La caída del chavismo no es un simple cambio de mando. Es el derrumbe de una narcodictadura que, durante más de dos décadas, convirtió a Venezuela en un enclave del crimen político, del narcotráfico y de la represión autoritaria. No se desplomó un gobierno. Se desplomó una estructura criminal que destruyó la economía, quebró las instituciones, sometió al pueblo y convirtió el territorio venezolano en plataforma de redes ilegales con alcance continental.
El chavismo no solo devastó a su propio país. Se transformó en una amenaza directa para la seguridad nacional de Estados Unidos, por su rol en el narcotráfico, por el amparo a redes criminales y por haber servido como refugio de actores terroristas. Durante años, el régimen permitió la presencia de células vinculadas a Hezbollah dentro de su territorio y protegió a grupos narcoterroristas colombianos que encontraron en Venezuela un santuario para operar, rearmarse, entrenar y expandir sus rutas ilegales. No fue un accidente. Fue una decisión de poder.
Mientras el pueblo venezolano huía del hambre y la persecución, el régimen fortalecía alianzas con estructuras criminales transnacionales, obteniendo financiación, protección militar y respaldo político. Esa convergencia entre narcotráfico, geopolítica y autoritarismo terminó convirtiendo al chavismo en un actor desestabilizador para todo el hemisferio. Y en ese mapa aparece Colombia bajo Gustavo Petro.
Petro no ha sido un espectador distante. Es un aliado político del narcorégimen. Decidió legitimarlo cuando el mundo denunciaba sus abusos. Lo rehabilitó diplomáticamente. Lo convirtió en socio estratégico mientras la narcodictadura operaba sobre rutas criminales que cruzan la frontera y terminan afectando directamente la seguridad del continente.
Mientras el chavismo se financiaba con economías ilegales, Colombia se consolidaba bajo el gobierno de Petro como el mayor productor de cocaína del planeta, con más de 320.000 hectáreas. El Estado cedió terreno. Las estructuras armadas narcoterroristas crecieron bajo la ficción de la “paz total”. El crimen avanzó sobre regiones enteras mientras el gobierno abrazaba políticamente al mismo modelo que hoy cae por su naturaleza criminal. Nada de esto es coincidencia. Es afinidad de proyecto.
La caída del chavismo envía un mensaje inequívoco. Las narcodictaduras no son eternas. Pueden someter pueblos, destruir economías y pactar con redes criminales, pero tarde o temprano el peso del delito, la corrupción y la amenaza internacional termina colapsando su andamiaje. Y cuando ese sistema cae, también quedan expuestos quienes lo defendieron, lo justificaron o lo acompañaron por cálculo ideológico. Ahora hay que esperar todo lo que cantará Maduro sobre los gobiernos y políticos que financiaron y miraron hacia otro lado.
Donald Trump fue claro en rueda de prensa. Estados Unidos asumirá el control de Venezuela hasta garantizar una transición segura y no permitirá que el régimen se mantenga en el poder. Y cuando le preguntaron por Gustavo Petro, dejó una advertencia que retumbó en todo el continente. Señaló que en Colombia existen estructuras de cocaína que impactan directamente a Estados Unidos y dijo que Petro tiene que tener cuidado. Que debe cuidar su trasero. A esto lo definió como una señal política y geoestratégica.
Colombia no puede evadir la discusión. Qué responsabilidad recae sobre un gobierno que permitió el crecimiento del narcotráfico, debilitó la autoridad del Estado y se alineó con una narcodictadura que protegió redes criminales, grupos narcoterroristas y estructuras vinculadas al terrorismo internacional. La caída del chavismo desnuda el modelo que Petro defendió y obliga al país a enfrentar el debate que el poder quiso evitar.
De cara a las elecciones de 2026, Colombia está frente a una decisión que marcará el rumbo del país. Seguir atrapada en un proyecto complaciente con el crimen, alineado con la herencia chavista y encabezado por el radical de izquierda Iván Cepeda, o recuperar la autoridad democrática, el Estado de derecho, la seguridad territorial y la confianza internacional. No es una disyuntiva menor. Es la diferencia entre profundizar el deterioro institucional o empezar a reconstruir un país que hoy paga las consecuencias de alianzas políticas peligrosas. La caída de la narcodictadura no solo libera a un pueblo hermano. También deja al desnudo una verdad que Colombia ya no puede seguir ignorando. Nuestra gente no puede cerrar los ojos ante lo evidente.
La caída del chavismo no es producto del azar. Es la prueba de que ningún régimen sostenido sobre el crimen, la corrupción y la represión puede mantenerse para siempre. Y cuando el corazón del sistema se derrumba, el siguiente examen político, moral y democrático debe recaer sobre quienes caminaron a su lado mientras el crimen avanzaba y el Estado renunciaba a gobernar. Venezuela empieza a cerrar un ciclo oscuro. Colombia no puede permitirse repetirlo.
