Colombia no se encamina hacia unos comicios ordinarios. Se aproxima a una encrucijada histórica en la que no solo estará en juego la continuidad de la izquierda en el Gobierno, sino la propia subsistencia del modelo democrático, institucional y republicano que ha sostenido a la Nación. Reducir este momento a un simple pulso electoral constituye una seria irresponsabilidad política e intelectual.
Los cuatro años del denominado gobierno del cambio han disipado cualquier duda razonable: desde el ejercicio del poder se ha promovido un proceso persistente de deterioro institucional, orientado a centralizar la autoridad, erosionar los equilibrios democráticos y desacreditar —cuando no amedrentar— a las altas cortes, los entes de control y la Fuerza Pública.
Aún más preocupante es que, lejos de despertar una reacción cívica acorde con la magnitud del riesgo, los sondeos muestran que el candidato de la misma corriente ideológica, pero más extremo, dogmático y sin matices, encabeza la mayoría de las encuestas. Entre tanto, la derecha y los sectores democráticos se consumen en disputas internas, personalismos y carencia de rumbo estratégico, incapaces de construir una opción consistente en medio de una crisis estructural.
A este escenario se suman decisiones de marcado carácter populista con claro impacto electoral: el proselitismo abierto desde el Ejecutivo; el incremento desproporcionado del salario mínimo sin respaldo en la productividad; la expansión acelerada de la nómina estatal —especialmente en el mes previo a la primera vuelta— con efectos directos en territorios altamente dependientes del gasto público, y la adopción de medidas sociales y fiscales de corto plazo orientadas a réditos políticos inmediatos. A ello se agregan controversias jurídicas sobre candidaturas, advertencias de desacatar fallos institucionales y la eventual activación de mecanismos económicos excepcionales. En conjunto, estas prácticas desdibujan la frontera entre gobierno y campaña y, previsiblemente, fortalecerán el caudal electoral del proyecto oficialista, más aún tras una consulta previa que le otorgó ventaja competitiva al validar logística, estructura y votos reales.
Resulta igualmente alarmante el exiguo margen de acción de los órganos de control —Contraloría, Procuraduría y Fiscalía— para ejercer una supervisión real. La experiencia reciente confirma que su desempeño suele quedarse en el plano declarativo y que sus decisiones encuentran escaso acatamiento del propio Ejecutivo. Así lo demostró el desconocimiento de los topes de financiación en la pasada campaña presidencial, donde, pese a investigaciones y hallazgos concluyentes, los controles resultaron inocuos frente a un gobierno resuelto a prolongar su agenda política.
A lo anterior se suma una realidad innegable: el severo deterioro de la seguridad en vastas regiones del país. Municipios de Cauca, Nariño, Chocó, Arauca, Norte de Santander, el sur de Córdoba y el Bajo Cauca antioqueño concentran hoy altos niveles de violencia armada, expansión criminal y dominio territorial por parte de organizaciones ilegales. Según informes técnicos de la Fundación Ideas para la Paz, en los últimos años se ha registrado un aumento cercano al 23,4 % en el número de integrantes de los Grupos Armados Organizados, especialmente del Clan del Golfo, las disidencias de las Farc y el ELN.
El resultado es una pérdida tangible de soberanía estatal, frente a la cual ni las operaciones militares, ni la política de paz total, ni los esquemas de sometimiento individual han logrado frenar la amenaza. Por el contrario, la evidencia apunta a un robustecimiento continuo de estas estructuras, acompañado de mayor reclutamiento, captación de comunidades vulnerables y afianzamiento de corredores estratégicos para el narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando. Cálculos consistentes advierten que el país enfrenta hoy una amenaza armada cercana a los 30.000 integrantes, cifra que excede ampliamente el número de combatientes desmovilizados tras el Acuerdo de Paz de 2016.
El fortalecimiento de las organizaciones criminales erosiona de manera directa y estructural la integridad del proceso electoral: allí donde la autoridad legítima ha sido sustituida por el dominio armado ilegal, la libertad del sufragio se reduce a una ficción. Según la Misión de Observación Electoral, al menos 212 municipios se encuentran en riesgo alto y 67 en riesgo extremo debido a violencia sistemática, intimidación al electorado y severas restricciones a la competencia política; en estos escenarios, incluso la observación internacional resulta inoperante frente al poder coercitivo de las armas. Aunque en el plano formal el Consejo Nacional Electoral dispone de medidas excepcionales —como el traslado de mesas de votación a las cabeceras municipales—, en la práctica la realidad desborda cualquier arquitectura de control: no existe capacidad logística para movilizar a los votantes, amplias zonas permanecen bajo control de los Grupos Armados Organizados y se impone una legalidad paralela mediante mecanismos de dominación social como la carnetización de la población, la cooptación de las Juntas de Acción Comunal y la exigencia de pruebas individuales del voto.
Diversos estudios estiman que entre 600.000 y 700.000 sufragios podrían estar sometidos a presión directa, voto inducido o voto forzado, una cifra nada despreciable en un escenario electoral estrecho. En consecuencia, la competencia se desarrolla para la oposición en un terreno profundamente inclinado: control territorial ilegal, coacción armada al electorado, uso intensivo del aparato estatal y una fragmentación irresponsable de la derecha que termina ampliando la ventaja del aspirante de la izquierda.
Por todo lo expuesto, se impone un llamado urgente al voto de opinión de los indecisos, en especial en las grandes ciudades, donde aún existe una capacidad real de incidir en el rumbo nacional. Solo un sufragio informado y responsable puede inclinar la balanza a favor de la democracia, la institucionalidad y el porvenir del país. En este escenario, el reto de la derecha no se reduce a competir, sino a resistir, alertar y edificar —en condiciones marcadamente desiguales— una opción de rescate institucional, entendiendo que persistir en ese empeño no es obstinación política, sino una responsabilidad histórica con Colombia.
