El 20 de diciembre, mientras el país estaba desconectado de la actualidad por las fiestas de fin de año, la senadora del partido Comunes Sandra Ramírez publicó un video en el que informaba que la Corte Constitucional me había ordenado la retractación de unas afirmaciones que, según ella, habían puesto en riesgo su honra e integridad.
“Sandra Ramírez estuvo 35 años en las Farc, fue enfermera de las Farc, fue la esposa de Tirofijo hasta su muerte y está acusada de ser la mujer que llevaba menores de edad a los comandantes de las Farc para favores sexuales y de obligar a las mujeres a abortar contra su voluntad. Pero lo cierto es que, hasta hoy, no hay ninguna condena contra Sandra Ramírez en el marco de la JEP…”. Estas fueron las palabras que expresé y por las cuales la senadora interpuso una tutela en defensa de su buen nombre. Su argumento fue claro: como no existe ninguna condena en su contra, nadie puede señalarla como responsable de estos delitos.
La tutela fue negada en primera y segunda instancia. Sin embargo, la Corte Constitucional, en sala conformada por los magistrados Paola Meneses, Héctor Carvajal y Miguel Polo Rosero, decidió revisarla y revocar las decisiones previas. En su lugar, ordenó proteger el “derecho al buen nombre y a la honra” de Sandra Ramírez.
Sandra Ramírez nació en La Paz, Santander, y fue bautizada como Griselda Lobo Silva. A los 17 años ingresó a las Farc y adoptó el alias con el que hoy se identifica públicamente. Permaneció durante décadas en la guerrilla y fue la pareja de Manuel Marulanda Vélez, Tirofijo, máximo jefe del grupo armado. Durante 24 años fue su sombra y su apoyo permanente. Lo acompañaba en todo, llevaba registros de su vida guerrillera y formaba parte del entorno más cercano del secretariado, aunque sin ostentar formalmente un cargo de comandancia. Sus funciones estaban ligadas a la formación ideológica, labores domésticas y la atención de primeros auxilios. Su relevancia dentro de las Farc fue tal, que fue escogida para integrar la delegación de paz en La Habana. En virtud del acuerdo, ocupó una curul en el Senado.
A pesar de su papel protagónico, la JEP no la seleccionó como responsable de los miles de crímenes reconocidos por las Farc. En el marco del acuerdo, se determinó que solo responderían quienes ejercieran línea de mando directa. Ramírez no era comandante y, por lo tanto, no ha tenido que responder por los más de 21.396 secuestros, los 3,5 millones de desplazamientos forzados, los homicidios ni por el reclutamiento y abuso de 18.677 menores de edad que ha documentado la JEP. Sobre este último punto es necesario detenerse. Los menores reclutados fueron víctimas de violencia sexual sistemática. Existen miles de relatos consignados en informes y documentos históricos que confirman la infinidad de abusos a los que fueron sometidos los niños en las filas de las Farc. Sin embargo, hasta hoy no existe ninguna condena por estos hechos.
Hablé con cuatro mujeres víctimas de reclutamiento y violencia sexual por parte de las Farc. Todas coinciden en que, por el lugar de liderazgo que ocupaba Sandra Ramírez, fue testigo directo de las atrocidades cometidas. Johanna*, que hoy vive escondida, relata que fue abusada desde los 11 años y sometida a abortos forzados. Asegura que Ramírez tenía autoridad dentro de la organización por ser la compañera de Tirofijo y que resulta indignante que hoy se niegue a reconocer lo que ocurrió. Insiste en que ella sabía lo que sucedía. Por haber hablado, a Johanna* le han asesinado a varios miembros de su familia.
Deysi Guanaro es aún más directa: señala a Sandra Ramírez como responsable de organizar filas de niñas de 11, 12 y 13 años para los comandantes del secretariado. Según su testimonio, primero pasaban por el registro de Ramírez, quien luego las enviaba con el comandante que decidía con quién estaría esa noche. Su testimonio ya fue rendido ante la JEP. “Sapita hp. Pare la campaña contra los firmantes de paz o sus hijos se quedan huérfanos, Ya está advertida”, decía el primer mensaje que recibió. Pero han sido varios.
En diciembre, mientras Sandra Ramírez celebraba su triunfo judicial, Teresa*, quien se preparaba para declarar ante la JEP, recibió otro mensaje: “valla (sic) recoja a su prima la mona y su hija que las matamos a las dos. Tiene que cargar con esas dos muertes sapa hp. Solo falta ud. y ya”. La mujer asesinada a la que se refería el mensaje también rindió su testimonio ante la JEP hace más de un año.
Sandra Ramírez sabe que es posible que por el acuerdo jamás haya condenas en su contra. Por eso exige respeto por su “buen nombre”. Y la Corte Constitucional decidió ponerse de su lado.
El fallo señala, en primer lugar, que falté a la verdad al llamarla Griselda Lobo, pues su nombre actual es Sandra Ramírez. Según la Corte, mencionar que sigue usando un alias genera estigmatización y un discurso violento que puede poner en riesgo su seguridad, a pesar de que fue ella misma quien decidió adoptar su alias como nombre propio.
Pero la Corte fue más allá y ordenó rectificar, al considerar que afirmar que Ramírez está acusada de llevar menores para ser abusados desconoce el deber de rigurosidad periodística, pues habla de “investigaciones inexistentes”. Así, amparó los derechos de Ramírez al buen nombre, a la honra y a una vida libre de violencia.
No sé cómo espera la Corte que existan investigaciones abiertas, si quienes se han atrevido a hablar han sido asesinados o viven bajo amenaza. Este fallo traslada a las víctimas una carga que no les corresponde: denunciar e impulsar procesos contra sus victimarios, cuando es el Estado quien tiene esa obligación.
Hoy algunos exlíderes de las Farc pretenden reescribir la historia y hacernos creer que nada ocurrió. Tanto es así que acaban de apelar la sentencia que los obliga a portar brazaletes electrónicos. Según ellos, esa medida atenta contra su dignidad. ¡Hágame el favor!
* Nombre cambiado para proteger su identidad.
