Hay preocupación en el sector empresarial, en especial en la producción de bienes. Por una parte, el incremento del 23 por ciento del salario mínimo golpea los valores establecidos para la contratación de quienes tienen este nivel salarial.
Pero, por otra parte, hay que sumar los costos en materia de servicios públicos, en especial gas importado, que ha venido en aumento ante el déficit que se registra en el país y la demora en la entrada de nuevos yacimientos, y energía, con el anuncio del Gobierno de aumentar tarifas para atender la situación de Air-e.
A esos factores se agrega un dólar débil que impulsa las importaciones de productos terminados. En ese contexto, muchos de los fabricantes en Colombia pierden competitividad, y las empresas pueden empezar a considerar, más que la producción, la comercialización.
