A los colombianos nos gusta hablar mucho sobre la institucionalidad del país; decir que tenemos instituciones fuertes y que, gracias a ello, se ha mantenido la democracia y que los pesos y contrapesos todavía existen. Aunque mucho de lo anterior es verdad, a seis meses de finalizar el gobierno de Petro —llámese de izquierda o populista—, las instituciones están al límite: un poco más de tiempo y se pierde todo.
No solo ha sido un cambio de pensamiento o de ideología en las personas que han sido nombradas y ostentan el poder; se trata de un tema mucho más relacionado con competencias, forma de ver la vida y de abordar las soluciones. En muchos casos, lo que se ve da terror.
Existen numerosos ejemplos sobre la forma de actuar y de pensar de esta nueva Colombia, de estos nuevos funcionarios, en los que la lógica los lleva a sacar conclusiones totalmente contrarias, que afortunadamente —por la alternancia del poder— todavía no son mayoría y, por ende, la lógica sigue funcionando.
Uno de los casos más visibles es lo que pasa dentro de la Junta del Banco de la República. Como es natural, las posturas no tienen por qué ser iguales, pero sí deberían tener cierta correlación; no deberían ser, como lo fueron en la última votación, totalmente contrarias. A raíz del aumento desproporcionado del SMLV para el año 2026 y su consecuente aumento de la inflación, en la Junta de enero se debía definir la velocidad de la subida de la tasa de interés: si 50 pb o más. Sin embargo, la sorpresa fue que dos miembros de la Junta, aliados del Gobierno, votaran por bajar la tasa, algo totalmente contrario a la lógica económica. A ningún analista se le había pasado por la cabeza esa posibilidad. Afortunadamente, todavía hay mayoría —así sea estrecha— de sensatos en esa Junta.
Algo parecido está pasando en el Consejo Nacional Electoral, donde la representación de magistrados es política, de acuerdo con las votaciones, pero sus fallos deben ser jurídicos y ajustados a la normatividad vigente. Es increíble que la postura de los magistrados cercanos al Gobierno, en el caso de la participación de Iván Cepeda en una segunda consulta, sea totalmente contraria a la juridicidad. Cualquier persona, sin ser abogado, al leer la norma entiende que Cepeda no puede participar; ellos entendieron lo contrario. No voy a entrar en honduras de pensar si hubo presión o algo más para explicar esta contradicción; asimismo, muchos opinadores les dan la razón por argumentos salidos del orden jurídico, y lo hacen sin pena.
Hay muchos más casos como los anteriores en el Consejo de Estado, en la Corte Constitucional o en otras entidades. La ventaja hasta ahora es que en muchas de estas instituciones todavía no son mayoría; entonces no han logrado sacar adelante estos cambios de postura y de lógica.
Solamente la Cámara de Representantes y su Comisión de Acusaciones sí alcanzaron a permearse de esta nueva lógica contraria, o nueva realidad. Petro debió haber perdido la investidura apenas fue evidente que su campaña sobrepasó los montos permitidos y su contabilidad fue falseada; el artículo 109 de la Constitución Nacional lo dice claro. Pero, a hoy, esta Comisión de Acusaciones no ha empezado ni a revisar el tema, y ya estamos a menos de seis meses de que se acabe el Gobierno.
