Marihuana, disidencias y Bacrim: el temor regresa a las montañas del Norte del Cauca

“Las montañas… El verde que se pierde en la inmensidad de la cordillera”. Eso es lo que más le gusta al reportero gráfico Jorge Orozco cuando se dirige hacia el Norte del Cauca, un generoso corredor natural que ha servido históricamente de refugio para grupos armados ilegales desde los años sesenta. Orozco es payanés y reconoce que una de las zonas más complejas de cubrir durante el conflicto armado ha sido esta. “La violencia ha sido muy fuerte en este territorio. A uno le daba temor, pero varis veces me correspondió ir a cubrir las tomas guerrilleras y los combates con el Ejército”.

El Norte del Cauca es una amplia zona montañosa con más de cien mil hectáreas, entre los municipios de Corinto, Miranda y Toribío. Justamente la zona que ha sido llamada ‘El triángulo de oro del cannabis’. Es en este territorio donde se produce la Creepy, una de las variedades de marihuana más potentes y apetecidas en el mundo.

Orozco dice que uno de los espectáculos más bonitos, pero también más bizarros de la zona, es cuando anochece y la montaña se enciende como si fuera un pesebre navideño. Cientos de cultivos hidropónicos que se alzan en la montaña, alimentados con plantas de energía, confirman un secreto a voces: este territorio está plagado de cultivos de marihuana hasta donde el ojo pueda llegar y la convierten en la zona con alta densidad de sembrados de cannabis en Colombia.

Aunque se creía que con la firma del proceso de paz entre el Gobierno y las Farc el Norte del Cauca tendría un respiro a los años de violencia, la realidad se ha estrellado de frente con las esperanzas de los habitantes de estos municipios. El año termina con los asesinatos de cuatro líderes campesinos, incluyendo un gobernador de cabildo, máxima autoridad indígena. Justamente, el primero de esta trágica lista fue Edwin Dagua Ipia, gobernador indígena del resguardo Huellas, en zona rural de Caloto. Un líder social de la zona contó que un grupo de hombres armados sacó de su vivienda a Dagua Ipia y se lo llevó a la vereda El Trébol, sobre la vía que comunica con Toribío. Allí le dispararon.

Unas horas más tarde se conoció el asesinato de Luis Prado, comunero Nasa, quien fue acribillado en El Palo, corregimiento de Caloto, muy cerca de donde fue ultimado el gobernador indígena. Dos días después, para enrarecer aún más el ambiente, fue asesinado Gilberto Antonio Zuluaga, reconocido defensor de los Derechos Humanos e integrante de la Asociación de Trabajadores Campesinos de Corinto, en plena zona urbana de este municipio. Estaba esperando un bus. Zuluaga también hacía parte de la Guardia Campesina del Cauca y del movimiento político Marcha Patriótica. Deivin Hurtado, integrante de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria, Fensuagro, contó: “el compañero estaba en el paradero donde salen las chivas que llevan a la gente hacia el corregimiento Los Andes, frente a la panadería Don Camilo, entonces esperaba para abordar un vehículo para desplazarse a esta población porque allí vive, cuando un delincuente se le acercó rápidamente y le disparó en la cabeza, luego huyó del sitio, posiblemente era esperado por un motociclista”.

La trágica semana decembrina terminó con la muerte en Cali de Víctor Hernández Chabez, un joven de 19 años que -dicen- estaba haciendo sus primeros pasos como líder comunitario y quien había sufrido un atentado en la vereda El Tablón, de Corinto.

La ansiada paz que se esperaba hoy parece un espejismo en el Norte del Cauca. La violencia está desbordada y las comunidades se preguntan, ¿quién está detrás de esta ola de asesinatos de líderes sociales?

Una zona sin control

El senador Feliciano Valencia es uno de los principales líderes indígenas de este departamento y en diálogo con SEMANA RURAL dijo estar alarmado por lo que está sucediendo en el territorio.
 

