A finales de diciembre de 2025, cuando la nación se encontraba sumida en la calma festiva de las vacaciones, el Gobierno de Gustavo Petro promulgó un hito crucial en la historia de las telecomunicaciones en Colombia. Aquel acto, que muchos preferirían pasar por alto, marca el final de la participación del Estado en el mercado masivo de telecomunicaciones: la venta de su 32,5 % en Colombia Telecomunicaciones, conocida popularmente como Telefónica Colombia o Movistar.
Este giro de acontecimientos no surgió de la nada. Recordemos que en 2002, Telecom se hallaba al borde del abismo, reportando pérdidas descomunales por 470.000 millones de pesos, con un costo anual promedio por empleado de 73 millones. Tal situación la convertía en una empresa financieramente insostenible. Por decisión del Gobierno, Colombia Telecomunicaciones asumió la operación de los activos de Telecom que se le transfirieron al Patrimonio Autónomo de Activos y Pasivos de Telecomunicaciones (Parapat) tras su liquidación en 2003. Este proceso se formalizó mediante un contrato de arrendamiento que obligaba a la empresa a ceder el 95 % de sus utilidades operacionales, antes de depreciaciones.
Con la esperanza de asegurar su continuidad, se le adosaron a Colombia Telecomunicaciones activos de diversas teleasociadas rentables: Telecartagena, Telenariño, Telebucaramanga, Teletolima, entre otras. Así, Colombia Telecomunicaciones se vio encargada de operar estos activos para afrontar un pasivo pensional que, inicialmente estimado en 4 billones de pesos, se disparó a 5,6 billones tras sentencias judiciales que reconocían derechos adicionales de los trabajadores pensionados de Telecom.
El gerente de Parapat en aquel entonces, Javier Lastra, fue conocido por su controvertida gestión como presidente de Afinia bajo la alcaldía de Medellín de Daniel Quintero. A pesar de que Colombia Telecomunicaciones presentó utilidades operacionales de cerca de un billón de pesos en sus inicios, no tardó mucho en ver socavada su rentabilidad, lo que la llevó a buscar un aliado estratégico. Sin embargo, el contralor Antonio Hernández Gamarra advirtió sobre la ilegalidad de una transacción cerrada de venta a Telmex, lo que llevó a la reactivación del proceso, culminando en 2006 con la compra de aproximadamente el 54 % de las acciones por parte de Telefónica. El Estado retuvo el resto, con miras al futuro.
No obstante, la administración de Telefónica fue, en muchos sentidos, un desastre. A pesar de que no generaba pérdidas para sí misma como socia por recibir fees de administración, su gestión en Colombia Telecomunicaciones estuvo plagada de ineficiencias. No obstante, que el Gobierno ajustó la tarifa del arrendamiento a 400 mil millones de pesos, la falta de una estrategia sólida y los fallos administrativos erosionaron los márgenes de ganancia hasta llevar a la empresa al borde de la cesación de pagos en 2011.
En un giro aún más calamitoso, el Gobierno permitió la fusión con la operación móvil de Telefónica en Colombia, Movistar, un movimiento que terminó por convertir a la Nación en víctima de su propio error: se quedó con un 32,5 % de la nueva entidad, asumiendo, de paso, el abultado pasivo pensional que se elevó a 6 billones de pesos.
Así, tras dos décadas de decisiones equivocadas y la liquidación de Telecom en 2025, la Nación cargó con el monstruoso pasivo pensional de Telecom, esperando recibir un retorno irrisorio de apenas 200 mil millones por su participación. Este episodio es un claro reflejo de cómo una entidad mal administrada puede destruir su valor, mientras que los funcionarios públicos, en su letargo, parecen haber desatendido el sagrado deber de proteger el patrimonio de los colombianos.
