Una inesperada petición se registró este miércoles 11 de febrero en medio de la reanudación de las audiencias preparatorias de juicio en contra de la exconsejera presidencial para las regiones, Sandra Liliana Ortiz Nova, por su presunta responsabilidad en los hechos de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD).
En su intervención, el abogado Mauricio Camacho Fernández, quien representa a la exfuncionaria, aseveró que tanto en la audiencia de imputación de cargos como en la presentación del escrito de acusación se han presentado modificaciones sustanciales a los hechos que soportan el delito de tráfico de influencias de servidor público.
Corrupción en la UNGRD: defensa de la exconsejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz, pidió la preclusión del proceso. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/BvHTCIroN2
— Revista Semana (@RevistaSemana) February 11, 2026
Al hacer una revisión del caso, aseveró, se puede concluir que los hechos mencionados “no ocurrieron” como los ha mencionado la Fiscalía General, hecho por el cual se debe precluir este cargo, al no contar con una base probatoria suficiente.
“La Fiscalía jamás ha dudado, señora juez, que Sandra Liliana Ortiz Nova debe responder por circunstancias de tiempo, modo y lugar que giran en torno a un contrato que, se dice, se realizó en el municipio de Repelón, Atlántico (…) que la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo”, explicó el jurista.
Sin embargo, tanto en la audiencia de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento como en la acusación, el ente investigador cambió los hechos que rodearon la supuesta presión de la entonces consejera presidencial para las regiones con el fin de desviar este contrato.
Tanto la Fiscalía como la Procuraduría y los representantes de víctimas acreditadas se opusieron tajantemente a esta solicitud, asegurando que no se cumplen los requisitos mínimos para avalarla.
“Como he dicho anteriormente, esta también se soporta en los hechos del 21 de septiembre de 2023, cuando Sandra Liliana Ortiz Nova, en las instalaciones del Palacio de Nariño, jala del brazo a Olmedo López y le requiere por el contrato del Atlántico y también por la suma de 3.000 millones de pesos que ella, por orden de Carlos Ramón González, se encargaría de llevar al senador Iván Name y que se materializaron en una orden de proveeduría”, explicó la fiscal delegada ante la Corte Suprema.
El próximo miércoles 4 de marzo, la jueza octava especializada de Bogotá tomará una decisión de fondo.
La exconsejera presidencial se encuentra privada de su libertad desde diciembre de 2024 en una guarnición militar.
En entrevista exclusiva con SEMANA, la exconsejera presidencial manifestó que, pese a varios intentos por llegar a una negociación con la Fiscalía, entregando información novedosa y fundamental sobre los hechos de corrupción en la UNGRD, el ente investigador le cerró las puertas.
