La política requiere reglas claras. No por capricho, sino porque esas reglas protegen la institucionalidad y la igualdad de la competencia democrática. Cuando un presidente empieza a difuminar con descaro la línea que separa la gestión pública del activismo partidista, no estamos ante un desliz retórico; estamos ante un riesgo que puede dañar la confianza ciudadana y la estabilidad del país. Me explico.
La semana pasada, el presidente Gustavo Petro, en medio de una protesta que reclamaba un alza del salario mínimo del 23 por ciento, afirmó sin ambages que la continuidad de su proyecto político era imprescindible. Dicha afirmación, pronunciada en un escenario de movilización social, transforma una legítima reivindicación laboral en una peligrosa plataforma proselitista. Es más, el contexto lo hace más grave. No es lo mismo discutir técnica y responsablemente una propuesta salarial que instrumentalizar una movilización para hacer campaña abierta. Esa distinción importa, porque el uso de espacios públicos y del aparato del Estado para favorecer una colectividad altera las reglas del juego. Al salario mínimo, Petro lo volvió el salario político.
La ley colombiana pretende justamente evitar eso. La normativa y la práctica electoral han insistido en la separación entre la administración pública y la actividad partidista, especialmente en periodos sensibles del calendario electoral. ¿Por qué? Porque el acceso diferencial a recursos, pantallas y territorios por parte del Ejecutivo puede inclinar la balanza y socavar la igualdad de oportunidades. Cuando esas barreras se quiebran, la política deja de ser competencia de ideas y se vuelve competencia de poder institucionalizado.
A la retórica se suman hechos que alimentan la sospecha: contratos millonarios adjudicados días antes de la vigencia de la Ley de Garantías y decisiones administrativas que coinciden con intereses electorales. No hay que ser conspiranoico para ver el patrón: gestos públicos a favor de la continuidad política, movimientos de recursos en momentos estratégicos, llamados a no votar una consulta. Todo ello configura una narrativa inquietante sobre el uso del Estado con propósitos partidistas.
Hay, además, un componente técnico que no puede minimizarse. El reclamo por un aumento salarial es legítimo; el debate sobre su magnitud y el momento en que debe darse, también. Un salto del 23 por ciento sin medidas fiscales compensatorias puede golpear la estabilidad macroeconómica: presiones inflacionarias, riesgos sobre la formalidad y el empleo, y un efecto adverso en la capacidad de inversión de empresas que ya enfrentan costos y retos de productividad. Defender un alza salarial sin explicar cómo se financia, sin presentar mecanismos de ajuste o protección para los más vulnerables, es irresponsable desde la política pública y conveniente desde la aritmética electoral.
Si un Gobierno cree que la consecución de sus objetivos políticos justifica traspasar límites institucionales, está jugando con fuego. La tentación de utilizar recursos, contratos o mensajes desde la Casa de Nariño para apuntalar una lista o un candidato tiene efectos corrosivos: alimenta la polarización, erosiona la confianza en las instituciones y normaliza prácticas clientelistas que terminan perjudicando al país entero.
La pregunta que surge es elemental: ¿qué motiva a un presidente a empujar con tanta apertura a su colectividad, desafiando normas y riesgos económicos? ¿Es un nuevo umbral ético, en el que lo permisible se redefine a favor del fin político? ¿O es la convicción de que los controles son débiles y la impunidad prevalecerá? Ambas hipótesis son preocupantes. La primera supone que la moral pública se flexibiliza hasta justificar la instrumentalización del Estado; la segunda implica un diagnóstico aún más sombrío sobre la capacidad de sanción y control en Colombia.
Gobernar es, antes que todo, asumir responsabilidades. Liderar un país implica proteger la salud institucional, no instrumentalizarla. Si la continuidad de un proyecto político se considera tan vital, que se gane en la contienda democrática con reglas claras, propuesta por propuesta, voto por voto. Usar el poder institucional como atajo para perpetuar una coalición lesiona el pacto social y debilita la credibilidad del Estado.
La democracia se sostiene en normas, equilibrios y controles. Cuando la máxima autoridad comienza a borrar esos límites, pone en riesgo no solo el proceso electoral inmediato, sino la calidad de la gobernanza futura. La ciudadanía tiene derecho a saber si las decisiones públicas responden al interés general o al cálculo partidista. Y los servidores públicos tienen la obligación ética y legal de preservar la separación entre Estado y partido.
En última instancia, la defensa de la democracia requiere actores comprometidos con la legalidad: controles que funcionen, partidos que jueguen limpio y una ciudadanía vigilante. Si Colombia quiere evitar que la política se convierta en herramienta de poder sin contrapesos, es hora de que todos –Gobierno incluido– recuerden que el primer deber del que manda es respetar los límites que garantizan la libertad y la igualdad política. Borrarlos es abrir la puerta a un deterioro institucional que puede tardar generaciones en reparar. Y Gustavo Petro, a quien tanto le gusta hablar con un lápiz en la mano, está, con sus actos, usando el lado opuesto de la mina para borrar los límites de lo debido en lo electoral.
