¿Qué pasará con el mercado de carros y motos en Colombia si sale adelante decreto que sube los precios?

Lugo de conocerse el borrador del decreto con el que el Gobierno del presidente Gustavo Petro busca imponer aranceles del 40 % y el 30 % a los carros y motocicletas importadas, y que funcionen con motores a gasolina o diésel, se han conocido reacciones que rechazan esta iniciativa y que la califican como una medida “improvisada” y nociva para la economía de los hogares colombianos.

Uno de los sectores que manifestó su preocupación por este proyecto fue el de los comerciantes, quienes a través de la Federación Nacional de Comerciantes de Colombia (Fenalco) dejaron ver su preocupación por esta iniciativa.

Jaime Alberto Cabal, presidente del gremio, señaló que este borrador de proyecto, lejos de atraer la inversión extranjera, siembra dudas sobre la seguridad jurídica del país y desincentiva la llegada de capital a la economía nacional.

“En lugar de emprender iniciativas improvisadas, si Colombia realmente quiere atraer inversión masiva, no solo en el sector automotor, sino en cualquier ámbito estratégico, el Gobierno debería garantizar estabilidad jurídica, reglas claras, estables y confiables. Medidas de este tipo generan incertidumbre, desincentivan la llegada de capital extranjero y debilitan las decisiones de inversión nacional. La inversión extranjera directa ha venido cayendo justamente por la falta de previsibilidad y la constante modificación de normas y cargas”, afirmó el vocero de los comerciantes.

Asimismo, agregó que un aumento al 40 % del arancel impactará el costo de vehículos y motocicletas de combustión, que siguen siendo los más accesibles para la mayoría de colombianos.

“Esto podría traducirse en precios más altos y menor dinamismo en un sector que hasta ahora se está recuperando. Una vez más, el Gobierno nacional evidencia una postura adversa frente al empresariado y frente a un sector que aporta significativamente al empleo, la inversión y el crecimiento del país”, concluyó Cabal Sanclemente

Por su parte, desde la Asociación Nacional de Movilidad Sostenible (Andemos) han indicado que aunque el Gobierno busca la modernización del parque automotor con dicho decreto, esta tendrá un efecto contrario que terminaría por demorarla aún más.

“El decreto castiga el origen de los vehículos e impone barreras al libre comercio. No hay justificación técnica ni económica para tomar una decisión que encarezca los precios, limitar la oferta y afectar la libre competencia en el sector automotor”, señaló Andrés Chaves, presidente ejecutivo de Andemos.

“Esta medida, carente de sustento técnico y económico, no responde a una política pública coherente ni a criterios ambientales verificables. En la práctica, penaliza el origen de los vehículos provenientes de países sin tratados de libre comercio con Colombia, afectando la libre competencia, el comercio internacional y el bolsillo de los consumidores” agregaron desde la Asociación.

Según la asociación, al aumentar el arancel a las motos y vehículos con motores a gasolina o diésel, no solo se verán afectados los precios de los automotores, sino que terminará por afectar toda la cadena asociada a este sector económico.

“El incremento arancelario supone un retroceso para la modernización del parque automotor, al desincentivar la compra de automóviles nuevos, seguros y con mejores estándares ambientales. Además, impacta a fabricantes de países con larga tradición comercial como Japón y a otros con los que Colombia busca fortalecer vínculos económicos como China", señalaron desde Andemos.

Se espera entonces que luego de conocer las diferentes posiciones que ha provocado este borrador de decreto, el Gobierno atienda la sugerencias de los diferentes sectores para encontrar una solución que no permita el incremento de los precios de carros y motos a través de nuevas tasas arancelarias.

“La Asociación hace un llamado respetuoso al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para reconsiderar el alcance del decreto y abrir un espacio de diálogo técnico que garantice decisiones basadas en evidencia y que estimulen la sostenibilidad, libre competencia y beneficio para el ciudadano”, indicó Andemos.