Mediante un recurso de habeas corpus, el nuevo equipo de defensa del exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla González, pidió su libertad inmediata.
En el recurso, que fue presentado en las últimas horas por el nuevo apoderado el exministro, se manifiesta que Ricardo Bonilla se encuentra privado de su libertad desde el 18 de diciembre de 2025.
Esto después que una magistrada de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá ordenara su detención en establecimiento carcelario en el desarrollo del proceso por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Hasta la fecha, enfatiza la petición, no se ha resuelto el recurso de apelación que se presentó a finales del año pasado en contra de esa decisión.
Esto, según advierten, representa una vulneración de los derechos procesales del exministro de Hacienda, quien hace poco cumplió 76 años.
La defensa del exministro de Hacienda manifiesta que no se ha fijado una fecha para la emisión de la decisión de segunda instancia.
“Desde el 18 de diciembre de 2025 hasta la fecha (más de sesenta y ocho días), no se ha notificado a los suscritos apoderados ni el acta de reparto ni el fallo que resuelva la alzada”, señala la petición.
El documento está firmado por los abogados Alejandro Carranza, José David Albarracín y Jerry Deaza Pulido.
En la actualidad el exministro se encuentra privado de su libertad en el Centro de Estudios Superiores de la Policía (Cespo), en el noroccidente de Bogotá.
La Fiscalía General le imputó los cargos de interés indebido en la celebración de contratos, concierto para delinquir agravado y cohecho por dar u ofrecer.
En la imputación se señaló que, en 2023, Ricardo Bonilla tuvo conocimiento preciso sobre la forma en que se iban a direccionar contratos que estaban en poder tanto de la UNGRD como del Instituto Nacional de Vías (Invías).
Esto con el fin de favorecer a los congresistas que hacían parte de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público y lograr así que, antes de que finalizara el periodo legislativo, convocaran la votación de proyectos en los cuales el Gobierno tenía un especial interés.
“El ministro Bonilla le solicitó a Olmedo López tramitar en la UNGRD proyectos contractuales en los que los congresistas Wadith Alberto Manzur, Julián Peinado Ramírez, Karen Astrid Manrique Olarte, Juan Diego Muñoz Cabrera, Liliana Ester Vitar Castilla y Juan Pablo Gallo Maya se habían interesado ilícitamente”, señaló la fiscal del caso en la imputación.
“Desde mayo de 2023 hasta mediados de 2024, ustedes —en referencia a Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco— se concertaron entre sí con personas conocidas y desconocidas para cometer delitos contra la administración pública con el fin de asegurar las mayorías parlamentarias que le permitieran la aprobación de proyectos de ley del Gobierno y la tramitación exitosa de créditos de la Nación”, precisó la fiscal delegada ante la Corte Suprema.
