Estos son los carros a los que le aplicarán nuevo incremento en el precio del diésel; hay molestia por nuevo decreto

El precio de los combustibles es clave para los conductores y para la economía de cada uno de los hogares, pues la gasolina o el diésel, los más comunes en el país, han venido sufriendo incrementos significativos que han apretado el bolsillo de la mayoría de los colombianos.

Primero fue la gasolina, la cual pasó de tener un precio aproximado de $ 9.000 por galón a $ 16.000 pesos por galón; ahora, el Gobierno prepara un incremento en el precio del diésel, anunciado en medio de la presentación del marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) 2025.

Se trata de un decreto que llevará el precio del ACPM hasta los valores internacionales y que, según el Ejecutivo, no se le aplicará a los transportadores de carga, pero sí al resto de vehículos que funcionen con este combustible, los cuales equivalen a un 28 % de esta parte del parque automotor.

“Se hizo ya con el precio de la gasolina, se viene ajustando también con el precio del diésel y el ACPM. Ahora, para los vehículos que no son de carga y que usan diésel, se establecerá un precio internacional que asumirá todas las exigencias que esto demanda”, dijo el ministro de Hacienda, Germán Ávila.

Así mismo, indicó que para el caso de los transportadores de carga se está estudiando una opción que afectaría a los propietarios de la mercancía en lugar de quienes se encargan de movilizarla.

“Con el transporte de carga creemos que hay que hacer un manejo un poco diferente en la medida en la que está considerado y está en estudio el mecanismo mediante el cual esa variación en el precio del ACPM para el transporte de carga sea asumido por los propietarios de la carga que se está transportando”, agregó Ávila.

La idea de este ajuste, según el ministro de Hacienda, es cerrar la brecha que se creó en el Fondo de Estabilización de los Precios del Combustible y que obligó al incremento en el precio de la gasolina.

“Nos ha permitido ir cerrando la brecha que se generó por la deuda con el Fondo de Estabilización de los Precios del Combustible (Fepc), pero nos dejó un impacto fiscal que hoy en día representa un gasto de 79,6 billones de pesos”, añadió el jefe de la cartera de Hacienda.

“Es bien conocido por todos que el gobierno anterior no realizó incrementos en precio de la gasolina y fue creando un hueco fiscal con el cual había que cubrir el Fepc y ese crecimiento del hueco fiscal que se fue generando en todos los años en los cuales se mantuvo estable el precio de la gasolina fue recibido por el gobierno actual, asumiendo todos los impactos del hueco fiscal que esto estaba produciendo”, explicó Ávila.

Según el propio Gobierno, en 2022 se hicieron pagos al Fepc por 21,4 billones de pesos, suma que se incrementó en 2023 (28,9 billones de pesos) y que el año pasado fue por 21,3 billones de pesos; este año, por el momento, se han pagado 8 billones de pesos.

“Esto en total suma sobre el impacto fiscal que estaba produciendo en las cuentas del país un impacto de 79,6 billones de pesos. Este es el hueco fiscal que nos dejó la decisión de haber mantenido durante estos años sin incrementos el precio de la gasolina”, concluyó el ministro de Hacienda.

Transportadores rechazan la medida

La Asociación para el Desarrollo Integral del Transporte Terrestre Intermunicipal (Aditt), fue una de las que se pronunció en contra de esta medida y la posibilidad de que el Gobierno emita este nuevo decreto que concreta el alza al precio del diésel.

“Esta situación impactaría directamente a campesinos, comunidades indígenas, estudiantes y a la población de zonas apartadas que depende exclusivamente del transporte terrestre. Los vehículos del sector no son de uso particular, sino que prestan un servicio público regulado, llegando a lugares donde no existen alternativas de movilidad”, señaló Aditt.

El gremio solicitó realizar mesas técnicas en las que participen los ministros de Hacienda, Transporte y el propio presidente de la República, a quienes pidieron analizar las consecuencias que esta medida puede tener sobre más de 35.000 familias.

“Solicitamos la creación de una mesa técnica con la participación del presidente de la República y los ministros de Hacienda y Transporte, con el fin de encontrar soluciones que eviten el colapso del sector y protejan el empleo y la estabilidad de más de 35.000 familias que dependen de esta actividad”, aseveraron desde el gremio.