Lo que está ocurriendo con los Decretos 0019 y 0020 del 15 de enero de 2026 no es una reforma administrativa ni un ajuste técnico del Estado. Es una decisión de poder y una maniobra de vigilancia. Una que redefine quién controla la seguridad en Colombia, quién maneja la información sensible y en qué momento se hace. Y el momento no es neutro.
Leídos en conjunto, estos decretos dibujan un escenario preocupante. Se elimina la tercerización, se absorbe la seguridad privada especializada y se concentra en el Estado la protección y la información más íntima de miles de personas. Magistrados, jueces, congresistas, periodistas, empresarios, candidatos, líderes gremiales y funcionarios públicos quedan bajo una misma estructura. No porque confíen en el poder, sino porque el riesgo los obliga a estar protegidos.
El Decreto 0019 reorganiza la Unidad Nacional de Protección y centraliza funciones clave. El manejo de la información sensible queda en manos de áreas de tecnología, ciberseguridad y comunicaciones. Rutinas, desplazamientos, reuniones, contactos, evaluaciones de riesgo y contextos personales y políticos pasan a un solo circuito. Esa información no es neutra. Nunca lo ha sido. Es poder. Y aquí no existen muros reales que separen ese poder del gobierno de turno.
El Decreto 0020 termina de cerrar el cerco. Crea 6.870 nuevos cargos, todos bajo jerarquía directa del Estado. Pero hay un detalle que agrava todo y que no se puede pasar por alto. El decreto abre la puerta a la incorporación de personas muy jóvenes, entre 18 y 28 años, sin exigir experiencia previa en protección política ni manejo de escenarios de alto riesgo. En seguridad, eso no es inclusión. Es exposición.
La protección no es solo acompañar. Es decidir. Decidir rutas, horarios, niveles de alerta, reacciones frente a amenazas. Cuando esas decisiones quedan en manos de estructuras politizadas y sin experiencia suficiente, la seguridad se vuelve frágil. Y en ese escenario, quienes piensan distinto al Gobierno quedan completamente vulnerables, no solo frente al poder, sino frente a los criminales. ¿Por qué nadie está hablando de esto? ¿Por qué no se han hecho las denuncias correspondientes?
Hay algo más que no se dice lo suficiente. Cuando un esquema se debilita, se reduce o se administra mal, el protegido no queda expuesto al Estado; queda expuesto a los bandidos. A quienes esperan errores, vacíos y señales. En un país como Colombia, eso no es una hipótesis. Es una realidad conocida.
Todo esto ocurre además bajo una UNP dirigida por un exguerrillero del M-19 y en una entidad en la que, durante el Acuerdo de Paz en el gobierno de Juan Manuel Santos, exguerrilleros de los narcoterroristas de las Farc fueron incorporados a su estructura. Ese dato no se puede borrar del contexto y es una verdad que no se puede ocultar. Es un hecho político que pesa cuando se concentra tanto poder, tanta información y tanta seguridad en una sola mano.
Aquí es donde la comparación deja de ser incómoda y se vuelve obligatoria. El G2 cubano no nació persiguiendo abiertamente a la oposición. Nació centralizando la seguridad, concentrando información, controlando la vida cotidiana, sabiendo quién se reúne con quién, quién se mueve, quién piensa distinto. Primero fue la excusa de la protección del Estado. Después vino el control total.
En Venezuela ocurrió algo similar. La inteligencia se fortaleció bajo el argumento de la seguridad nacional y la estabilidad. Se centralizó la información, se mezcló seguridad con política y se normalizó que el poder supiera todo. No hizo falta cerrar medios de inmediato ni encarcelar a todos. Bastó con saber, vigilar y presionar. La intimidación no siempre es visible. A veces es silenciosa y administrativa.
Eso es lo que hace peligroso este rediseño en Colombia. No es un decreto aislado. Es un modelo. Un modelo en el que el poder se queda con la seguridad, con la información y con la capacidad de decidir quién está protegido y cómo. Cuando eso pasa, la protección deja de ser un servicio y se convierte en un arma política.
El debate no es la reintegración ni la vida civil. El debate es si una democracia puede permitirse que el mismo poder que gobierna administre la seguridad y la intimidad de quienes lo investigan, lo critican o lo enfrentan. La respuesta debería ser obvia.
No pretendo alarmar ni exagerar frente a algo tan grave. Pero sí pretendo alertar sobre lo que vendrá si la izquierda continúa en el poder. Hay que leer con rigurosidad los decretos que se emiten, mirar la historia regional y entender el país en el que vivimos. El riesgo no es solo para la oposición. Es para la democracia misma. Y ahí es donde está el punto de quiebre.
Muchos todavía creen que Colombia es inmune a los caminos de Cuba y Venezuela. Así pensaron ellos también. Ningún régimen autoritario aparece de un día para otro. Se construye paso a paso, normalizando el control y exigiendo silencio.
Aquí no estamos frente a un detalle menor. Estamos frente a una línea que se está cruzando. Cuando un tirano se adueña de tu seguridad, ya no te protege nadie; te vigilan y te someten.
