Las graves consecuencias para niños y ciclistas que tendría proyecto que cambia uso de ciclorrutas

El Proyecto de Ley 111 de 2023 del Senado y 219 de 2024 de la Cámara, que modificaría el uso de las ciclorrutas y ciclovías, al permitir la circulación de ciclomotores de alta velocidad en espacios pensados exclusivamente para bicicletas, provocó la reacción de de la Secretaría de Movilidad de Bogotá, entidad que resaltó los riesgos que correría la ciudadanía si esta iniciativa es aprobada.

Según la entidad, aunque el uso de alternativas de movilidad sostenible es algo que persigue el actual Gobierno, no se puede desconocer que la seguridad vial estaría en riesgo al permitir la circulación de estos vehículos, que alcanzan límites de velocidad que son considerados inseguros, por las ciclovías o ciclorrutas.

“Los vehículos motorizados habilitados por el proyecto de ley podrían alcanzar velocidades de 40, 50 o más kilómetros por hora, que no son velocidades seguras para circular en la misma infraestructura junto a usuarios de la bicicleta", indicó la Secretaría de Movilidad.

Desde la entidad recalcan que una de las prioridades es el cuidado de los niños que usan la red de ciclorrutas y de ciclovías, y quienes quedarían expuestos a accidentes mortales que puedan ser provocados por las altas velocidades de estos ciclomotores.

“Estos vehículos con motor y mayor peso pueden desarrollar mayor velocidad y generar siniestros que causen lesiones graves e incluso la muerte de las personas en bicicleta, incluyendo niñas y niños que estén haciendo uso de la cicloinfraestructura que se construyó para protegerlos", agregó la entidad.

Justamente, el programa ‘Al Colegio en Bici’, del que hacen parte cientos de estudiantes de los colegios públicos de la ciudad que utilizan estos corredores especiales para ir a estudiar y regresar a sus hogares, serían los principales perjudicados al permitir una circulación compartida entre bicicletas y ciclomotores.

“Permitir el uso compartido de la cicloinfraestructura para los vehículos motorizados habilitados por el proyecto de ley genera un riesgo a los usuarios más vulnerables, va en contra del principio de seguridad vial y pone en riesgo la vida, y los derechos de los niños que consagra la Constitución", indicaron desde la Administración Distrital.

Según la entidad, “el proyecto de ley dispone que el Ministerio de Transporte deberá reglamentar las características y especificaciones técnicas de los vehículos. Sin embargo, no establece la obligación para el Ministerio de incluir las modificaciones necesarias para la identificación de estos vehículos en el Informe Policial de Accidentes de Tránsito y ni se acota la definición de la tipología vehicular, con lo cual la ley resultará insuficiente para cumplir su propósito y no será una herramienta efectiva para que los organismos de tránsito ejerzan su cumplimiento".

La Secretaría de Movilidad señala que al “no exigir registro inicial, SOAT ni licencia de conducción para vehículos de este tipo que pesen menos de 60 kg o alcancen hasta 40 kmh es otra gran preocupación. Esta medida debilitaría la posibilidad de atención integral a víctimas en ausencia del SOAT, la capacidad de control de los organismos de tránsito y la información disponible para la caracterización de la siniestralidad vial como insumo para la toma de decisiones de política pública".

La entidad asegura que es necesario exigir placas de identificación para poder hacer un control estricto sobre este tipo de vehículo; además, exige que se incluyan sanciones por la conducción de estos aparatos bajo efectos de alcohol o sustancias alucinógenas, “toda vez que la suspensión de la licencia no sería aplicable a quienes no la posean y el control de la embriaguez no alcohólica hoy carece de reglamentación”.