Son niñas, no esposas: Colombia, a un paso de abolir un artículo creado hace más de un siglo que permite el matrimonio infantil

Cuesta trabajo creerlo, pero es verdad: el artículo del Código Civil que dio vía libre al matrimonio infantil en el país fue expedido hace 137 años. Era 1887 y aún olía a nueva la Constitución Política de una Colombia rural y profundamente religiosa y camandulera.

Pero ese artículo aún está vigente. No se entiende aún por qué. Naciones Unidas, que vela por los derechos de la niñez, califica esas uniones como “violaciones a los derechos humanos”. Y le recuerda a Colombia, desde hace varios años, que uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU implica que para 2023 los Estados ya debían tener eliminadas “todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, precoz y forzado”.

Y pese a que el organismo internacional no cuenta con datos de los últimos dos años, sus estadísticas apuntan a que el 73,4 por ciento de las niñas casadas, siendo menores de edad en el país, habían terminado unidas a hombres que eran, al menos, 20 años mayores que ellas.

Ahora, en 2024, luego de ocho intentos por lograr su abolición mediante el Congreso, el país decidió dar el difícil debate y está a punto de ‘chulear’ esta tarea pendiente a través del proyecto de ley ‘Son niñas, no esposas’.

Con esta iniciativa, que impulsa la congresista Jennifer Pedraza, del movimiento político Dignidad y Compromiso, se busca eliminar el Matrimonio Infantil y las Uniones Tempranas Forzadas (MIUTF).

Las cifras son preocupantes: un reciente informe de Unicef, de septiembre de 2023, muestra que en Colombia se casaron 198 menores de edad, solo en 2021. Profamilia, a su vez, recogiendo datos de la Superintendencia de Notariado y Registro, sostiene que en los últimos tres años se han celebrado unos 1.400 matrimonios en los que uno de los contrayentes era menor de 18 años.

Pero el pasado miércoles, en la Comisión Primera del Senado se aprobó el tercer debate de este proyecto. Y las apuestas muestran que, pese a las diferencias políticas, garantizar que los niños del país no se casen, aunque tengan el consentimiento y la bendición de sus padres, unió votos tanto oficialistas como de la oposición. Ahora, el articulado quedó en manos de la plenaria del Senado.

Marta Royo, directora ejecutiva de Profamilia, recuerda que desde 2007 se ha buscado en el país un cambio en el Código Civil para que no se permita más el matrimonio infantil. Ahora, tras varios proyectos “que en el pasado no lograron ni siquiera ser discutidos, podemos afirmar que finalmente se está logrando afianzar un compromiso de los congresistas con la protección y garantía de los derechos de las niñas, niños y adolescentes”.

Colombia entonces, dice en SEMANA, “está a punto de saldar una deuda histórica con los derechos de las niñas y adolescentes y entrar al grupo de países que ya han ajustado sus legislaciones y adoptado medidas para erradicar esta práctica nociva”.

Una de las impulsoras de esta iniciativa es Ángela Anzola, directora de la Fundación Plan, organización que acompaña y previene situaciones de violencias a niños y adolescentes. lo considera una suerte de “blindaje” en términos de reglamentación.

Pero si el proyecto logra convertirse en ley, el camino que resta es aún largo. Lo que sigue, como tarea urgente, es fortalecer la pedagogía dirigida a los niños de Colombia en materia de derechos, vida sexual y reproductiva, y capacidad de garantizarles acceso al sistema educativo.

Así lo cree también Royo, quien apunta a que la nueva ley “deberá acompañarse de acciones que impulsen los cambios sociales que lleven a desnaturalizar estas prácticas, permitan empoderar a las niñas, niños y adolescentes sobre sus derechos sexuales y reproductivos, y generen oportunidades para que puedan cumplir sus sueños y proyectos de vida de manera libre, digna y segura”.

Con enfoque de género

En opinión de Catalina Escobar, presidenta de la Fundación Juan Felipe Gómez, Juanfe, entidad que empodera a madres adolescentes y que busca contribuir a la transformación social en Latinoamérica, el mayor impacto del matrimonio infantil lo han sentido las niñas. “Desde hace años se ha demostrado la correlación entre niñas que estudian versus el desarrollo de un país, como también el alto impacto que tiene el embarazo adolescente”, dice.

Asegura que cuando una niña menor de 18 años queda embarazada, “se convierte en un problema de política pública en salud porque aumentan los casos de enfermedades asociadas al embarazo. Aumenta la mortalidad materna y los riesgos asociados al neonato y eso le cuesta al Gobierno, eso nos cuesta a todos en el sistema general de salud. No hay derecho a que una niña no pueda cumplir sus sueños por convertirse en mamá”, resalta Escobar en SEMANA.

Y menciona que por medio de la Fundación Juanfe se han hecho evaluaciones de impacto en centros penitenciarios del país. “Nos dimos cuenta de que el 43 por ciento de las personas privadas de la libertad son precisamente hijos de madres adolescentes. Es decir, está correlacionado el embarazo adolescente con la violencia”, agrega.

Explica que el embarazo adolescente “hoy está sobre el 16 ciento. Somos el segundo país de la región, después de México”.

En este punto, Anzola considera que este es un proyecto con enfoque de género: “Aunque también hay niños casados siendo menores de edad, el problema afecta especialmente a las niñas, que terminan en contextos de violencia sexual y de género”.

Y hay cifras: en Colombia, únicamente apenas el 8,1 por ciento de los matrimonios con menores de edad involucran un niño; casi el 92 por ciento son niñas.

Marta Royo explica que el MIUTF se ha convertido “en una práctica que se ha naturalizado en muchos entornos sociales y culturales de Colombia, especialmente en las zonas rurales, que acarrea múltiples formas de violencia”.

Tatiana Salazar, trabajadora social en Boyacá, relata el doloroso caso de una niña de solo 15 años a quien obligaron a casarse con un reconocido esmeraldero, de quien se sabía que ya se había casado con otras menores de la región. “En estos casos, se creería que la familia se opondría a una aberración así. Estamos hablando de un señor de casi 50 años. Pero el papá de la menor, un campesino viudo, lo veía de otra manera: aseguraba que serviría para que la niña tuviera una vida mejor que la que él mismo pudo darle. Entonces, luchar contra esa cultura es muy complicado, sobre todo en la ruralidad”.

Lo que muchos se preguntan es ¿por qué el país ha aplazado durante tantos años la discusión? Catalina Escobar arroja luces: “Lo que pasa es que como los niños no votan, los adultos pueden hacer lo que quieran. En este tema creo, inclusive, que hay un subregistro en los matrimonios infantiles. Es de aplaudir que como país tengamos esta discusión, porque al final lo que necesitamos es que el Estado de derecho escuche a la población y sus necesidades. Y en esto lo que debe primar son los derechos de los niños, niñas y adolescentes”, concluye la experta.