Colombia ha convertido la elección presidencial en un acto de fe y la del Congreso en un trámite incómodo. Nos apasionamos con nombres, discursos y promesas, pero votamos el Legislativo con cansancio, desinformación o simple resignación. Ese desequilibrio, más emocional que racional, explica buena parte de nuestra frustración política: ningún presidente gobierna solo y ninguna democracia funciona sin contrapesos sólidos.
La política del “salvador” ha sido un atajo seductor. Permite canalizar la indignación, simplificar problemas complejos y depositar expectativas desmesuradas en una sola figura. Pero ese atajo tiene costos. Cuando la épica presidencial lo ocupa todo, el Congreso se vuelve paisaje; y cuando el Congreso se debilita, el poder se desordena. El resultado no es un cambio duradero, sino improvisación acompañada de aplausos intermitentes.
El actual gobierno de Gustavo Petro ha reforzado una narrativa peligrosa: la del cambio entendido como voluntad personal enfrentada a un sistema hostil. En ese relato, la crítica se interpreta como traición, el control como sabotaje y la institucionalidad como obstáculo. El problema no es ideológico —la democracia admite alternancias—, sino institucional: confundir la legitimidad electoral con un cheque en blanco. Gobernar no es agitar; gobernar es construir mayorías responsables, respetar las reglas y aceptar límites.
Ahí aparece el eslabón olvidado: el Congreso de la República. Es allí donde se define la calidad de las leyes, la sostenibilidad de las reformas y la seriedad del control político. Un Congreso fragmentado, improvisado o capturado por intereses de corto plazo no fortalece al Ejecutivo; lo empuja a gobernar por decreto, a sustituir resultados con discurso y a convertir cada desacuerdo en confrontación pública. El costo es silencioso, pero acumulativo: inseguridad jurídica, desconfianza económica y desgaste democrático.
Hemos normalizado votar “mal” el Congreso porque creemos que no importa tanto. Importa más el nombre del presidente, se dice; después “veremos” cómo se gobierna. Ese “después” es exactamente donde fracasa el sistema. Sin mayorías técnicas y éticas, las reformas nacen mal diseñadas, se corrigen a medias o mueren en la polarización. Entonces el gobierno —cualquiera— culpa al Legislativo; el Legislativo responde con cálculo político; y el ciudadano termina pagando la factura.
Por eso, salir a votar es hoy un acto de defensa democrática. No por costumbre ni por desahogo emocional, sino por conciencia. La abstención no es neutralidad: es cesión de poder. Cuando los ciudadanos razonables se retiran, los extremos avanzan sin resistencia. Y los extremos —en particular la izquierda populista— no necesitan mayorías conscientes, sino silencios cómodos.
Votar con conciencia implica rechazar las falsas dicotomías. No se trata de “pueblo contra élites” ni de “cambio contra democracia”. Esa narrativa ha sido uno de los vehículos más eficaces para debilitar, paso a paso, los pilares del Estado. No se trata de un asalto frontal, sino de una erosión constante: desacreditar al Congreso cuando no obedece, presionar a la justicia cuando incomoda, relativizar las reglas cuando estorban y normalizar la idea de que las instituciones solo valen si confirman la voluntad del Ejecutivo.
Ese libreto no es nuevo ni exclusivo de Colombia. La izquierda radical contemporánea aprendió que no necesita cerrar el Congreso ni abolir la Constitución de un día para otro. Le basta con erosionar la confianza pública en ellas. Presentarlas como corruptas, inútiles o enemigas del pueblo. Convertir el control en obstáculo y la ley en formalismo. Así, cuando llegan los abusos, ya no hay a quién defender: la institucionalidad fue vaciada antes en el discurso.
Elegir bien el Congreso es, entonces, un acto de patriotismo cívico. Es proteger la democracia cuando no está bajo ataque explícito, sino bajo desgaste constante. Es entender que las instituciones no son de derecha ni de izquierda: son del país. Y que debilitarlas en nombre del cambio es, en realidad, hipotecar el futuro.
Una ciudadanía madura no vota por rabia ni por consignas. Vota por equilibrio, por preparación y por carácter democrático. Vota contra los extremos y contra cualquier proyecto político que desprecie los límites, no por miedo, sino por responsabilidad histórica. Defender la democracia no es un gesto heroico: es una disciplina cotidiana.
Elegir Congreso es elegir país. No es una consigna: es una responsabilidad. En un momento en el que el poder busca concentrarse, el Legislativo sigue siendo el dique institucional entre la democracia y el capricho. Debilitarlo no es modernizar el Estado; es dejarlo indefenso. Colombia no necesita refundaciones permanentes ni relatos épicos. Necesita ciudadanos firmes, congresos responsables y presidentes contenidos por la ley. La democracia no se protege sola: se protege votando, con cabeza fría, conciencia despierta y lealtad al país.
María Alejandra Noriega, socia y consultora en Noriega Abogados y consultores Especializados SAS y CAE / Asesora Juntas Directivas
