En el programa El Debate, conducido por Yesid Lancheros, director de SEMANA, el procurador general Gregorio Eljach trazó un panorama amplio no solo del blindaje de las elecciones de 2026, sino del momento institucional que atraviesa el país. Su mensaje fue claro: hasta ahora no existen evidencias que permitan afirmar que el proceso electoral esté manipulado, pero la vigilancia debe ser permanente, técnica y conjunta, sin condenas anticipadas ni afirmaciones sin pruebas. Reconoció que cualquier ciudadano puede formular inquietudes sobre la transparencia electoral, pero advirtió que los señalamientos sin sustento no fortalecen la democracia.
Eljach explicó que la Procuraduría ha acompañado la contratación logística y tecnológica, incluida la revisión del código fuente del software electoral, cuya custodia fue confiada a la entidad como garantía adicional de integridad. Detalló que el análisis técnico, realizado por auditores especializados, permitirá establecer con rigor científico si existen inconsistencias e insistió en que hasta el momento no hay razones para hablar de fraude. Así mismo, defendió la articulación entre Procuraduría, Contraloría, Registraduría y Personería de Bogotá como un bloque institucional que, por primera vez, actúa coordinado para transmitir tranquilidad y derrotar la abstención.
Frente al clima político, el procurador marcó distancia de los señalamientos del presidente Petro, quien afirmó que los organismos de control mentían. Señaló que no es admisible deslegitimar a las instituciones y reiteró que defenderá el honor de la entidad que representa. Sostuvo que dudar puede ser sano si conduce a una mayor vigilancia, pero no a desconfianza sin fundamento.
En cuanto a la seguridad electoral, explicó que el diagnóstico no puede basarse en generalizaciones por departamentos, sino en puntos georreferenciados específicos donde se han detectado riesgos. Indicó que existen 208 puntos identificados con variables técnicas, pero aclaró que esto no significa que regiones completas estén comprometidas. “Confío plenamente en la Fuerza Pública para garantizar la jornada”, dijo, y diferenció la violencia estructural de amenazas concretas contra el proceso electoral, insistiendo en que no todo hecho violento impacta directamente a las elecciones.
También se refirió a la compra y venta de votos. Invitó a denunciar ante la Fiscalía y la Policía, recordando que existen mecanismos de anonimato y recompensas. En cuanto a la participación en política de funcionarios públicos, reiteró que el uso de recursos oficiales o de la nómina para inducir votos será objeto de sanción disciplinaria.
Más allá de lo electoral, el procurador se refirió a la crisis del sistema de salud, particularmente al traslado de afiliados a la Nueva EPS. Señaló que el debate no puede centrarse en el andamiaje jurídico de decretos, sino en el impacto real sobre la vida de los pacientes. Se mostró preocupado por la situación financiera y operativa de la entidad receptora y cuestionó si es viable aumentar significativamente el número de afiliados cuando ya enfrenta dificultades. Reiteró que las intervenciones estatales no pueden tener como propósito liquidar empresas sino salvarlas, y confirmó que la Procuraduría mantiene investigaciones y vigilancia disciplinaria sobre los interventores de EPS.
En cuanto a la paz total sostuvo que el Estado actúa de buena fe, pero que los grupos ilegales no siempre cumplen. Advirtió, además, que cualquier gobierno tiene la obligación constitucional de buscar la paz, aunque reconoció que pretender resolver décadas de violencia en pocos años es irreal. Invitó al Ejecutivo a evaluar qué metas se han cumplido y cuáles no, y planteó la necesidad de una continuidad responsable más allá de coyunturas políticas.
Finalmente, abogó por una reforma integral del código electoral, al que calificó de anacrónico frente a los avances tecnológicos, y defendió el concepto de paz electoral. La conclusión que dejó en El Debate fue contundente: el blindaje institucional no depende de discursos alarmistas, sino de controles técnicos, coordinación entre organismos, respeto entre poderes y una premisa fundamental: la democracia colombiana debe defenderse con hechos verificables, responsabilidad pública y garantías reales para los ciudadanos.