«Después del gobierno de Uribe Vélez nunca habíamos sentido tanto la muerte encima. Llevamos contados 42 muertos en lo que va de este gobierno de Duque, eso es mucho. En lo corrido del 2018 nos han matado 102 compañeros, entre ellos a tres autoridades indígenas, dos en Nariño y ahora nuestro amigo Edwin Dagua, del Resguardo Huellas».
 

Es difícil mantener la tranquilidad en este corredor montañoso. En el triángulo norteño se estima que viven más de 100 mil personas, la mayoría en zona rural, y un gran porcentaje deriva el sustento de la economía ilegal proveniente del narcotráfico. Aquí no hay industrias, no hay empresa privada y los incipientes negocios son tiendas de abarrotes que surten a los cultivadores. El Cauca es uno de los cuatro departamentos de Colombia con más alta densidad de sembrados de coca, amapola y marihuana. El departamento aporta el 9 por ciento de los cultivos de cannabis en Colombia, es decir, unas 12.596 hectáreas están sembradas con la ‘apetecida’ Creepy, de acuerdo con el reporte del Sistema de Monitoreo de Cultivos Ilícitos, Simci.

La ecuación económica es muy sencilla: para sacar un bulto de papa hasta Popayán es necesaria una proeza de varias horas, con posibilidad de pérdida económica por los altos valores del transporte; la marihuana, en cambio, la compran en la misma parcela. A diferencia del proceso químico que exige la hoja de coca para transformarla en base, con la marihuana solo es necesario cortar la mata, extraer el moño y ponerlo en un costal. Además, con el descubrimiento de que con la luz eléctrica podían repotenciar la mata, los cultivadores han logrado tener cuatro cosechas al año y aumentar su tamaño. Para muchos es el negocio de la vida pues cuentan que una libra de moño de creepy se está vendiendo entre $40.000 y $50.000.

Este mercado irregular también tiene sus problemas. Después de que se desmovilizaron las Farc, explica un investigador conocedor de la zona y quien prefirió omitir su nombre, hay un descontrol en el que cada grupo armado que ha aparecido quiere ejercer presión y regular producción, venta y comercialización.

Precisamente, el senador Feliciano Valencia revela que desde hace varios meses han detectado la presencia de numerosos hombres armados que portan brazaletes del EPL, ELN y de las disidencias de las Farc.

«Lo que hemos notado es que se están reacomodando las fuerzas y se están disputando a toda costa el control de la industria del narcotráfico. Como pueblo indígena nosotros hemos dicho que tenemos el mandato de que en nuestro territorio hay que ejercer un control y por eso hemos hecho varios retenes con la guardia indígena».

Esa situación ha conducido a que la guardia haya decomisado base de coca, marihuana. También han incautado armas y hasta se ha aprehendido a algunas personas. Esta actitud, al parecer, es la que ha puesto a los líderes sociales en una situación de alta vulnerabilidad.

La violencia en esta zona montañosa del país es cuento viejo. Los Frentes sexto, octavo, sesenta y la columna móvil Jacobo Arenas de las Farc tuvieron un amplio accionar violento. Basta recordar que Toribío, con más de 600 hostigamientos en 30 años de conflicto, fue uno de los municipios del país con más tomas por parte de la guerrilla. Pero también hay presencia de bandas criminales y reductos narcoparamilitares como las Águilas Negras. Según dicen en la zona, el gobernador del cabildo asesinado habría recibido un panfleto, presuntamente de este grupo, en el cual lo amenazaban de muerte.

Las alarmas están encendidas porque justamente antes de Navidad, desde una camioneta blanca y una motocicleta de alto cilindraje que se movilizaban sobre la vía que conduce del municipio de Caloto hacia Corinto, arrojaron panfletos con el logo de las Águilas Negras, donde se les anuncia a los cabildos indígenas del Norte del Cauca que “empezó la hora de la limpieza con esa manada de sapos hijueputas que no quieren dejar trabajar, tenemos mucha información de ustedes que están haciendo compromisos con gente del gobierno. Quieren guerra, la van a tener y empezarán seguir pagando muy caro”.  A continuación, el grupo delincuencial le pone precio a la vida de gobernadores, capitanes, guardias y alguaciles indígenas.

