La captura y muerte de alias el Mencho pusieron a México en los ojos del mundo. Las sorprendentes imágenes de retenes armados, quema de vehículos, ataques a estaciones de gasolina, asalto a bancos, operativos de vigilancia en carreteras, disparos y hombres fuertemente armados a plena luz del día hicieron que la comunidad internacional reconociera lo que para los mexicanos no es sorpresa: que el crimen organizado ejerce un poder silencioso, pero efectivo, en el país.
La fórmula del CJNG, el Cartel de Sinaloa, el Cartel del Noreste y el Cartel del Golfo, entre otros, no es ajena para el público y los analistas colombianos, y combina rentas del narcotráfico (tránsito, distribución y comercialización) con otras prácticas como la extorsión, el robo y la venta de combustible, el secuestro, el tráfico de armas y de personas (del sur hacia el norte), combinado con un control paralelo y silencioso del control estatal, que opera mediante el miedo, la intimidación, la coerción armada, la corrupción y la cooptación de las autoridades por medio del soborno y nóminas paralelas.
Los resultados saltan a la vista: el crimen crece y se consolida; el gasto militar ha aumentado; el Estado está inmerso en un imparable proceso de militarización; y, al final, la población queda inerme y presa de lo que Fukuyama describe en su teoría del State Capacity: un Estado grande con baja capacidad, también descrito en la teoría de colisión Estado-crimen, donde el cogobierno es un hecho fáctico.
Al final, los gobiernos de izquierda de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum han prometido un enfoque de diálogo para enfrentar al crimen organizado, con consignas conocidas bajo lemas como “abrazos, no balazos”, que promueven la no persecución armada de estas estructuras, principalmente amparadas en un enfoque que busca combatir las causas sociales del fenómeno.
Sin embargo, más allá de los micrófonos, en la práctica, México está inmerso en un proceso de militarización y un crecimiento del presupuesto en seguridad y defensa cercano al 60 % en la última década, enfocado principalmente a detener y enfrentar al crimen organizado.
Elementos para considerar por Colombia
Crimen organizado y nada más. En México no están inmersos en el bizarro debate de las guerrillas comunistas o carteles de narcotráfico; no existen sectores sociales o políticos que les otorguen ningún estatus político a estas organizaciones. Contrario a Colombia, donde existen numerosos sectores que siguen promoviendo la idea de una lucha política legítima, aunque esto sea contrario a los datos y a la realidad territorial, lo que sigue cautivando a algunos incautos.
Enfrentar y combatir la inevitable reacción. El crimen organizado siempre crece hasta donde le sea permitido, coopta espacios vacíos, consolida oportunidades y se expande sin inquirir. Al final, al Estado solo le queda su capacidad militar y policial para ejercer control, ya sea en etapas tempranas o tardías, pero siempre se requerirá del hard power para establecer y garantizar el orden. Cabe recordar que una función esencial de los aparatos de poder del Estado no es solo actuar, sino también disuadir.
Crimen sin color político. Contrario a lo que se cree, el crimen organizado solo conoce un lenguaje y es el del interés propio; eso quiere decir que no importa si el gobierno de turno es de derecha, izquierda, progresista o conservador: siempre que exista un incentivo económico (legal o ilegal), habrá interés en capitalizarlo si le es permitido.
Áreas urbanas, el botín decisivo. El control de extensas áreas urbanas por parte del CJNG y otras organizaciones deja en evidencia que, si bien las áreas rurales son la base de acción del crimen organizado, en las áreas urbanas se concentra el control sociopolítico. En Colombia no se puede perder el monopolio del poder, porque allí se agudizan problemas como el reclutamiento (bajo seducción), la coerción armada, la corrupción y la captación del Estado. Es imposible ignorar la movilización y el utilitarismo político y legal de lo rural hacia lo urbano.
De manera que, aunque Colombia tiene vasta experiencia en el estudio y encarar de organizaciones de crimen organizado, el fenómeno de los megacarteles mexicanos presenta una realidad que debemos estudiar, aprender y evitar, ya que es factible que Colombia pueda involucionar en esa dirección.