerabilidad climática en generación eléctrica y contribuir a la competitividad de las firmas y la calidad de vida de los hogares.

El sector de energía de Colombia no tiene el potencial de convertirse en adalid de la descarbonización mundial por su modesto tamaño. Los indicadores de consumo de energía por habitante y sus emisiones de GEI por unidad de PIB de Colombia ya son el punto de llegada ambicionado por muchos países industrializados. Además, no tiene presentación invertir en tecnologías más limpias que no sean rentables en presencia de grandes necesidades de inversión social.

Una transición energética factible en Colombia debe concentrarse en el lado de la demanda y bajarse de sus aspiraciones de liderazgo planetario. Las intervenciones más promisorias en el lado de la demanda son la eficiencia energética y la electrificación del transporte masivo urbano.

Con la eficiencia energética, se puede mejorar la productividad y competitividad de la industria. Esto requiere atraer capital de riesgo para que resuelva las fallas de mercado en financiación. Con la electrificación del transporte masivo urbano, se reduce el material particulado asociado a enfermedades pulmonares y con ello la morbilidad y la mortalidad fatalidades urbanas. Se puede crear una industria tecnológicamente sofisticada de electrónica de potencia, instrumentación, componentes para vehículos eléctricos y biorrefinerías, aprovechando el capital humano existente en universidades colombianas en alianza con centros de investigación y desarrollo de primer nivel mundial.

La solución de problemas y el desarrollo de oportunidades están lejos de enfrentarse con fórmulas automáticas, y se pueden resolver dentro del marco institucional existente. Esto exige esfuerzo, competencias, e imaginación productiva. El físico Jorge Wagensberg (A más cómo, menos por qué) plantea algo para reflexionar:

“Construir, actividad propia de los que están a favor, es ir desde cualquier cosa hacia un ente único e improbable, lo que requiere no poco tiempo, no poca energía, no poco conocimiento”.

“Destruir, actividad propia de los que están en contra, es ir desde un ente único e improbable hacia cualquier cosa, lo que requiere poco tiempo, poca energía y poco conocimiento”.

Por Juan Benavides, investigador asociado de Fedesarrollo*