La llegada del salario mínimo a los dos millones de pesos mensuales en 2026, incluído el auxilio de transporte, volvió a poner en el centro del debate el delicado equilibrio entre proteger el ingreso de los trabajadores y preservar la capacidad de las empresas para generar empleo formal. Aunque la medida impacta directamente a una fracción de los ocupados, sus efectos se extienden mucho más allá de quienes devengan el mínimo y ya empiezan a sentirse en los precios, la estructura salarial y las decisiones de contratación.

A nivel técnico, la evidencia económica muestra que incrementos significativos del salario mínimo suelen tener efectos inflacionarios. Así lo explica José Ignacio López, presidente de ANIF, quien cita el caso de México, en donde el aumento significativo del salario mínimo generó presiones inflacionarias que solo pudieron mitigarse con una reducción del IVA.

“La inflación es multicausal, no responde únicamente a salarios, pero cuando se logra aislar el efecto del aumento del salario mínimo, la relación entre ambas variables aparece de manera clara”, señaló López.

Ese impacto no se limita a los precios. Uno de los efectos menos visibles, pero más persistentes, es el cambio en la estructura salarial al interior de las empresas. Según López, incrementos altos del salario mínimo tienden a “compactar” la distribución de ingresos: los trabajadores que ganaban un poco más que el mínimo quedan anclados a ese umbral y los aumentos para quienes están por encima se moderan. El resultado: una mayor concentración de empleados alrededor del salario mínimo y un descalce de los salarios intermedios.

A este diagnóstico se suma la preocupación por la falta de correspondencia entre el aumento del salario y la productividad. Para Ana Fernanda Maiguashca, presidenta del Consejo Privado de Competitividad, el principal problema del incremento decretado es que no está respaldado por un aumento en la producción ni en los ingresos de las empresas. “Estamos incrementando la remuneración de una parte minoritaria de la población empleada sin que exista un aumento de productividad que permita absorber ese choque”, aseguró.

Esa presión sobre los costos, explicó Maiguashca, se transmite en cadena a toda la economía: empresas que contratan servicios más costosos, márgenes que se reducen y precios que suben cuando la demanda lo permite. En los casos en que no es posible trasladar el mayor costo al consumidor, el ajuste llega por otras vías. “El tejido microempresarial, que representa más del 90 % de las empresas del país, puede verse forzado a cerrar, a despedir trabajadores o a empujarlos hacia la informalidad”, afirmó.

En sectores específicos, el aumento puede acelerar procesos de automatización o deteriorar las condiciones laborales, como ya ocurre con el trabajo doméstico, donde proliferan contratos por días o no renovaciones.

Por su parte, la ANDI advirtió que el incremento genera riesgos significativos para la inflación, el empleo y las finanzas públicas, especialmente en un contexto que el propio Gobierno ha calificado como de emergencia económica.

Según estimaciones técnicas citadas por el gremio, cada aumento del 1 % en el salario mínimo implica cerca de 400.000 millones de pesos adicionales en gasto público. Para su presidente, Bruce Mac Master, se trata de una decisión adoptada “sin una concertación real y que termina trasladando los costos a pymes y empresas formales, con efectos negativos sobre la competitividad y la informalidad”, indicó.

Desde la academia, el diagnóstico apunta en la misma dirección. Óscar Becerra Camargo, profesor de Economía de la Universidad de los Andes y PhD en Economía del Vancouver School of Economics (VSE), explica que el aumento del salario mínimo eleva los costos de producción y obliga a las firmas a tomar decisiones difíciles.

Algunas intentarán trasladar el mayor costo a precios, generando inflación; otras verán reducirse sus márgenes de ganancia, lo que desincentiva la contratación formal y fomenta la informalidad o el desempleo. “Estas respuestas afectan especialmente a las empresas más pequeñas, que son mayoría en el país”, precisó.

Becerra Camargo también subraya un efecto indirecto clave: para compensar el aumento del salario mínimo, las empresas pueden moderar los incrementos salariales de quienes ganan por encima de ese nivel. De esta forma, el costo del ajuste no sólo lo asumen las firmas, sino también otros trabajadores. Además, advierte que los cambios recientes en política laboral, sumados al incremento del salario mínimo, pueden dificultar la creación de nuevos empleos y golpear con mayor fuerza a los jóvenes, que suelen tener menos experiencia y más barreras de entrada al mercado formal.

De esta forma, el aumento del salario mínimo se convierte en una pieza central de un engranaje complejo. Mientras el Gobierno lo defiende como una herramienta para mejorar el ingreso y dinamizar el consumo, economistas, gremios y centros de análisis advierten que, sin avances en productividad y sin una concertación amplia, el efecto dominó puede traducirse en más inflación, mayor informalidad y un mercado laboral aún más estrecho para quienes buscan su primer empleo. El reto, coinciden las fuentes, no está solo en el nivel del salario mínimo, sino en la capacidad del país para sostenerlo sin sacrificar empleo, competitividad y crecimiento.