SuperTransporte pide reforzar medidas contra el servicio de transporte informal; hay malestar en el gremio

La Superintendencia de Transporte emitió una circular en la que reiteró el llamado a las autoridades locales para que aumenten y refuercen las medidas para combatir la prestación informal de servicio de transporte. De hecho, se ha logrado identificar que algunas autoridades locales tienen ciertas fallas a la hora de aplicar las normativas que están vigentes en la ley.

En ese sentido, recordó que están estipuladas acciones y sanciones muy claras para los conductores que prestan este servicio sin contar con una autorización previa y de acuerdo a las reglas. Las leyes 336 y 769 buscan regular el servicio de transporte y en ellas se establece que los vehículos particulares deben tener ciertas consecuencias si realizan esta práctica.

La entidad fue clara al advertir a las autoridades locales la importancia de aplicar estas normativas, así como adoptar las medidas que sean necesarias para lograr que este tipo de situaciones disminuyan y todos los conductores de vehículos particulares acaten la ley. Además, destacó la importancia de que exista una estricta vigilancia.

La SuperTransporte busca garantizar este servicio en todo el país con las condiciones legales, protegiendo al mismo tiempo a los usuarios y a los trabajadores que cumplen esta función dentro de las normativas.

Rechazo a la decisión

La circular desató nuevamente un debate sobre esta problemática en Colombia, por lo que muchas voces se pronunciaron en rechazo. Alianza In Colombia, gremio de aplicaciones e innovación, aseguró que a través de esta circular se va a intensificar la persecución contra los conductores de vehículos particulares que trabajan por medio de las plataformas.

En ese sentido, el gremio aseveró que la única solución que ellos encuentran es la de regular, más no prohibir este tipo de servicios.

“Es increíble que en pleno 2024, una entidad del gobierno nacional presione a las autoridades locales para que persiga conductores que operan a través de apps, quienes hacen parte de la economía popular”, afirmó José Daniel López, director de Alianza In Colombia.

El dirigente recordó que en la mayoría de países de Latinoamérica ya se encuentra regulada esta actividad, señalando que Colombia se está quedando en los últimos lugares en esta tarea en la región.

De igual manera, afirmó que este tipo de medidas tienen un profundo impacto social y económico, pues solo el año pasado fueron más de 1,3 millones de cuentas las que prestaron uno o más servicios de movilidad con vehículo particular a través de apps. Además, señaló que más de 22,1 millones de cuentas tomaron dichos servicios.

“La reciente circular de la Superintendencia de Transporte genera un ambiente de inseguridad y hostilidad hacia los conductores que trabajan honestamente apalancados en la tecnología”, manifestó el director del gremio.

Adicionalmente, en 2023, la Corte Suprema de Justicia advirtió que en estas plataformas digitales se concreta el derecho humano a la ciencia y la tecnología. Una solución es la implementación de regulaciones adecuadas y justas que no busquen la persecución de quienes utilizan nuevas tecnologías para ofrecer servicios que la mayoría de ciudadanos prefiere.

Por último, el gremio de aplicaciones e innovación hace un llamado al gobierno nacional, al Congreso de la República y a los entes territoriales para que pongan a conductores y usuarios en el centro de sus decisiones sobre este tema, apostándole a la regulación, no a la persecución.

De igual manera, Samai Camacho, presidente de Conduapps, otro gremio que conductores de plataformas de movilidad, mostró su inconformismo asegurando que de esta manera se perpetúa la persecución contra estas personas que solamente buscan conseguir ingresos para sus familias.

Al tiempo, Camacho destacó un proyecto liderado por Juan Daniel Oviedo en el Concejo de Bogotá que tiene como objetivo llegar a una reglamentación para frenar los supuestos abusos contra los conductores de plataformas de movilidad.

“La propuesta busca eliminar el abuso que ejerce el Estado contra la actividad que desarrollamos, el cual ha generado una vulneración constante a nuestros derechos y les ha arrebatado a los ciudadanos la posibilidad elegir libremente en qué movilizarse. Por lo tanto, el proyecto establece disposiciones que permitan evitar que los agentes y autoridades de tránsito incurran en prácticas al momento de imponer comparendos por la infracción D12″, destacó.