Colombia, el único país de Latinoamérica que mantiene la cruel práctica de la mutilación genital femenina: proyecto de ley busca erradicarla

A Claudia Queragama la mutilaron cuando nació. Tenía apenas un par de días de vida cuando la apartaron de su madre para practicarle uno de los procedimientos más viles a los que se puede someter a una bebé, a una niña y a una mujer: la mutilación genital femenina. Hoy Claudia tiene 28 años y es madre de dos, Dinal, de siete, y Nicol, de tres años. Desde hace aproximadamente seis años vive en Bogotá, pero creció en el Chocó, entre la comunidad embera katío, en el resguardo indígena UPI, La Florida, donde viven alrededor de 500 indígenas.

Claudia se empezó a dar cuenta de que algo con su cuerpo no estaba del todo bien en 2007, año en el que la abogada especializada en derecho constitucional e indígena embera Patricia Tobón se acercó a la comunidad de Claudia para hablar con algunas parteras y mujeres sobre la ablación genital a las que eran sometidas las niñas indígenas. Pero no fue hasta 2012, cuando Claudia, de 15 años, entendió lo que le habían hecho a ella y al resto de niñas en su comunidad. “Yo veía que en el territorio fallecían muchas niñas y me preguntaba: ¿por qué morían las niñas y no los niños?”. No fue hasta que en una clase de educación sexual en la escuela de su resguardo se dio cuenta de que algo faltaba. “Yo miraba las fotos y decía: ‘Yo, por qué no tengo eso’ y ahí entendí que me habían hecho esa ‘práctica’. Pero yo no me atreví a preguntar, yo solo escuchaba”.

“Eso” que le hace falta a Claudia en su cuerpo son su clítoris y sus labios vaginales. En eso consiste la mutilación genital femenina, en la extirpación total o parcial de los genitales externos de la mujer u otras lesiones en los órganos genitales femeninos con fines no médicos. De acuerdo con Unicef, 230 millones de mujeres y niñas en todo el mundo han sido víctimas de esta práctica, muchas de ellas antes de los 15 años.

Colombia es el único país de América Latina en el que todavía se mantiene esta costumbre que constituye una violación de derechos humanos. De acuerdo con Juliana Domicó, consejera mayor de la Confederación Nacional de la Gran Nación Embera, esta práctica es ajena a la cultura y tradiciones originarias indígenas y se empezó a adoptar luego de la imposición cultural producto de la colonización española. Previo a su llegada, los rituales de “equilibrio” entre los integrantes de la comunidad se realizaban a través de baños con plantas medicinales y no involucraban ningún tipo de mutilación contra las niñas y las mujeres. De acuerdo con Domicó esta práctica fue impuesta como una forma de control a la sexualidad femenina para fomentar la creación de “familias armoniosas”.

Aunque este grave procedimiento o ‘curación’, como se le sigue llamando entre algunos indígenas, se lleva realizando desde hace más de 500 años en el país, no fue hasta 2007 cuando dos niñas embera murieron desangradas en el departamento de Risaralda y la prensa nacional empezó a hacerle seguimiento. La mutilación genital femenina se practica mayoritariamente en esta comunidad indígena, pero también hay registros entre los nasa.

A partir de ese año, organizaciones regionales y nacionales se han unido para erradicar la mutilación genital femenina y gracias a esos esfuerzos se ha empezado a recabar información sobre esta práctica nociva, la cual se presume ocurre principalmente en Risaralda, uno de los 19 departamentos donde están asentados los indígenas embera. Aunque no existen datos exactos, según el Instituto Nacional de Salud, los casos sospechosos de mutilación genital en menores de edad en Colombia son: en 2020, diez casos; 2021, siete; 2022, cinco; 2023, 90, y 2024, 39. Estas cifras no reflejan la situación real, dado que muchos casos no son reportados o son ‘escondidos’ por los familiares de las niñas por miedo a ser judicializados. Según Domicó, los casos más recientes de los que fue informada se llevaron a cabo contra dos bebés en el campamento que tenían los embera en el Parque Nacional de Bogotá a finales de 2024.

