En toda democracia, incluida la de Colombia, existe el derecho de los seres humanos a ser diferentes y esa realidad no le da derecho a ninguna persona, por importante que sea, a tratar como enemigos a los que no pertenezcan a sus credos políticos, religiosos o a sus estratos sociales.
Sin embargo, en la vida de los pueblos y en la historia de la democracia colombiana, no debemos confundir los derechos de las personas legales a ser diferentes con las actividades ilegales de algunos grupos armados, llámense guerrillas, paramilitares, narcotraficantes o delincuencia común. Estos, por principio, siempre tratan como enemigos a las personas que defendemos el derecho a convivir pacíficamente y a tener un Estado de paredes de cristal.
Volviendo al caso colombiano, considero que todos los candidatos y candidatas, tanto al Congreso como a la Presidencia de la República, tienen el deber constitucional de aportar al desarrollo de una cultura democrática, de tolerancia y de respeto al otro; de no tratarse como si fueran enemigos y menos olvidar que, una vez terminen las elecciones del próximo 8 de marzo y 31 de mayo, la vida continúa. Por lo tanto, si pensamos primero en Colombia y en su gente, debemos tratar de unirnos en la diferencia, de saber buscar los puntos que nos pueden unir y sobre todo defender, como gatos patas arriba, el derecho democrático y constitucional a la convivencia pacífica.
En ese orden de ideas, es un tema necesario y urgente a tratar en Colombia, en todo lo relacionado con los derechos universales democráticos de las personas, entre ellos reconocer y respetar el de ser diferentes. Ningún gobernante o persona con poderes políticos, sociales, económicos o religiosos tiene el derecho a descalificar o satanizar a los que no piensan o no se uniforman con sus mismos colores o intereses. La democracia no es una cuestión de conveniencia. No es que “viva la democracia si me conviene y conspiro contra ella si no me conviene”.
Sería de suma importancia que, más allá de nuestros gustos personales, políticos, sociales o económicos, comenzáramos a solicitar, después del próximo 9 de marzo, a cada uno de los candidatos o candidatas a la Presidencia de la República que nos informara sobre su experiencia y conocimiento a nivel público o privado para gobernar el país; informar cómo conciben ellos a Colombia como país de regiones; averiguar sobre la experiencia y capacidad para dirigir y para coordinar las acciones de gobierno, en especial para impulsar y estimular, en cada región y municipio de Colombia, una política de diálogo social, de presupuesto participativo y de rendición publica de cuentas.
Pero, ante todo, que las personas que aspiran a lograr nuestro voto para gobernar el país, manifiesten públicamente su compromiso democrático con definidos nortes éticos de cero tolerancia con la corrupción, el despilfarro, la violencia en todas sus modalidades y manifestaciones. Igualmente la cero tolerancia con las desigualdades sociales y con el hambre, con las contaminaciones ambientales, y con todos los avivatos que buscan siempre aprovecharse del Estado y lo miran como su “vaquita lechera”.
Invito a todas las personas a ejercer su derecho al voto y para que, por encima de nuestros colores políticos y sociales, no se cohoneste con la nefasta práctica de compra y venta de votos, y elijamos bien el próximo 31 de mayo.
