La operación militar adelantada por el Gobierno de los Estados Unidos, que culminó con la captura del dictador Nicolás Maduro en territorio venezolano el 3 de enero de 2026, marca un hito de alto impacto en la lucha contra la tiranía, el narcoterrorismo y en la defensa de la democracia en el hemisferio occidental.
Este hecho reafirma una verdad fundamental para la estabilidad regional: la necesidad de Estados sólidamente gobernados, con instituciones legítimas y plenamente democráticas. Dicho principio ha sido incorporado de manera explícita en la recientemente formulada Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, inspirada en el corolario de la Doctrina Monroe, bajo el liderazgo del presidente Donald Trump. Esta visión estratégica subraya que la estabilidad hemisférica constituye un pilar esencial no solo para la seguridad de los Estados Unidos, sino también para la de sus aliados, y envía un mensaje inequívoco a las potencias extracontinentales sobre la determinación de Washington de preservar el orden democrático en su entorno estratégico inmediato. La experiencia histórica demuestra que solo gobiernos democráticos y legítimos garantizan la prosperidad, la estabilidad y la paz regional.
La captura de Nicolás Maduro ejemplifica, además, el empleo escalonado, coherente y eficaz de los instrumentos del poder nacional. En este proceso, el poder militar, utilizado como última instancia, se consolida como un componente decisivo para el logro de objetivos políticos claramente definidos. La operación evidencia una adecuada integración de acciones políticas, económicas, diplomáticas, de inteligencia y de fuerza armada, aplicadas con firmeza y precisión para contribuir a la restauración del orden constitucional y al respeto por el Estado de Derecho.
Resulta indispensable reconocer el profesionalismo, la disciplina y las capacidades operacionales de las Fuerzas Militares de los Estados Unidos, que ejecutaron una operación de extraordinaria precisión y efectividad, minimizando riesgos y protegiendo a la población civil. Su nivel de entrenamiento, liderazgo y superioridad tecnológica constituyen un referente para las fuerzas armadas del continente. En este contexto, para Colombia es irrenunciable contar con unas fuerzas armadas sólidas, altamente capacitadas y entrenadas, que bajo un liderazgo democrático legítimo sean capaces de garantizar la seguridad de los ciudadanos, proteger la democracia y salvaguardar las instituciones republicanas.
Finalmente, es necesario reafirmar la relevancia histórica de la Fuerza Pública colombiana en la preservación del Estado de Derecho, la soberanía nacional y las libertades individuales. Colombia no puede ni debe transitar hacia el autoritarismo ni permitir la consolidación de modelos dictatoriales. En la responsabilidad de nuestros líderes políticos, en una ciudadanía vigilante y comprometida, y en la realización de elecciones libres y transparentes —debidamente protegidas por la Fuerza Pública— reside el futuro de Colombia como una nación soberana, democrática y respetuosa del orden constitucional.
