En política internacional casi nada ocurre por casualidad. Cuando desde distintos sectores empiezan a coincidir señales sobre el interés de Washington en el rumbo político colombiano, lo prudente no es ignorarlas, sino leerlas con cuidado. Colombia ha sido históricamente un aliado estratégico para Estados Unidos en la región y, en un momento en el que América Latina vuelve a convertirse en escenario de disputa geopolítica entre modelos políticos opuestos, cualquier movimiento alrededor del país adquiere un significado mayor.
He recibido en mi mesa de trabajo, a través de una fuente seria y confiable, información según la cual Estados Unidos estaría realizando mediciones para evaluar el panorama político colombiano. Dichas mediciones, de acuerdo con esta información, estarían siendo realizadas por una casa encuestadora de muy alto nivel y prestigio internacional. Los resultados que han llegado a mi conocimiento resultan preocupantes para el país, pues mostrarían un escenario en el que la extrema izquierda, bajo el liderazgo de Iván Cepeda, aparece encabezando la medición con una ventaja amplia frente a otros sectores políticos.
Más allá de la discusión sobre cifras concretas, lo relevante es el mensaje político que envía el hecho mismo de que un actor internacional esté midiendo con atención el rumbo electoral colombiano. Cuando un aliado estratégico observa con lupa un proceso electoral es porque entiende que lo que está en juego trasciende una elección interna. Colombia sigue siendo pieza clave en la estabilidad regional, en la lucha contra el narcotráfico y en el equilibrio geopolítico frente a la creciente influencia de China y los regímenes alineados con el socialismo del siglo XXI. La experiencia reciente de otros países de la región explica por qué ciertos resultados electorales generan inquietud en escenarios internacionales.
En ese contexto, el giro hipócrita del Gobierno frente a la seguridad no puede leerse como una simple corrección de rumbo. El reinicio de operaciones militares y bombardeos contra estructuras narcoterroristas, particularmente contra el ELN, se produce después del fuerte jalón de orejas por parte de la administración Trump por los pésimos resultados de la política antidrogas, el crecimiento exponencial de los cultivos de coca y el deterioro en la cooperación bilateral en esta materia. Durante buena parte del actual gobierno, las Fuerzas Militares (que están maniatadas) operaron con limitaciones presupuestales y operativas que, según sectores críticos, facilitaron la expansión territorial y financiera de los grupos armados ilegales. El cambio repentino de postura deja una pregunta inevitable sobre la mesa. Si hoy existe capacidad para actuar con contundencia, entonces la inacción previa fue una decisión política que terminó debilitando la presencia del Estado en los territorios.
Desde mi lectura, este viraje también puede entenderse como un intento del Gobierno de recomponer su relación con Washington en un momento particularmente delicado. La inclusión de Gustavo Petro en la lista Ofac, conocida como lista Clinton, el que Trump lo haya señalado como el líder del narcotráfico, abrió un escenario de presión internacional sin precedentes para el inquilino de la Casa de Nariño y convirtió la relación bilateral en un asunto de alto riesgo político y diplomático. El endurecimiento reciente del discurso frente al narcotráfico y el reinicio de operaciones militares pueden leerse como un mensaje dirigido a Estados Unidos, en busca de reconstruir confianza y reducir tensiones.
Desde esa misma lectura política, interpreto que ese movimiento también podría responder a la necesidad de Petro de disminuir el costo internacional de esa designación y evitar que la confrontación con Washington escale hacia escenarios más complejos. La historia reciente de la región muestra cómo el deterioro de la relación con Estados Unidos terminó derivando en sanciones más severas e incluso procesos judiciales (en indictments) contra figuras del poder en países como Venezuela, donde el narcodictador —y hoy preso— Nicolás Maduro y Diosdado Cabello terminaron enfrentando señalamientos, recompensas sobre ellos y medidas internacionales que aislaron completamente al régimen. Bajo esa óptica, el cambio de postura frente al narcoterrorismo podría entenderse como un intento de enviar señales de “alineamiento estratégico” que permitan desactivar presiones externas y evitar que Colombia entre en una dinámica de confrontación similar.
En paralelo, el tablero político empieza a mostrar movimientos que no pasan desapercibidos y que difícilmente pueden leerse como simples coincidencias. Ha crecido el respaldo hacia el santista Roy Barreras y resulta evidente el acercamiento político entre él y Petro. Barreras ha buscado públicamente el apoyo del Gobierno y, desde mi lectura política, su figura aparece como un actor más pragmático y negociable frente a la comunidad internacional. Bajo esta óptica, puede interpretarse que se estaría configurando una transición dentro del mismo espectro político, privilegiando liderazgos que mantengan afinidades ideológicas con el Gobierno, pero que generen menor resistencia en la relación con Estados Unidos y en los escenarios internacionales, lo que en la práctica significaría frenar el ascenso de Cepeda. ¿Lo lograrán?
Colombia entra así en una decisión que va mucho más allá de una elección presidencial. El reto del país no es únicamente elegir presidente, sino también un Congreso que garantice equilibrio institucional, control político real y que impida que sigan avanzando modelos ideológicos y dictatoriales que ya han llevado a otros países de la región al deterioro institucional, económico y social. La experiencia reciente de América Latina demuestra que cuando los contrapesos desaparecen, los proyectos autoritarios terminan consolidándose en el poder sin alternancia real. Venezuela, Nicaragua y Cuba hoy son señalados por organismos internacionales como regímenes en los que las libertades políticas y la competencia democrática han sido severamente restringidas y en los que la concentración del poder terminó cerrando los caminos de salida institucional.
La advertencia es evidente. Cuando un país pierde sus equilibrios institucionales, revertir ese camino se vuelve cada vez más difícil. Las políticas que prometen redención rápida terminan, muchas veces, convertidas en modelos fracasados que profundizan la pobreza, la migración y la fractura social, como ya se ha visto en otros lugares de la región. Por eso el desafío de Colombia no es solo electoral, sino histórico. Evitar que el país pierda el rumbo, defender sus instituciones y garantizar que ningún proyecto comunista pueda atornillarse en el poder sin límites ni controles. Cuando la democracia se entrega en bandeja de plata, recuperarla siempre cuesta más que perderla.
