No pudo ser peor el momento para la tragedia que están viviendo miles de cordobeses y habitantes de los departamentos circunvecinos. Justo, en un momento de intensa crispación política, un gobierno que ya está de salida y con una Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD) carente de liderazgo y legitimidad como consecuencia de los gigantescos casos de corrupción que están siendo actualmente investigados por la Fiscalía General de la Nación.
Y el presidente no dejó de mostrar su talante: llegó tarde a echar uno de esos larguísimos discursos que han ido in crescendo durante los últimos meses. Un gobierno que —hoy ni nunca— asumió responsabilidad alguna y donde el chivo expiatorio resultó siendo el presidente encargado de la hidroeléctrica de Urra. Esta empresa pertenece en un 99 % al Gobierno y cuya administración se controla a través de una junta directiva nombrada en su totalidad por el Ministerio de Hacienda. Una entidad que también es sujeta a investigaciones por corrupción por parte de la Fiscalía.
Es indudable que la situación de desbordamiento del río Sinú es una situación de emergencia por la cantidad de personas afectadas, los daños en las viviendas y especialmente por los potenciales hechos sobrevinientes. Sin embargo, la respuesta del Gobierno ha sido nefasta: busca responsables —río arriba— para tratar de ganar réditos políticos con señalamientos que terminaron devolviéndole el propio gobernador, con su sentido y ecuánime llamado a concentrarse en la inmensa tragedia que tenían encima.
Mientras tanto, los dolientes de la gente, los alcaldes de los municipios afectados, eran dejados afuera del salón donde se llevaba a cabo un consejo de ministros supuestamente destinado a plantear la respuesta a la tragedia. Una respuesta patética que indica lo poco que realmente les importa el pueblo, ese que estaba con el agua a la cintura, tratando de rescatar sus pocas pertenencias o de proteger a sus hijos y sus pocos animales, en una situación que debería haber tocado la fibra de toda la sociedad, empezando por el Gobierno.
Eso sucede cuando en la respuesta a una tragedia se imponen los criterios políticos sobre los criterios técnicos y de manejo de la gestión de la emergencia. En este caso de Córdoba —como en otros eventos mucho menores, como el terremoto de Medina, en Cundinamarca; el brote de fiebre amarilla y el contagio por viruela símica— los criterios técnicos han sido siempre eclipsados por los discursos políticos. Cuando eso acontece, se impone la evasión de responsabilidades, los señalamientos con retrovisor a administraciones anteriores o la búsqueda de culpables. Pura ley de Poncio Pilato.
Pero es que durante todo este gobierno ese ha sido el tono del manejo de la crisis del sistema de salud, del FOMAG (el sistema de salud de los maestros), y nos han llevado a esta crisis humanitaria que actualmente viven los enfermos colombianos.
El mayor problema es que existe un presidente sin el mínimo contrapeso dentro del propio Gobierno. Unos ministros que no tienen la elemental capacidad de darle una perspectiva diferente al mandatario. Cualquiera que lo intente corre el peligro de ser arrollado por un discurso narcisista sin disposición alguna a asumir responsabilidades o asignarlas a los ministros. Vivimos un gobierno donde los gestores son áulicos, donde el oportunismo es la norma y esto —desafortunadamente— no puede dar esperanza frente a la crisis de Córdoba.
La situación del desbordamiento del río Sinú debe convocar a todos los sectores de la sociedad, pasando por encima de un gobierno saliente que no ofrece ninguna garantía. Este es un problema estructural que seguirá generando tragedias si no se aborda de manera integral y con una visión tanto de corto como de largo plazo. Córdoba nos duele, el país nos duele.
