La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación formal contra el exministro de Defensa, Iván Velásquez, tras las demoledoras revelaciones de la unidad investigativa de Noticias Caracol sobre el pacto de los “congelados”. Los audios de las mesas clandestinas destaparon que los delegados oficiales pactaron directamente con el Clan del Golfo “desescalar” las operaciones de las autoridades y “jugar a los congelados”. Bajo el marco de la denominada “paz total” —que, en la práctica, se tradujo en una impunidad total—, los audios muestran promesas explícitamente gubernamentales de frenar los bombardeos y “limpiar” o retirar la inteligencia militar de los territorios para no incomodar a los capos.
Precisamente, ese pacto de inacción grabado en las mesas se materializó de forma exacta en las acciones tomadas desde el Ministerio de Defensa bajo la gestión de Iván Velásquez. El golpe más certero y calculado que se le dio a nuestra seguridad fue acabar con los comandos conjuntos. Esta decisión destruyó de un plumazo la doctrina que unía el mando del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, rompiendo el trabajo en equipo entre la inteligencia y las tropas de tierra, mar y aire. Esa misma articulación, que históricamente propinó los golpes más duros a los capos de este país, fue desactivada a propósito; una grave omisión cuyo resultado directo fue frenar en seco la velocidad de los operativos, amarrarle las manos a la tropa y dejar a regiones enteras, como Antioquia y Chocó, completamente desprotegidas ante la expansión salvaje del Clan del Golfo.
A la par de este debilitamiento estratégico se sumó la parálisis jurídica impuesta por el Ejecutivo, reflejada en el congelamiento de órdenes de captura y el freno deliberado a las extradiciones de los criminales reclamados por la justicia internacional.
Todo este desmantelamiento responde a una clara intención política: Velásquez jamás actuó como el protector de los colombianos, sino como el ejecutor de una agenda permisiva con la criminalidad. Con la excusa de esa supuesta paz, desarmó moralmente a la Fuerza Pública y maniató a las tropas, lo que abrió el camino para que los cultivos de coca alcanzaran el récord histórico de 261.000 hectáreas.
Lejos de combatir este auge mafioso, la respuesta desde el Gobierno fue asfixiar económicamente a nuestras propias instituciones militares, mediante un drástico recorte presupuestal de 800.000 millones de pesos a la Fuerza Pública. Esta asfixia se tradujo de inmediato en una crisis operativa sin precedentes, reflejada en flotas enteras de helicópteros de combate abandonadas en tierra por falta de mantenimiento.
Como era de esperarse, el saldo final de esta estrategia es el de un país ensangrentado por la indolencia de un ministro que tildó de “imprudencia” el secuestro de una sargento con sus hijos e ignoró las alertas de terror en el Catatumbo. Bajo su gestión, las masacres se dispararon un 61 %, los secuestros aumentaron un alarmante 133 % y la extorsión creció de forma descontrolada, asfixiando por completo al comercio nacional. Al mismo tiempo, el reclutamiento forzado de niños y jóvenes por parte de los grupos armados se disparó en un 300 %. Todas estas organizaciones criminales expandieron exponencialmente su pie de fuerza ante la mirada complaciente del Gobierno.
Para colmo de males, todo este entramado pretendería ser blindado desde lo que muchos sectores consideran una Fiscalía de bolsillo. Resulta sumamente sospechosa y oportuna la reunión privada que sostuvo Velásquez con la fiscal general pocos días antes de que saliera a la luz este demoledor reporte periodístico. Una maniobra apresurada que hace que todo huela muy mal y que genera serios cuestionamientos sobre un presunto intento por coordinar narrativas y anticiparse al escándalo, dejando en el aire la duda de si el ente acusador opera hoy más como un escudo de protección de los altos funcionarios del Ejecutivo que como un organismo independiente encargado de investigar nexos con la criminalidad.
Ante semejante panorama, una simple sanción administrativa por parte de la Procuraduría sería una burla para el país. Iván Velásquez no cometió un error de cálculo; cumplió la agenda de un gobierno que prefirió ser amigo de los bandidos antes que de la patria. Por el honor pisoteado de nuestra Fuerza Pública y el dolor de las regiones abandonadas, el exministro de Defensa tiene que responder ante la justicia, ser procesado en un tribunal penal y terminar en una celda.