Colombia ha sido durante décadas una paradoja en América Latina: un país atravesado por una violencia profunda que logró preservar un orden institucional democrático. Entre 1958 y 2022, los catorce gobiernos que ocuparon la Presidencia de la República compartieron una característica fundamental: el respeto por el Estado de derecho y la institucionalidad como regla básica del comportamiento republicano.
Esto no significa que Colombia haya sido una democracia perfecta. Pero lo cierto es que, mientras buena parte de América Latina era gobernada por dictaduras militaristas —de izquierda, como las de Juan Velasco Alvarado en Perú o Fidel Castro en Cuba; o de derecha, como las de Augusto Pinochet en Chile o Jorge Rafael Videla en Argentina—, en Colombia se mantuvo, en términos generales, un clima de convivencia democrática entre las distintas ramas del poder público.
Esa característica, que durante décadas distinguió al sistema político colombiano, parece haber entrado en un inquietante paréntesis desde el 7 de agosto de 2022, fecha en la que Gustavo Petro asumió la Presidencia. Desde entonces, el Ejecutivo ha tensionado de manera reiterada principios básicos del orden institucional: el respeto por la división de poderes, el equilibrio entre las ramas del poder público y la independencia de la justicia.
Basta recordar algunos hechos. El mismo día de su elección como presidente, Gustavo Petro pidió públicamente al entonces fiscal general de la nación poner en libertad a miembros del grupo Primera Línea que se encontraban en prisión preventiva por delitos como homicidio, tortura o porte ilegal de armas. Con ello desconoció un principio elemental del Estado de derecho: solo los jueces pueden decidir sobre la libertad de una persona. En Colombia, además, la Fiscalía General forma parte de la rama Judicial y sus fiscales son autónomos e independientes en sus decisiones, por lo que no reciben órdenes del Ejecutivo.
Los episodios de tensión con la judicatura continuaron cuando la Corte Suprema de Justicia deliberaba sobre la elección de una nueva fiscal general de la nación. En ese momento, el presidente Petro, a través de la red social X, alentó a sus seguidores a ejercer presión sobre los magistrados que se encontraban reunidos en el Palacio de Justicia. Lo que siguió fue una asonada que impidió durante horas la entrada y salida de magistrados y funcionarios del edificio.
Las fricciones con otras cortes tampoco han sido menores. Cada vez que una decisión judicial ha afectado su agenda política —ya sea mediante la declaratoria de inconstitucionalidad de una ley o la anulación de un decreto— la reacción presidencial ha sido descalificar públicamente a quienes adoptan esas decisiones. Magistrados han sido señalados como “oligarcas”, “fascistas” o incluso “nazis”. En mayo de 2024, el presidente calificó como “vagabundos y corruptos” a los magistrados del Consejo Nacional Electoral en medio de una investigación sobre la financiación de su campaña presidencial.
La relación con el Congreso tampoco ha estado exenta de tensiones. Más allá de los frecuentes insultos dirigidos contra congresistas, preocupa la insistente tentación del Gobierno de saltarse al órgano de representación política cuando este no respalda sus iniciativas. Cuando el Congreso negó una reforma laboral, el presidente propuso convocar una consulta popular. Cuando esa vía fue descartada, amenazó con la idea de una asamblea constituyente, que aún hoy figura entre las prioridades del Gobierno.
Las consecuencias de esta permanente confrontación institucional empiezan a reflejarse en indicadores objetivos. Según el Rule of Law Index del World Justice Project, en 2021 —último año antes del actual gobierno— Colombia ocupaba el puesto 86 entre 139 países evaluados en la calidad de su Estado de derecho. En 2025 el país descendió hasta la posición 95, perdiendo lugares frente a países como Benín, Perú o Tanzania.
Los inversionistas internacionales también toman nota. Desde 2022 la inversión extranjera directa ha caído cerca de un 33 %, entre otras razones por el deterioro de la seguridad jurídica.
La conclusión es simple: durante décadas Colombia fue vista como una isla institucional en una región marcada por golpes de Estado y autoritarismos. Hoy esa reputación comienza a erosionarse. Y cuando el respeto por las instituciones se debilita, lo que está en juego no es solo el prestigio internacional del país, sino la estabilidad misma de su democracia. Y cuando el Estado de derecho empieza a irse, lo verdaderamente decisivo es si una sociedad está dispuesta a defenderlo.
*Profesor de la Universidad Externado de Colombia.