Representantes del Cabildo Indígena López Adentro, de Caloto, rechazaron las intimidaciones e hicieron un llamado a los diferentes organismos de Derechos Humanos a fin de garantizar el derecho a la vida, a la integridad personal y comunitaria de los habitantes de los territorios y en especial de los líderes, guardias y autoridades tradicionales. “Dejamos claro a quienes quieren desestabilizar los procesos, que se equivocan al señalar nuestros líderes y autoridades, porque son las comunidades de base las que han dejado claro la defensa por los territorios y la vida”, indicaron.

Ante la tensa situación que hoy se vive, Olmes Wilson Valencia Bicué, líder del pueblo Nasa y gobernador del Resguardo San Lorenzo de Caldono, responde que estas amenazas son un claro indicativo de que la paz está incompleta en el territorio caucano porque si bien las Farc ya no están operando, el desmonte del paramilitarismo brilla por su ausencia. “Mire el caso de Los Pelusos, de las Águilas Negras, los Gaitanistas. Mientras el Estado colombiano no desmonte estas estructuras, las masacres de los líderes sociales o de quien piense distinto van a seguir sucediendo”. Con respecto a los enfrentamientos que se están dando por la presencia de cultivos ilícitos, su control y comercialización, nuevamente enfila sus críticas hacia el Estado y advierte que la sustitución de cultivos no se ha realizado, “entonces los que han penetrado son otros actores armados en favor de la mafia. Pienso que esto es lo que está trayendo violencia a nuestro territorio”.

Francisco Calderón, comunicador y analista de la violencia en este departamento, explica que existe una situación muy compleja en los municipios de la parte norte y oriente, como Santander de Quilichao, Puerto Tejada, Corinto, Miranda, Jambaló, Inzá y Totoró, entre otros, donde el sexto frente de las Farc no ingresó por completo en la desmovilización y quedaron varias estructuras de milicias y guerrilleros de mandos medios a la deriva.

 

«Aquí se han formado grupos que se autoproclaman como herederos de las ideas de Manuel Marulanda Vélez y anuncian que van a retomar las banderas de lucha de las Farc. A esto hay que sumar la gran cantidad de cultivos de marihuana que es la actividad que permite el accionar de estas estructuras».
 

FRANCISCO CALDERÓN, comunicador y analista

El analista concluye que, como allí se concentran la mayoría de cabildos y resguardos, se genera una gran presión entre los nativos y estas facciones que intentan expulsar de sus territorios. Esto provoca venganzas, amenazas y todo el entramado de violencia que está afectando a esta zona del país. Incluso, delitos como el secuestro, que habían desaparecido, han ido en aumento en esta región. Por lo general se trata de medianos comerciantes e industriales que viven en el norte del Cauca y sur del Valle. El último caso registrado por las autoridades ocurrió el pasado 5 de diciembre, cuando cinco hombres encapuchados y fuertemente armados llegaron a una casa finca de la vereda La Agustina, en Santander de Quilichao, y se llevaron a la fuerza a Dílmar Edgardo Gómez, un joven de 19 años, estudiante de medicina de la Universidad Javeriana de Cali. Unos días antes, también en la misma zona había sido plagiado otro joven llamado Carlos Enrique Rojas. Ambos jóvenes habrían recuperado su libertad en el más completo sigilo y sin intervención de las autoridades.

¿Vacío de poder?

La más reciente investigación del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, sobre grupos armados ilegales y conocida por SEMANA RURAL, advierte que uno de los grupos  más activos en esta zona del país es el conformado por antiguos miembros del sexto frente de las Farc y que estuvo liderado por Samuel Javier Yotengo Yafué, alias Mordisco, quien abandonó el punto transitorio de Monterredondo, localizado en la zona rural entre los municipios de Miranda y Corinto. Aunque Mordisco fue capturado en mayo de este año, dejó el mando a alias Mayin Boo, lo que ha incrementado la violencia en la zona, de acuerdo con la misma comunidad.

