SIC pone en la mira a 4 operadores móviles por delicada situación que favorecía a estafadores para ingresar a cuentas bancarias

Este martes 14 de octubre, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), en su rol de autoridad de vigilancia y control encargada de proteger a los usuarios de los servicios de comunicaciones, confirmó que iniciará una investigación administrativa contra los cuatro operadores móviles más importantes del país, debido a presuntas prácticas indebidas en los procesos de reposición de tarjetas SIM.

Las empresas investigadas serían Tigo, Claro, Movistar y WOM, las cuales habrían incurrido en fallas al momento de validar la identidad de los titulares del servicio durante la reposición de la SIM Card. Según informó la entidad, la Dirección de Investigaciones de Protección de Usuarios de Servicios de Comunicaciones fue la encargada de identificar las posibles irregularidades, las cuales podrían derivar en sanciones de hasta 15.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMLMV).

De acuerdo con la investigación, se determinó que esta práctica se conoce como SIM Swapping, una modalidad de estafa utilizada para suplantar la identidad de la víctima y redirigir sus llamadas y mensajes al dispositivo del delincuente.

Un informe de 2024 elaborado por la Sección de Apoyo a la Conferencia de la Subdivisión de Lucha contra la Delincuencia Organizada y el Tráfico Ilícito de la División de Tratados de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) describe este tipo de fraude como una técnica en la que el estafador engaña al operador de telecomunicaciones para que transfiera el número telefónico de la víctima a una tarjeta SIM bajo su control.

Al hacerlo, el delincuente puede evadir las medidas de autenticación de dos factores implementadas por las entidades financieras y acceder directamente a las cuentas de la víctima.

La investigación permitió evidenciar tres principales infracciones por parte de las empresas involucradas. No se adoptaron sistemas tecnológicos ni métodos seguros para validar la identidad de los usuarios en los procesos de reposición de SIM. Tampoco se llevaron a cabo controles periódicos que aseguraran la protección del procedimiento, ni se brindaron respuestas precisas o satisfactorias a los usuarios que denunciaron reposiciones hechas sin su autorización.

“En este caso, las resoluciones mediante las cuales se formularon los cargos no admiten recurso alguno, al ser actos de trámite, y las empresas cuentan con un plazo de quince días hábiles desde la notificación para ejercer su derecho de defensa y contradicción. Empresas que, de comprobarse las conductas investigadas, podrán verse expuestas a multas de hasta 15.000 SMLMV para cada una de ellas” afirma la entidad.

Por su parte, la UNODC advierte que esta práctica genera consecuencias negativas para distintos actores: las víctimas, cuyas identidades son utilizadas de manera fraudulenta; las entidades financieras o empresas afectadas por el robo de recursos; y, en algunos casos, los proveedores de bienes o servicios adquiridos con fondos ilícitos.

Ante ello, el organismo internacional enfatiza la importancia de que los operadores y las autoridades competentes adopten medidas eficaces de prevención y control para evitar este tipo de delitos.