The BMJ, antes British Medical Journal, una de las revistas médicas más prestigiosas del mundo, en un artículo titulado ‘Cómo la política destruyó el modélico sistema de salud de Colombia’, se subraya lo que numerosos analistas nacionales han señalado: que el sistema de salud colombiano, pese a tener imperfecciones como todos los sistemas diseñados por humanos que por definición son imperfectos, contaba con virtudes que lo hacían un referente regional. Y que las reformas impulsadas por el Gobierno no solo no han corregido sus fallas, sino que han profundizado sus problemas, poniendo en riesgo la vida y el bienestar de millones de personas. Para dicha publicación, “En todo el país se han incrementado los plazos para la asignación de citas y la entrega de medicamentos. Las asociaciones de pacientes han multiplicado cartas, alertas y comunicados angustiosos reclamando que el Gobierno corrija el rumbo antes de que el sistema colapse por completo. Expertos y exministros han aportado argumentos técnicos sobre la inconveniencia de las reformas. En la EPS más grande del país, la Nueva EPS intervenida por el Estado, la crisis financiera es de tal magnitud que pone en riesgo todo el modelo de salud nacional… la afiliación a planes privados de salud ha aumentado un 17 %”.
Un hospital, una clínica, un centro de salud no solo son edificaciones: se convierten en plataformas de poder para la clase política. El director de cada una de estas instituciones deja de ser un especialista que ha llegado al puesto por sus competencias, sino una ‘ficha política’, el gamonal de turno, que decide qué medicinas y equipos llegan, qué falta, qué sobra, y sobre todo a quién atiende primero. En una salud estatizada y politizada cada contrato, cada asignación de cirugía o cuarto, cada compra de insumos, abre un abanico de discrecionalidad. El exministro Alejandro Gaviria ha señalado que “la reforma a la salud impulsada por el gobierno adolece de “ideología extrema” y falta de comprensión de la complejidad del sistema, recordando que los sistemas de salud tienen costos crecientes por envejecimiento poblacional y tecnología médica, y que esa realidad fue ignorada en el discurso oficial”.
Es difícil imaginar un fracaso mayor en materia de política social para un gobierno que enarbola la equidad como bandera que el de terminar ampliando la brecha entre quienes pueden costear un seguro privado y quienes deben resignarse a las filas, los retrasos, la escasez de medicinas y las restricciones de la sanidad pública”. “La salud no es un negocio”, repiten con insoportable pedantería los áulicos de este gobierno, escondiendo que en realidad lo que han buscado es convertir un sistema técnico y financiero complejo en un aparato político centralizado. Un analista señalaba: “Cuando el flujo de billones de pesos pasa por una sola caja pública, cuando las autorizaciones, giros y redes hospitalarias dependen de la arquitectura estatal, cuando las decisiones estratégicas ya no compiten entre múltiples actores, sino que se subordinan a un diseño central, la salud deja de ser un sistema y se convierte en un territorio de poder”.
La salud en Colombia, una red delicadísima de flujos: dinero, información, talento humano, medicamentos, infraestructura, no ha colapsado todavía, pero es inevitable que lo haga. Por ahora los afectados son las cirugías, las citas, los tratamientos oncológicos, y por supuesto la entrega oportuna de medicamentos. Reconstruir un sistema sanitario no es cambiar de gerente: es rehacer una red nacional de alta complejidad que mueve decenas de billones al año, coordina millones de atenciones y depende de confianza financiera milimétrica. La factura de reconstruir un sistema de salud va a ser la más alta económica y socialmente que este país haya tenido que pagar en décadas.