Se calcula que este grupo podría tener unos 200 hombres armados y opera en los municipios de Miranda, Corinto, Toribío, Caloto, Buenos Aires, Caldono y Morales. Entre sus acciones se encuentran el impuesto a la pasta de base de coca, minería ilegal, secuestros, tráfico de drogas, amenazas por medio de panfletos, retenes ilegales y el control sobre los ríos Cauca, Palo y Quilichao. Incluso, la Fiscalía ha establecido que han hecho operaciones conjuntas con la compañía Milton Hernández Ortiz, del Frente Manuel Vásquez Castaño, del ELN.
 

SEMANA RURAL también conoció el ‘Informe especial de riesgo: violencia y amenaza contra los líderes sociales y los defensores de los derechos humanos’, de la Defensoría del Pueblo, en el que se advierte que “la dinámica de la confrontación armada en el departamento del Cauca se encuentra estrechamente vinculada con los conflictos por la tierra y el territorio, elementos que tienen profundas raíces históricas y que han configurado órdenes sociales excluyentes para las comunidades indígenas, afrodescendientes, y campesinas, las que a su vez han desarrollado procesos organizativos para reivindicar el acceso a la tierra”.
 

El informe de la Defensoría del pueblo explica que los grupos armados han pretendido intervenir y doblegar a los indígenas, y estos, en resistencia, se han opuesto públicamente manifestando su posición de independencia, asumiendo el costo de las agresiones y enfrentando los riesgos para la pervivencia de sus pueblos.

El organismo estatal también señala que “ha conocido información que daría cuenta de las acciones que desarrolla el ELN para copar las zonas que ha dejado la guerrilla de las Farc, con la pretensión de controlar los mercados ilegales de la droga en la región, facilitado por la precaria presencia estatal en el territorio. Sumado a ello, se conoce la presencia de presuntos grupos posdesmovilización que operan bajo diversas denominaciones: Águilas Negras, Águilas Negras Nueva Generación, Los Rastrojos, entre otros”.

En lo que coinciden varios analistas consultados es que en el Cauca está ocurriendo un fenómeno perverso.  La salida de las Farc de este territorio, paradójicamente creó una especie de ‘vacío de poder’. Anteriormente todo era controlado por este grupo, desde los tipos de cultivos, tamaños de hectáreas de siembra, hasta la compra y la comercialización. Todos debían negociar con las Farc y se lograban acuerdos de respeto con las resguardos y cabildos. Hoy hay una proliferación de grupos ilegales que quieren tomar el control y se pelean vereda por vereda, corregimiento por corregimiento, afectando a la población civil y a los líderes sociales que puedan interceder por ella. “Lo peor es que el Estado perdió la gran oportunidad de recuperar este territorio y lo que hoy se está padeciendo puede ser, incluso, peor de lo que se vivía antes”, indicó una de las fuentes consultadas.

Muchos comparan la situación con lo que ocurre en países fragmentados como Paquistán y Afganistán, donde los señores de la guerra se dividen y controlan territorios a su antojo. Temen que esta andanada violenta continúe ascendiendo por las montañas y el territorio se convierta en un temido ‘Caucanistán’, sin Dios ni Ley. La paradoja es que allí mismo, en 1984, se produjo la primera negociación de paz con un grupo guerrillero, el M-19. Y allí también muchos alcanzaron a sembrar ilusiones por el fin del conflicto con las Farc. La realidad terminó dando una bofetada en la cara de los optimistas. Como dice el senador y líder indígena Feliciano Valencia, con evidente desespero: “Estamos atrapados en el cruce de disparos de unos y otros y nosotros tratando de defender el territorio. Qué dolor”.

Mientras tanto Jorge Orozco, el reportero gráfico más laureado de la región, dice que sueña con volver al Norte del Cauca, pero ya no en el plan de cubrir masacres sino de disfrutar una tierra que pocos en su departamento se atreven a descubrir por el miedo a la violencia.

POR: Gerardo Quintero | Editor nacional
@Gerardoquinte