En Colombia, el salario mínimo dejó de ser una herramienta de política laboral y se convirtió en un instrumento electoral. El anuncio de un aumento del 23,7 % por decreto no es un acto de justicia social ni una victoria para los trabajadores; es una decisión temeraria, desconectada de la realidad productiva del país y cargada de cálculo político rumbo a las elecciones de 2026.
El Gobierno juega con discursos populistas mientras condena a las empresas —sobre todo a las pymes— a una asfixia insostenible. Porque detrás del aplauso fácil y la narrativa de ‘dignidad salarial’ hay una verdad incómoda que el petrismo prefiere ocultar: el salario no lo paga el Estado, lo paga el empleador. Y cuando el empleador no puede pagar, no hay empleo que proteger.
Los números no mienten. Un trabajador que devenga salario mínimo en 2026 le costará a la empresa cerca de 3 millones de pesos mensuales, una carga que representa casi 45 % adicional sobre el salario base entre seguridad social y prestaciones. Para una gran empresa puede ser manejable. Para una pyme, es la diferencia entre seguir abierta o cerrar.
El resultado es previsible y ya lo hemos visto antes: despidos, congelación de contrataciones, cierre de negocios y más informalidad. El trabajador que hoy aplaude el aumento puede terminar mañana sin empleo o empujado al rebusque. Hay que dejar algo muy claro. Esto no es justicia social, es una irresponsabilidad.
El Gobierno insiste en negar el impacto inflacionario. Petro incluso ha intentado convencer al país, en alocuciones presidenciales, de que subir el salario mínimo no encarece los alimentos, apoyándose en el IPP (Índice de Precios del Productor). Ese argumento no solo es engañoso, es técnicamente incorrecto.
El IPP no mide precios al consumidor. El indicador real del bolsillo del ciudadano es el IPC. Y los alimentos dependen de transporte, logística, bodegas, comercio y mano de obra, todos costos que se ajustan al salario mínimo. Además, el impacto no es inmediato. Históricamente se manifiesta entre enero y abril, cuando el mercado absorbe el shock. Negar ese efecto es vender humo mientras el ciudadano termina pagando la cuenta.
Aquí no hay técnica económica, hay populismo puro y duro. Un Gobierno que no logra crecer la economía ni generar empleo formal pretende compensar su fracaso repartiendo costos ajenos. El problema es que esos costos no los paga Petro, los pagan las empresas… y al final, los trabajadores.
Más grave aún es el mensaje político. Mientras se castiga al sector productivo con decretos improvisados, algunos empresarios se prestan para reuniones con Iván Cepeda, el candidato del proyecto político que ha demonizado históricamente al empresariado. La historia es clara y no admite romanticismos: los proyectos comunistas siempre han sido enemigos del sector privado. Usan a los empresarios cuando conviene y los atacan cuando estorban.
La Corte Constitucional tiene aquí una responsabilidad histórica. Este decreto debe ser tumbado no por capricho ideológico, sino porque desnaturaliza el salario mínimo, viola el principio de razonabilidad, ignora la capacidad real del aparato productivo y convierte una política pública en una herramienta de propaganda.
La Constitución protege el trabajo, sí, pero también protege la empresa, la libertad económica y el empleo formal. Un salario mínimo fijado sin criterio técnico, sin concertación real y con fines electorales, termina perjudicando al trabajador, al empleador y al país.
Cuando comiencen las quiebras, será tarde para discursos. Cuando suba la informalidad, será tarde para excusas. Y cuando el desempleo golpee de nuevo, el daño ya estará hecho.
Estamos advertidos. Esto es un experimento ideológico que puede destruir el tejido empresarial colombiano de raíz. Y como siempre ocurre con el populismo, quienes pagan el precio no son quienes firman el decreto, sino quienes viven del trabajo diario. La historia ya la vivieron en Venezuela.