Práctica sin consentimiento

Diana Mosquera es médica pediatra y desde hace cuatro años trabaja en el Hospital San Jorge en Pereira. En conversación con SEMANA, Mosquera reveló que este centro de salud recibe aproximadamente 30 pacientes cada año que han sido sometidas a este procedimiento, y frente a las niñas reciben “al menos una cada mes, en este momento incluso hay dos. Es algo que vemos regularmente”, asegura.

Mosquera, además, afirma que la mayoría de las mamás que llevan a sus hijas a consulta dicen que “nunca supieron cuándo se la hicieron, que no saben por qué le hicieron eso a sus hijas. Incluso, muchas mamás no saben que fueron víctimas de esta práctica hasta que llegan al examen físico y les comentamos que tienen una mutilación. Muchas de ellas nunca dieron la autorización para que se las hicieran”.

El testimonio de Mosquera resuena con la historia de Claudia, quien no solo es sobreviviente a la mutilación genital, sino también Nicol, su hija de tres años. “Cuando a mi hija le hicieron eso, ella empezó a tener muchas infecciones. A ella le hicieron eso a los dos meses, yo no tenía conocimiento, a mí me la entregaron así, empezó a tener muchas bacterias, ella lloraba mucho en la noche, fue algo terrible, yo no quiero ver a más niñas que pasen por eso, niñas inocentes que no tienen por qué sufrir”, asegura.

A la fecha, Claudia no sabe quién mutiló a su pequeña hija, pero es consciente de que Nicol será la última del linaje femenino de su familia que se someterá a esta práctica. Mientras tanto, la pequeña Nicol sigue sufriendo los efectos negativos de este procedimiento, su madre ha tenido que llevarla a varias citas médicas debido a recurrentes infecciones vaginales.

Al respecto, Mosquera asegura que las consecuencias que trae la mutilación genital femenina en la parte física van desde hemorragias que llevan a la muerte, lesiones en la uretra, retención urinaria e infecciones recurrentes de la vía urinaria y anorgasmia. A nivel psicológico se presentan estrés postraumático, depresión y ansiedad. Aunque Claudia asegura que ella no cree tener ninguna afectación psicológica por cuenta de la mutilación a la que fue sometida al nacer, sí afirma que todavía siente mucho dolor en esa zona de su cuerpo, “es algo que siempre me duele”.

Como médica pediatra, Mosquera señala que un camino para poder erradicar la mutilación genital femenina, la cual “es un signo de maltrato infantil y de violencia sexual”, es visibilizándola y haciéndole seguimiento, especialmente entre los profesionales de la salud, quienes “nos debemos capacitar y entrenar para detectarla”. Una situación difícil, si se tiene en cuenta que la mayoría de las niñas víctimas de esta práctica nunca son llevadas al médico y, de hacerlo, no entran a consulta por esta condición específica, sino por otras afecciones de salud relacionadas.

Un camino para salvar a las niñas

Bajo esa realidad y con el propósito de garantizar una vida libre de violencias y proteger los derechos de las niñas y mujeres en Colombia, varias congresistas de diversos partidos se han unido para erradicar esa práctica a través de un proyecto de ley, que ya ha pasado dos de los cuatro debates necesarios para que se convierta en ley. Jennifer Pedraza, representante a la Cámara del Partido Dignidad y Compromiso y una de las ponentes del proyecto, señala que la lucha contra la mutilación genital femenina es una batalla que están dando activamente las mujeres indígenas en el país, pero que lo están haciendo “solas sin recibir el apoyo del Estado colombiano”.

Por ello, el proyecto, en el que también se encuentran Alexandra Vásquez y Carolina Giraldo, plantea una “intervención articulada entre el Ministerio de Educación, de Salud, Consejería Presidencial de la Mujer y los pueblos indígenas para ir a esas comunidades y empezar a concientizar sobre el tema”, asegura Pedraza. La representante afirma que declarar como un delito a esta práctica solo logrará que las personas prefieran “dejar morir a las bebés antes que asistir al sistema de salud por el miedo a que se les judicialice”. Por ello, el proyecto busca trabajar de la mano con las comunidades y promover el fomento de recursos para su educación y su salud.