Un dron cargado con explosivos atacó a la subestación de Policía en Mondomo, jurisdicción de Santander de Quilichao, en el Cauca, durante este miércoles, 11 de marzo, lo que generó pánico entre la ciudadanía.
En esta zona delinquen las disidencias de las Farc, quienes serían las presuntas responsables de este nuevo hecho de terror. La situación de orden público en esta zona del suroccidente de Colombia es bastante compleja pese a las operaciones adelantadas por el Ejército Nacional.
Hasta el momento, no hay reporte de personas que terminaron lesionadas tras este ataque de los terroristas de las disidencias de las Farc.
Un nuevo hecho de violencia se registró en el corregimiento de Mondomo, jurisdicción de Santander de Quilichao, luego de que explosivos fueran lanzados desde un dron contra la subestación de Policía de esta localidad.
— Telepacífico Noticias (@TPNoticias_) March 11, 2026
De acuerdo con información preliminar, el ataque generó… pic.twitter.com/lNFSRJgNUc
SEMANA conoció que, tras este hecho, integrantes de la Policía Nacional con apoyo del Ejército desplegaron operaciones de control territorial con el fin de poder contrarrestar los hechos de violencia con explosivos.
Asimismo, se conoció que desde la Tercera División adelantan labores de inteligencia con el fin de poder lanzar estas operaciones con objetivos de alto valor.
Lo que antes parecía un recurso improvisado de las organizaciones criminales hoy se ha convertido en una estrategia sistemática de guerra. Así lo revela un informe reservado de una de las agencias de inteligencia del Estado colombiano conocido por SEMANA.
Expone la magnitud de esta amenaza y el ritmo con el que se están multiplicando los ataques, atribuidos a grupos como el ELN, el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc. Según ese documento, desde el primer ataque registrado con drones cargados con explosivos, ocurrido el 26 de abril de 2024 en Argelia, Cauca, los grupos ilegales han ejecutado más de 422 ataques con aeronaves no tripuladas.
En esas acciones han lanzado cerca de 935 granadas contra instalaciones de la fuerza pública y, en varios casos, también contra zonas donde habita la población civil. La cifra revela una escalada que ya no distingue objetivos y convirtió estos dispositivos en una de las herramientas más peligrosas de la guerra actual.