Los traslados de los 17 cabecillas de los grupos armados Los Costeños y Los Pepes a cárceles de Barranquilla fueron cancelados después de que el alto comisionado de paz, Otty Patiño, cancelará toda posibilidad de enviarlos.
La medida se iba a aplicar en medio de las conversaciones para la paz urbana que adelanta el Gobierno de Gustavo Petro con bandas criminales de diferentes ciudades del país, como son los casos de Barranquilla y Medellín.
A partir de esta nueva decisión, el Gobierno nacional y la Alcaldía de Barranquilla estarán conversando para establecer una hoja de ruta en la que se tracen indicadores clave para revisar la situación de esos delincuentes que están vinculados con los problemas de orden público de la ciudad.
Los que se iban a beneficiar con esa medida serían Digno José Palomino Rodríguez, cabecilla de Los Pepes, y de Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias Castor, de Los Costeños, junto con otros criminales. En total, se había conocido un catálogo con los nombres de veinte personas privadas de la libertad, quienes fueron solicitados por parte del líder de esta estructura, Jorge Díaz Collazos, para ser trasladados a la Cárcel de Media Seguridad de El Bosque.
Polémico traslado de presos
Días atrás, el alcalde Char había asegurado que la medida que tomaría el Gobierno nacional lo habría tomado por sorpresa, advirtiendo que las cárceles de su ciudad no contaban con las medidas de seguridad suficientes para custodiar a esos presos. Incluso, convocó a una reunión con carácter de urgencia para abordar ese asunto, ante el temor de que la llegada de estas personas significara un detrimento para la seguridad de la ciudad.
El gobernador Eduardo Verano de la Rosa había advertido que el departamento no estaba preparado para atender dentro de sus cárceles un proceso de ese tipo, lo que ponía en riesgo a la región de un escalonamiento de la violencia.
Es más, los gremios de la ciudad manifestaron su preocupación porque los establecimientos comerciales ya estaban siendo afectados por extorsiones cuyos responsables serían esas mismas bandas urbanas con las que el Gobierno nacional está conversando.
Este movimiento de criminales se iba a efectuar antes de que finalice la supuesta tregua entre ambas bandas criminales, pacto que comenzó en octubre de 2025 y que culmina el 20 de enero de 2026.
