Kevin no murió por una bicicleta. Kevin murió porque el sistema de salud que debía protegerlo fue desmantelado, intervenido, asfixiado y convertido en un laboratorio político. Un niño con hemofilia, con tratamiento definido y controles estrictos, terminó sin el medicamento que lo mantenía con vida. Llevaba dos meses sin recibir las dosis esenciales que necesitaba para mantenerse estable. Dos meses sin su tratamiento. Dos meses en un país donde la salud es un derecho fundamental consagrado en la Constitución.
Aquí no estamos hablando de un error puntual de semanas, sino de meses de negligencia. La Nueva EPS lleva un año y diez meses intervenida por el Gobierno bajo la excusa de que el sistema no funcionaba, y se inventaron un decreto para avanzar en la llamada “reforma al sistema de salud” sin que el Congreso la haya aprobado, mientras el sistema se desfinancia, los hospitales colapsan y los pacientes deambulan buscando medicamentos que no aparecen.
Durante casi dos años, el Gobierno concentró el control, desplazó a quienes administraban el sistema, nombró interventores que están acusados de presuntamente hacer negocios con los recursos de la salud y prometió que todo mejoraría. Lo que vino fue escasez, deudas, farmacias vacías, tratamientos suspendidos y familias suplicando por lo básico. Kevin necesitaba un medicamento vital. No un favor. No una excepción. Un tratamiento que debía estar garantizado. Y no lo estuvo.
Lo más indignante no fue solo la falla, sino la miserable reacción. En lugar de asumir responsabilidad, el discurso oficial desvió la atención hacia la madre, hacia decisiones personales, hacia cualquier cosa que evitara mirar de frente la verdad. El Estado tenía el deber de garantizar ese tratamiento y no lo hizo. Punto.
Cuando el Gobierno interviene las EPS y las mantiene un año y diez meses bajo control directo, también asume la responsabilidad de cada desabastecimiento, de cada retraso, de cada vida que se pone en riesgo por falta de medicamentos. No pueden quedarse con el poder y lavarse las manos frente a las consecuencias. No pueden usar la salud como campo de batalla ideológico mientras los niños mueren esperando un fármaco.
Aquí hay que dejar claro que no estamos ante una simple negligencia administrativa. Estamos frente a una vulneración grave y sistemática del derecho a la salud. Y cuando un Estado, con pleno conocimiento de la crisis de desfinanciación y del desabastecimiento, no corrige, no garantiza, no responde, y esa omisión termina en muertes evitables, estamos ante algo mucho más profundo. Esto es de una gravedad tal que, en el marco del derecho internacional, conductas de esta naturaleza han sido consideradas crímenes de lesa humanidad. La negación sistemática de un derecho fundamental que afecta a la población civil, sabiendo el daño que produce, trasciende cualquier error técnico y entra en el terreno de la responsabilidad política y moral más grave.
La Corte Constitucional está en la obligación de pronunciarse. No puede continuar muda mientras la salud de los colombianos agoniza. Tiene que revisar lo que ha significado esta intervención prolongada, la asfixia financiera y el colapso en la entrega de medicamentos. Tiene que recordarle al Ejecutivo que la Constitución no es un discurso de campaña ni puede pisotearse según la conveniencia política; es un mandato obligatorio. La salud no es un experimento ni una revancha contra el modelo anterior. Es un derecho que se debe garantizar.
Kevin tenía siete años. Tenía un nombre, una historia, una familia que hizo todo lo que estuvo a su alcance para salvarlo. El Estado tenía la obligación de garantizarle su tratamiento y falló. Aquí hay una responsabilidad política directa que tiene nombres propios: Gustavo Petro, la hoy candidata al Senado por el Pacto Histórico y exministra de Salud, Carolina Corcho, a quien muchos señalan como la gran artífice y responsable de la asfixia económica del sistema, y su nefasto ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Si el Gobierno interviene en el sistema, también tiene que responder por lo que pasa bajo su intervención. Aquí no se puede tomar el control y después lavarse las manos. Deben darle la cara al país, responder ante la justicia y ante la historia.
