¿Cuándo fue el momento en que los políticos, antes dedicados a su labor de gobernar, entendieron que para perpetuarse en el poder era necesario sacrificar el bienestar de sus conciudadanos y transformar la función pública en una maquinaria electoral permanente? La respuesta no es simple ni única: la tentación de mantenerse en el mando tiene raíces tan antiguas como el propio Estado moderno, y a través de la historia se ha manifestado en formas diversas —desde los golpes y las dictaduras abiertas hasta las técnicas sutiles y sofisticadas del populismo contemporáneo—, pero su convergencia con el control del aparato estatal constituye hoy uno de los retos más corrosivos para la democracia.
El fenómeno no nace con nuestros contemporáneos. Napoleón, Lenin, Stalin, Mao y otros líderes históricos encarnaron la transformación del poder en proyecto personal o ideológico absoluto. En muchos casos aquella ambición se justificó como la necesidad de consolidar logros o proteger una revolución, pero el efecto fue la concentración de autoridad y la erosión de los contrapesos. El poder produce adicción: quien lo ejerce siente, al perderlo, un vacío existencial y un miedo profundo a la irrelevancia. Ese síndrome de abstinencia impulsa intentos de eternización que dañan las reglas del juego democrático.
En América Latina hemos visto dos modos clásicos de perpetuación. El primero es violento y abierto: golpes de Estado, juntas militares y regímenes autoritarios que anulan libertades y persiguen adversarios. Ese modelo destruye instituciones o las subordina por la fuerza. El segundo, más soterrado, se instala dentro de la máscara democrática: clanes regionales, clientelismo y mafias políticas que, sin derrocar normas formales, las manipulan para reproducirse. En Colombia, por ejemplo, los entramados políticos regionales han sabido operar durante décadas aprovechando incentivos económicos, control territorial y un marketing electoral eficaz para asegurar la reelegibilidad sin necesidad de romper el andamiaje institucional.
Lo que observamos en la actualidad, sin embargo, no es una simple continuación de esos modelos, sino una fusión entre la captura institucional y las técnicas de comunicación masiva —el populismo— que, combinadas, generan un riesgo singular. El populismo no es un conjunto homogéneo de políticas: es una estrategia política que construye una narrativa maniquea —“el pueblo” frente a “las élites”— y personaliza el liderazgo. Cuando ese liderazgo tiene acceso directo al Estado y al presupuesto público, el resultado es la instrumentalización del aparato gubernamental para objetivos electorales.
El caso de líderes como Donald Trump, Vladimir Putin, Miguel Díaz-Canel o Gustavo Petro muestran variantes de esta lógica: distintos regímenes, distintos sistemas, pero una misma tendencia a usar la administración pública como palanca para consolidar apoyo social. En algunos casos la represión y la manipulación de la información son las herramientas predominantes; en otros, la estrategia es más blanda: ofrecer beneficios, empleos y programas focalizados que, si bien aparentan respuesta social, tienen la principal función de construir lealtades electorales. Es en este último terreno donde se fragua una amenaza complicada, no se destruyen las instituciones por decreto, sino que se las coloniza gradualmente.
La contratación masiva de personal antes de períodos de restricciones legales (como la ley de garantías en Colombia) o el diseño de reformas públicas con un cálculo electoral detrás ilustran la práctica. Cuando una reforma de salud —o de educación, o de subsidios— prioriza el efecto político inmediato sobre la eficacia técnica y el bienestar real de la población, deja de ser política pública para convertirse en instrumento de poder. El ejemplo citado de una apuesta por la “medicina preventiva” que no atiende adecuadamente a los enfermos, pero sí asegura una red burocrática capaz de movilizar votos muestra el perverso cálculo: diseñar políticas que optimicen incentivos electorales más que resultados sanitarios.
El peligro para la democracia es doble. Primero, las políticas clientelares corroen la legitimidad del sistema: los ciudadanos perciben que el acceso a derechos depende de la cercanía con el poder y no de la institucionalidad. Segundo, la captura del Estado erosiona la alternancia real: si el aparato público funciona como una estructura de patronazgo, la competencia electoral se vuelve desigual y la oposición se debilita no por falta de ideas, sino por incapacidad material para competir.
Enfrentar esta convergencia entre poder estatal y populismo exige respuestas en varios frentes. Es necesario fortalecer las instituciones de control: contralorías, fiscales independientes, sistemas judiciales autónomos y órganos electorales con recursos y protección frente a presiones políticas. Pero no basta con controles formales; también se requieren mecanismos de transparencia y rendición de cuentas reales: acceso público a la contratación estatal, fiscalización ciudadana y medios de comunicación libres y plurales que puedan investigar sin censura. Además, la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales juegan un papel esencial como vigilancia y educación cívica.
Otra dimensión crucial es la reforma de los incentivos políticos: reglas más estrictas sobre la financiación de campañas, límites efectivos a la reelección y regulación estricta de los empleos públicos en periodos electorales pueden disminuir la capacidad del gobernante para usar el Estado como máquina de votos. Asimismo, políticas públicas diseñadas con evidencia técnica y evaluaciones independientes reducen el margen para transformarlas en dádivas electorales.
La historia muestra que la ambición por el poder no se va simplemente con el paso del tiempo; solo la vejez o la derrota política la contiene a veces. Si la democracia pretende sobrevivir y renovarse, es urgente desterrar la idea de que gobernar es sinónimo de perpetuarse. Gobiernos responsables priorizan el bienestar colectivo sobre la reproducción del mando. Recuperar esa distinción —y dotarla de instituciones y cultura que la protejan— es hoy uno de los desafíos más urgentes para nuestras democracias.
