Si pensaban que cambiar de presidente era suficiente para arreglar este país, bienvenidos a la decepción. Cuatro años de gobierno petrista nos dejan un cóctel bastante particular: frustración, rabia, incertidumbre, y de vez en cuando una carcajada involuntaria con algún discurso filosófico-cósmico del presidente saliente. Hay que reconocerle eso a Petro: entretenido sí fue.
Pero las risas se acaban cuando uno mira los números. Gobernar es priorizar, y este gobierno priorizó el relato sobre la realidad. A mi juicio, hay diez incendios que este gobierno deja; y no cualquier incendio, sino el tipo que, si no se atiende en el primer año, arrasa con todo. Hoy arrancamos con los dos que nadie quiere heredar.
Salud: el médico que mató al paciente.
Hay una ironía brutal en lo que pasó con la salud en Colombia. Petro llegó con una reforma que iba a salvar el sistema. Y el sistema terminó en la morgue, con su firma encima.
Piénsenlo así. El paciente llegó enfermo al consultorio; el médico le dijo: “Yo sé lo que tiene, necesita cirugía mayor”. Se enredó cuatro años discutiendo el procedimiento con todo el mundo, nunca operó y, mientras tanto, el paciente fue empeorando en la camilla. Eso fue la reforma de salud de Petro: un debate eterno que le costó al país un sistema funcional.
Las EPS cerraron 2025 con un patrimonio negativo de $16.86 billones, dato que no lo inventó la oposición: lo reportó la Superintendencia Nacional de Salud. En 2021, ese número era positivo, cercano a $110.000 millones. En apenas cuatro años pasó de tener patrimonio positivo a una situación de déficit. Y cuando las cosas se pusieron críticas, el gobierno tomó el control de las EPS en quiebra. La Contraloría revisó y encontró que el 75 % de las intervenidas sigue igual de mal. El médico entró a operar, no suturó nada y cobró de todas formas.
Mientras eso pasaba, la Defensoría del Pueblo registró 312.000 tutelas en salud solo en 2025, y el motivo principal no era algo extraordinario: era lo más básico, que la gente no podía pedir una cita con especialista ni recibir sus medicamentos. En la Nueva EPS, el tiempo para trasladar un paciente de urgencias de un hospital a otro pasó de 33 horas promedio a casi 53, según datos de la Supersalud. Y los colombianos, cansados de esperar, terminaron sacando del bolsillo $10.5 billones más en salud durante este gobierno, según el DANE. Porque cuando el sistema no responde, uno paga o se muere esperando. Más de 4.100 instituciones de salud cerraron entre 2021 y 2025; así lo documentó la propia Defensoría en abril de 2026. No abrieron, cerraron.
Al sistema, en verdad, hay que pararle esa hemorragia.
Seguridad: el peor negociador del mercado.
Hay una cosa que cualquier persona deduciría por mera intuición: en una negociación de paz, la mesa funciona cuando las dos partes tienen algo que perder. Cuando solo uno cede, eso no es negociación, es rendición.
Petro llegó con la bandera de la paz total: negociar con todos al mismo tiempo, Farc disidentes, ELN, Clan del Golfo, bacrim, con quien fuera. La intención sonaba noble. El resultado fue entregarle a cada grupo armado del país una señal clarísima: este gobierno no los va a presionar, entonces hagan lo que quieran.
Y lo hicieron.
Colombia vivió en estos cuatro años una guerra que no debería olvidarse fácilmente. Vimos imágenes que no tenían derecho a existir en un país que supuestamente estaba en paz. Civiles masacrados en sus territorios; policías y soldados, jóvenes que ponían el pecho por todos nosotros, muertos en emboscadas mientras el gobierno negociaba con quienes los estaban matando. Y eso no se negocia en ninguna mesa, ni tampoco se le puede pagar a los familiares que perdieron a estas personas.
Y los números lo confirman.
2025 fue el año más violento de la última década en Colombia. El Instituto Nacional de Medicina Legal registró 14.780 homicidios, un asesinato cada 38 minutos durante todo el año. No bajamos, subimos. Y el secuestro, que llevaba años en caída libre, se disparó un 117.8 % entre enero y octubre de 2025 comparado con el mismo período de 2024, con 527 víctimas, el mayor salto desde 2007. Eso no lo dijo la oposición, lo documentó la Fundación Ideas para la Paz. Los uniformados asesinados prácticamente se duplicaron, de 77 a 153 miembros de la Fuerza Pública muertos en un año, según ese mismo informe.
¿Qué pasó en el territorio mientras Petro negociaba en las mesas? La FIP también lo midió. En Guaviare, los homicidios subieron un 209 %. En Risaralda, un 79 %. Los grupos armados no llegaron a la mesa a entregar nada; llegaron a ganar tiempo, a expandir rutas, a reclutar, a consolidar territorios. Y el gobierno los dejó.
Ahora bien, tampoco se trata de convertir el país en un campo de batalla. La mano dura sin cabeza solo produce más muertos, y Colombia ya tiene suficientes. El siguiente gobierno tiene que entender que atacar la violencia no significa sobreexponer a los colombianos en nombre de una política de seguridad con más músculo que estrategia. Lo que funciona es ir al núcleo: desmantelar los negocios ilícitos que sostienen a estos grupos, el narcotráfico primero que todo, porque sin plata no hay guerra. Un grupo armado sin financiación no es un actor político, es una pandilla con fecha de vencimiento.
Porque una cosa es sentarse a hablar. Otra, muy distinta, es sentarse a regalar. Y otra completamente diferente es saber exactamente dónde golpear.
Colombia no se recibe fácil. Nunca lo fue, pero esta vez el piso está más hondo de lo normal. Salud y seguridad son solo dos de los diez incendios, y ya con esos dos hay trabajo para rato. Lo que viene no es gobernar, es reconstruir. Y eso, con o sin voluntad política, toma tiempo, decisiones incómodas y, sobre todo, dejar de priorizar el discurso sobre la realidad.
Seguiremos con los ocho incendios que quedan. Hay trabajo por hacer, y esperemos que la derecha sepa estar a la altura.