El estudio de los hechos pretéritos tiene sentido a pesar de que el futuro esta signado por la incertidumbre; en circunstancias parecidas es probable que se produzcan consecuencias que también lo son.
En las elecciones españolas de febrero de 1936, la coalición de izquierdas liderada por el partido comunista obtuvo la mayoría de los escaños parlamentarios. Los sectores de derecha impugnaron el resultado electoral y aceleraron los preparativos para una revuelta militar. Desde la orilla gubernamental se avanzó en el propósito de abolir la constitución de la Segunda República, a la que se calificaba como liberal y capitalista. En este ambiente de elevada pugnacidad, se produjeron numerosos crímenes políticos entre militantes de parte y parte, que tuvieron su clímax cuando agentes del gobierno asesinaron a José Calvo Sotelo, el jefe de la oposición. Ese fue el detonante de la guerra civil. Los españoles solo volvieron a hablar entre si después de un millón de muertos y del fallecimiento de Franco en 1975.
Existen semejanzas obvias entre estos eventos y la situación actual de nuestro país. Sin embargo, es remota la posibilidad de que, como sucedió en España, terminemos en una confrontación armada que gane la oposición. Otro es el temor que avizoro. El derrumbe de las instituciones del Estado, y la alteración profunda del modelo político y social para sustituirlo por otro, centrado en un incremento superlativo del poder presidencial, que permita superar el supuesto “bloqueo institucional”. El juego subyacente consiste en que Cepeda llegue al poder, para que, ya bajo una nueva constitución, pueda ser reelegido o Petro regresar. La fórmula es conocida. En 2008, Dmitri Medvédev fue elegido presidente de Rusia mediante una maroma que facilitó el regreso de Vladimir Putin en el periodo siguiente. Y ahí sigue “ad infinitum”.
En la España de los años treinta, voces se alzaron para aconsejar moderación y prudencia, entre ellas la de un dirigente socialista, Indalecio Prieto, quien poco antes del inicio de la hecatombe, pronuncio un enérgico discurso convocando a la paz y la convivencia. No fue escuchado.
“Lo que no puede soportar un país es la sangría constante del desorden público y de su propia vitalidad económica, manteniendo el desasosiego, la zozobra y la intranquilidad… De ese desasosiego, de esa zozobra y de esa intranquilidad no tarda en sufrir los efectos perniciosos la propia clase trabajadora, en virtud de trastornos y posibles colapsos de la economía…Si el desmán y el desorden se convierten en sistema permanente, por ahí no se va al socialismo, por ahí no se va tampoco a la consolidación de una república democrática, que yo creo nos interesa conservar”.
Mensajes como estos encontrarían oídos sordos en la dirigencia petrista; son contrarios a la estrategia de radicalización que se adelanta mediante la confrontación y el insulto a las instituciones, funcionarios y dirigentes que se oponen a sus proyectos; la deslegitimación del sistema electoral; el recurso a la movilización callejera amenazante, aunque, en teoría, “pacifica”; una audacia sin antecedentes en la interpretación de las normas jurídicas; y los conatos (que fallidos serán) de intimidación a los jueces. Nada de esto sorprende. Se trata de la conocida estrategia bolchevique de la “combinación de las formas de lucha”.
Todos estos factores confluyen en un objetivo central: la convocatoria a una Constituyente sin límites que establezca las reglas para la perpetuación del modelo estatista (estalinista) que Petro y Cepeda promueven.
En este contexto es preciso analizar el concepto petrista de “Estado social de derecho”, un concepto fundamental para entender el asedio al que se ha sometido al poder judicial. Estas son sus palabras: “El Estado de derecho es en el que los funcionarios cumplen normas, pero el Estado social de derecho es (sic) donde los funcionarios obedecen normas razonables que llevan a construir equidad y justicia social.”
La novedosa concepción que propone el presidente conduce a que las normas solo son obligatorias si son “razonables”, seguramente bajo el supuesto de que es atribución presidencial establecer su razonabilidad. El criterio universal es otro: todas las normas vigentes son obligatorias. Su razonabilidad, en una democracia, puede ser cuestionada ante el órgano que las expide o su superior jerárquico, los cuales las pueden modificar o derogar con amplia libertad; la decisión es política. Y ante los jueces si se les reprocha vicios de ilegalidad, cuestión estrictamente jurídica.
Las elucubraciones que nos llegan de ese líder planetario no son el inocuo producto de su recurrente delirio; expresan un objetivo revolucionario: “Cualquier ser humano que tenga tres dedos en la cabeza (sic) sabe qué pasa cuando las instituciones van contra el pueblo. Y no pasa sino una cosa: las instituciones se van”. Para eso es la constituyente que el gobierno promueve en las calles: ¡para que las instituciones se vayan!
No cabe duda de que el presidente ha tenido éxitos recientes que se reflejan en sus índices de popularidad. La reforma laboral fue aprobada porque el Congreso actuó intimidado ante la amenaza da una consulta popular. Era ostensible que la emergencia económica expedida a finales del año carecía de sustento. El gobierno lo tenía claro, pero la expidió apostando a que la Corte Constitucional no la suspendería (nunca había hecho uso de esa facultad), y que si finalmente la declarara contraria a la Constitución ya habría recaudado los impuestos que pretendía. No fue lo que sucedió, pero ese fracaso le sirvió, una vez más, para agraviar a ese Tribunal.
La nueva emergencia económica no podrá ser suspendida; las inundaciones en Córdoba son graves y sobrevinientes; en principio, configuran razón suficiente para esa medida de excepción. No importa que la carencia de recursos para afrontarla obedezca a acciones y omisiones del gobierno, y de que éste podría realizar traslados de unas partidas de gasto a otras para financiar esa tragedia. Si triunfa en su propósito y, como el dinero es fungible, podrá hacer los gastos que necesita para alimentar el proselitismo electoral, que es el objetivo que, en realidad, persigue. No obstante, el Congreso, al reunirse por derecho propio para examinar “la conveniencia y oportunidad” de las medidas adoptadas, goza de la potestad de deducir responsabilidad política al gobierno, y derogar o modificar las medias adoptadas por éste.
Aunque la querella judicial con relación al salario mínimo no ha finalizado, el éxito del gobierno ha sido abrumador. Preocupados por las consecuencias políticas de corto plazo, la mayoría de los dirigentes políticos y gremiales, que tanto habían criticado el fijado por el gobierno, sin explicar de manera adecuada su radical cambio de postura, dejaron sin respaldo al Consejo de Estado, es decir a la Justicia, es decir a la Constitución, es decir a los valores democráticos y liberales que profesamos. Esta cabriola ha suscitado hilaridad —y gratitud— en el petrismo.
Briznas poéticas. Martin Niemöller, un pastor protestante que inicialmente colaboró con los nazis, en este poema puso de presente la inutilidad de las acciones de apaciguamiento:
“Cuando los nazis vinieron a buscar a los comunistas,
guardé silencio,
porque yo no era comunista,
Cuando encarcelaron a los socialdemócratas,
guardé silencio,
porque yo no era socialdemócrata,
Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas,
no protesté,
porque yo no era sindicalista,
Cuando vinieron a buscar a los judíos,
no pronuncié palabra,
porque yo no era judío,
Cuando finalmente vinieron a buscarme a mí,
no había nadie más que pudiera protestar”.
