Yo me siento profundamente orgulloso de ser antioqueño. No lo digo desde la soberbia, sino desde el reconocimiento a una cultura del esfuerzo que ha levantado este país a punta de trabajo, pujanza y una resiliencia que parece inagotable. Sin embargo, hoy ese orgullo está bajo fuego. Antioquia no es solo un departamento en el mapa; es un sentimiento y, sobre todo, un pueblo que se levanta con firmeza ante el asedio.
Lo que hemos vivido en las últimas semanas no es una coincidencia; es un ataque sistemático, premeditado y financiado desde las entrañas del poder. El objetivo es intentar arrodillar a la región que se ha convertido en el principal obstáculo para un proyecto nacional de caos y estancamiento.
Nada de lo que ocurre es casualidad; es un libreto escrito con sevicia. Primero, la narrativa de odio: un sector radical, encabezado por figuras como Iván Cepeda, lanza ataques feroces, tildándonos de ser la “cuna de la parapolítica, la narcoeconomía y el terrorismo de Estado”. Es un insulto miserable para millones de familias que han sido, precisamente, las principales víctimas de esa violencia que ellos hoy pretenden endosarnos por pura estrategia electoral.
Luego del insulto, vino la acción. Desde la madrugada del 16 de marzo, vimos cómo se materializaba una estrategia de desestabilización en el corazón de Medellín. Más de 500 personas de comunidades indígenas, traídas en 16 buses desde lugares como Tierralta, Córdoba, se instalaron en La Alpujarra. Lo más desgarrador no es la protesta en sí, sino la instrumentalización: niños, niñas y mujeres embarazadas, usados como escudos humanos para bloquear el funcionamiento de la Alcaldía, la Gobernación, el Concejo y hasta la rama judicial.
Al preguntarles a estas personas el motivo de su presencia, la respuesta es aterradora por su honestidad: “No sabemos por qué protestamos, solo estamos cumpliendo órdenes”. ¿Quién dio la orden? ¿Quién financió el traslado masivo de ciudadanos para sitiar las instituciones de Medellín? Es el mismo modus operandi de hace cuatro años, cuando incendiaron al país con las llamadas primeras líneas. Hoy, el blanco es Antioquia, porque somos el muro de contención contra el comunismo en Colombia.
Pero el velo se cayó. Lo que intentan vender como una protesta espontánea tiene todos los tintes de una operación logística con fines proselitistas. Resulta, cuando menos, sospechoso que el bloqueo a La Alpujarra coincida milimétricamente con la agenda política de Iván Cepeda en Medellín. Parece que la intención es aceitar la logística de un evento partidista, trayendo delegaciones que confiesan ante las cámaras desconocer sus propios motivos. Esta ‘minga’, usada hoy como bandera de presión, aparece también en los discursos de aliados del sector, como Alexander López Maya, quien ya canta a viva voz una “minga por la patria”. Las preguntas quedan en el aire, pero las miradas apuntan inevitablemente hacia quienes, desde Bogotá, mueven los hilos.
Nos han querido borrar del mapa. Dejaron tiradas las vías de cuarta generación, el túnel del Toyo, el acueducto de Urabá, el metro de la 80 y la expansión del aeropuerto José María Córdova. Pretenden asfixiarnos financieramente, pero se equivocan. Lo que a esos pocos les genera odio es que aquí se ve el progreso, se respira trabajo y se respeta la institucionalidad. Mientras ellos gobiernan desde el resentimiento, nosotros, desde las regiones, sacamos al país adelante.
Nuestra respuesta será más gestión y más seguridad. Mientras el Gobierno nacional premia criminales nombrándolos gestores de paz, nosotros trabajamos por reducir el homicidio y generar empleo de calidad. Que cese pronto la horrible noche. Colombia necesita un presidente que quiera a todas las regiones por igual; un líder que entienda que la unidad se construye sobre el respeto, no sobre el estigma.
A los que nos quieren ver derrotados, les decimos: Antioquia no se deja, no se rinde y, ante todo, no se arrodilla.
Si Antioquia resiste, Colombia se salva. Y resistiremos para salvar a Colombia.